El kirchnerismo en Santa Cruz ha construido un régimen político a su medida.

Modificó dos veces la Constitución para asegurarse la reelección y luego la reelección indefinida, y organizó un sistema de diputados por pueblo de mayorías que liquida la representación proporcional. Esto le ha permitido obtener 20 diputados sobre 24, con poco más del 50% de los votos.

Cerró a la oposición los medios oficiales, sobre todo la televisión. Compró la mayor parte de los medios privados.

Reorganizó la Justicia con personal adicto. A esos efectos, amplió la cantidad de miembros del Tribunal Superior.

Mantiene intervenida, desde hace veinte años, la Caja de Servicios Sociales.

Maneja todo el dinero con una Caja central, mediante la anulación de la autonomía de los entes descentralizados; también maneja, en forma creciente, los fondos de los municipios.

Esta acumulación de poder le permite no rendir cuentas de sus actos y es así que se quedó con los mil millones de dólares de los famosos fondos de Santa Cruz.

Desde 2003, ha tumbado a dos gobernadores y a un intendente de Río Gallegos propios.

Todos los hechos represivos protagonizados por este poder absoluto están impunes, desde la golpiza a los caceroleros, la quema del auto de Adosac, las amenazas a opositores, la balacera contra los municipales, hasta el atropello de Varizat y tantos otros.

El kirchnerismo ha usado esta concentración de poder para enriquecerse y enriquecer a sus empresarios amigos. Ha desarrollado un esquema de entrega de los recursos naturales. Así tenemos un “boom” de inversiones mineras, que no dejan nada en la provincia, mientras miles de compañeros viven de contratos precarios con el Estado, bajo forma de cooperativas o “ayudas económicas”; o los monotributistas, que forman una capa social marginada sin derechos laborales ni jubilatorios, sin régimen de licencias. Los desocupados son miles. Ahora pretende también ir contra los derechos jubilatorios provinciales.

En dos años, los salarios provinciales han aumentado apenas un 18% contra un aumento del costo de vida del 30% como mínimo.

Han facilitado la depredación pesquera, han facilitado luego la prospección marina que terminó de aniquilar la fauna marina en el Golfo San Jorge. Han facilitado la contaminación ambiental de las mineras y de las petroleras a cambio de regalías bajísimas.

En Santa Cruz, domina un régimen de camarilla, pero con una peculiaridad: además de alimentar sus arcas con las comisiones que cobra por la entrega de los recursos naturales o por sobre facturación de las obras públicas, ha convertido en propiedad de ella la propiedad pública o fiscal. Es un régimen de camarilla patrimonializado, que se apoya en una alianza con el capital internacional minero, petrolero y contratista.

Fallo y complicidad

Todos los sucesores de Kirchner (y ahora Peralta) han desconocido los fallos judiciales y de la Corte que los intimaron a reponer en su cargo al procurador Sosa. Lo hace incluso frente a una Corte renovada por el kirchnerismo.

Pero la Corte es impotente para hacer valer su fallo, tal como lo acaba de reconocer Zaffaroni en declaraciones a la prensa. La Corte busca salvar su reputación y dejar que la justicia la haga otro. Los K tienen las espaldas seguras; la UCR, Carrió y Solanas han rechazado la posibilidad de una intervención federal y el llamado a elecciones en 90 días.

Argumentan que una intervención ‘victimizaría’ a los K y les daría recursos para ganar las elecciones sucesivas a la intervención. Los K ya han llamado a una movilización contra la Corte desde el programa “Fútbol para Todos”; Peralta, junto a K, va a hacer un acto el 8 de octubre en la provincia. La oposición a la intervención de la provincia ha sumado a todas las fracciones del PJ; desde el radical Costa hasta los dirigentes de la CTA (Lista 1) se han manifestado contra la intervención de la provincia… es decir en defensa de la continuidad de Peralta. En Santa Cruz es necesario, primero, desmantelar el régimen kirchnerista (su control de los gobiernos municipales -de los pueblos- y de los medios), investigar sus delitos económicos y convocar sobre la base de este desmantelamiento a una Asamblea Constituyente.

Los trabajadores

Un fracaso del fallo de la Corte significará un reforzamiento del régimen de camarilla patrimonial de los K. Este hecho significa un reforzamiento de la capacidad de ofensiva de ellos para imponer la prórroga de los contratos de Repsol, el ataque a los derechos jubilatorios de nuestra Caja, la continuidad de la intervención a la Caja de Servicios Sociales; una mayor entrega a las mineras; la clausura de la posibilidad de que se reabran las paritarias.

Esto es lo que está en juego, para los trabajadores, alrededor de la crisis desatada por el fallo de la Corte.

Llamamos a discutir a fondo la orientación que debemos darnos los trabajadores.

Terminemos con el régimen kirchnerista.