Por duplicar el promedio de ac­cidentes de su rama, la mina de Río Turbio fue incluida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en la lista de las llamadas “empresas testigo”. Carlos Rodrí­guez, gerente general de esa de­pendencia, reveló que actualmen­te “hay 2.800 empresas en el lista­do de empresas testigo, porque tienen accidentes laborales muy por encima del promedio del sec­tor” (Clarín, 24/6). “De esas 2.800, hay 400 que en los últimos tres años no bajaron su siniestralidad laboral, a pesar de que deben cumplir con un plan de preven­ción” (ídem ¿Fue necesario que murieran 14 mineros en el Turbio para que se supiera que hay otros 2.800 “río turbios" más en todo el país?

El crecimiento del número y la gravedad de accidentes labora­les es la directa consecuencia de la privatización del “riesgo labo­rar, que desligó a las patronales de toda responsabilidad en la indemnización de los accidentes. Así se bajaron, dicen, los “costos laborales”. Así subieron los accidentes y las muertes obreras. Se­gún los últimos datos, crecieron un 20# en el 2003, por sobre los elevados niveles de los años ante­riores. El “costo” de la reactiva­ción capitalista no sólo fueron los salarios devaluados y la continui­dad de la desocupación; fueron también las muertes y las mutila­ciones obreras.

¿Qué hicieron los “nacionales y populares” ante la masacre en curso? ¿Qué hizo la burocracia sindical? Lo mismo que en Río Turbio. Nada.

Para frenar la masacre, el Partido Obrero plantea:

Inmediata derogación del régi­men de las ART. Expropiación de las aseguradoras.

Que comisiones obreras, electas en asamblea, verifiquen el estric­to cumplimiento de las condicio­nes de seguridad e higiene. Pago total y completo de los salarios y de todos los beneficios sociales a sus trabajadores durante la verifi­cación.

Control obrero de las condicio­nes de seguridad e higiene en to­das las empresas.