Políticas

25/7/1995|457

¡Hay que abrir las cuentas del Estado y de los capitalistas!

Los trabajadores de Córdoba sufrirán una enorme confiscación salarial para pagar una deuda que no han contraido ellos, y que nadie sabe a cuanto asciende ni como se compone.


En su discurso de asunción, Mestre anunció una deuda de 1.200 millones de pesos ¡más del doble de la reconocida por Angeloz antes! La Bolsa de Comercio, por su parte, estima que supera los 1.700 millones, un 50% mayor que la reconocida por Mestre.


Jorge Caminotti, ministro de Angeloz, contabilizaba deudas financieras por 392 millones; Mestre por 570 millones. Mestre informa que los 1.200 millones incluyen las deudas de los bancos provinciales, pero ésto no explica la duplicación del déficit porque el banco le debe a la provincia 391 millones por los depósitos en cuenta corriente y de “las deudas del banco de Córdoba y del Social afrontadas por la administración central” (La Voz del interior, 12/7) ... es decir, utilizando los fondos destinados al pago de salarios y jubilaciones.


Los legisladores de oposición denunciaron que fueron obligados a votar las “modificaciones”  a la Ley de Emergencia de apuro y casi sin conocer el texto definitivo. Según estos legisladores, en los números que presentó Mestre “faltan precisiones e informaciones”, “se desconoce cual es la cantidad de empleados que tiene la provincia”, “no se informa sobre el monto de la deuda de la provincia con los bancos provinciales” y se ocultan “la deuda flotante de la provincia y los avales que se han otorgado” (La Voz del Interior, 14/7). Toda una “conspiración del silencio”.


¡Y además lo que ya se conoce! Las estafas en Epec, cuya investigación le costó la vida a Regino Maders; el vaciamiento del Banco Social, que llevó tras las rejas a Jaime Pompas, “hombre de confianza” de Angeloz y “capo” ; de las estafas contra el Banco de la Provincia. Su Comisión Interna denuncia que se otorgaron préstamos por más de 90 millones de dólares a un conjunto de bancos quebrados (Feigin, Austral, Extrader,  BID, etc.), todos los cuales son socios de la Fundación Mediterránea ... Cada una de estas estafas, claro, está incluida en la “factura” que presenta Mestre.


Según La Voz del Interior, “la sociedad creyó rápidamente las cuentas que presentó Mestre”. Las razones son evidentes. Las “cuentas de Mestre” le permiten a los grandes capitalistas y banqueros cargar todas las deudas en la cuenta que van a pagar los trabajadores.


¡Y esto no es todo!


El gobierno de Mestre recibió de la Legislatura “carta blanca” para manejar el bono. ¡Cuanto más rápida sea la emisión del bono, mayor será la “oferta” de los trabajadores que quieran cambiarlos y, por lo tanto, mayor su desvalorización. Los manejos que puede emprender el gobierno para desvalorizar el bono, o para valorizarlo —cuando lo tengan en su poder los capitalistas—  son incontables.


Hay más. En una oportunidad en que el gobernador explicó su negativa a privatizar el Banco de Córdoba con el argumento de que no solucionaría la deuda provincial porque los préstamos del Banco Mundial sólo podrían destinarse a pagar las deudas del banco, la respuesta que le dio “una fuente calificada del ministerio de Economía” da una idea de las tropelías que se preparan si Mestre accede a entregarle el banco a Cavallo y al Banco Mundial. “El dinero -dijo- es un bien fungible (que se consume con su uso) ... Ese funcionario argumentó que ello es así porque la auditoría sobre el destino de esos fondos está a cargo del gobierno nacional” (La Voz del Interior, 7/7). En otras palabras, si entrega el banco, tiene las manos libres para saquear la provincia con la “cobertura” de Cavallo.


A esta altura de la enumeración de chanchullos, está claro que el conjunto de la deuda presentada por Mestre es una estafa y una conspiración capitalista contra los trabajadores. La apertura de los libros contables del Estado provincial, de los bancos y de las empresas públicas de la provincia para que los trabajadores investiguen dónde han ido a parar los fondos, quienes son los grandes deudores de los bancos, quienes evaden los impuestos y quienes son los responsables del vaciamiento provincial no es, tan sólo, una medida de salud pública. Es, por sobre todo, un arma de autodefensa de los trabajadores contra la pretensión de los capitalistas de descargar la crisis sobre  las espaldas del pueblo.