A comienzos de diciembre de 2001, la Cta estaba culminando su campaña de firmas por el “seguro de empleo y formación de 380 pesos”. La bancarrota capitalista, de todos modos, ya estaba dando cuenta del gobierno aliancista y la miseria social arrasaba la vida de las masas. En ese cuadro, una reunión de presidentes de bloque de la Legislatura porteña acordó una sesión especial para discutir varios proyectos vinculados a la situación de los trabajadores y desocupados de la ciudad. Entre ellos, el de salario mínimo de Jorge Altamira, y otro que establecía el “seguro de empleo y formación” al menos para la ciudad de Buenos Aires. La sesión jamás llegó a realizarse porque fue boicoteada. ¿Por quién? Por la Alianza, y, en primer lugar, por los propios legisladores afines a Ibarra.

Casi dos años después de ese episodio, la consultora Equis señala que la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la ciudad aumentó de 90 a 180 veces. A su turno, el número de desocupados creció de 150.000 a 250.000. En el medio, Ibarra “cerró” las cuentas del presupuesto porteño congelando los salarios estatales, es decir, reduciéndolos en un 40%. Hoy, los delegados estatales de los hospitales y otras reparticiones –la mayoría de ellos afiliados a Ate– están reclamando los 200 pesos de aumento que han recibido los privados. Ibarra no los recibe.

Pero es a este mismo Ibarra que bajó el salario y que boicoteó el seguro de “empleo y formación” en la ciudad que Claudio Lozano, economista y dirigente de la Cta, le ha dado su apoyo, al integrarse a la lista oficial de la “Fuerza Porteña”. Al sostener a Ibarra, Lozano ha borrado con el codo todo lo escrito en materia de “shock redistributivo” y “políticas sociales”.

En la lista “alternativa” a la de Lozano, la candidatura de Ibarra está caucionada por un dirigente de trayectoria combativa: Miguel Bonasso. Durante el acto del 24 de marzo, tuve oportunidad de conversar con él respecto del desalojo del ex Padelai. Me manifestó su repudio, en particular, al “seudoprogresismo que termina llevando adelante políticas de ajuste”. Naturalmente que no se refería a Duhalde, sino a Aníbal Ibarra. En Página/12 del 12 de mayo, volvió a criticar “la pasividad del jefe de Gobierno de la Ciudad” frente al desalojo del ex Patronato. Ya en ese momento, Bonasso había sido gaseado y reprimido frente a la fábrica Brukman. Y días más tarde, Aníbal Ibarra ratificaba, por enésima vez, su negativa a expropiar esta fábrica y entregarla a la gestión obrera.

Bonasso, sin embargo, cauciona la candidatura de Ibarra-Telerman, para sumar votos a la cabeza de la lista oficial (de Lozano, Juliana Marino y La Porta) y sembrar confusión política. Naturalmente que el apoyo a un candidato del ajuste y la expulsión de vecinos de la ciudad no califica sólo al “ajustador”, sino, fundamentalmente, a quien lo apoya. Con el espaldarazo a Ibarra, Bonasso y Lozano se han burlado de quienes, en la ciudad, batallan por el salario, por la gestión obrera y contra la represión.

Si ellos han jugado su nombre en “bloque” al lado del de Ibarra, los trabajadores estatales y delegados de Ate y los activistas democráticos deben hacer lo mismo: es decir, rechazar en bloque a los “sublemas” de Ibarra.