Desde que Duhalde privatizó Obras Sanitarias, en julio de 1999, y el monopolio Azurix asumió la concesión, la situación de 2 millones y medio de habitantes bonaerenses ha sido un calvario.

En Bahía Blanca, 200 mil vecinos recibían agua turbia, no potable, con químicos y algas. En Pehuajó y Carlos Casares, el agua contiene sustancias nocivas o directamente no llega. En diferentes partidos (General Villegas, Berisso, Florencio Varela, etc.) el servicio se corta cada dos por tres. En La Plata, “la empresa no cumple con el 70% del servicio”, según un concejal del PJ.

Hubieron manifestaciones y concentraciones de protesta. En enero, Ruckauf amenazó con anular el contrato –y hasta amagó con citar a sesión extraordinaria de la Legislatura– pero rápidamente se echó para atrás. Al final se contentó con que “la empresa se comprometa públicamente a cumplir con un plan de inversiones” (La Nación, 19/1).

¿Qué había pasado? Que “la embajada estadounidense le transmitió informalmente a Ruckauf su preocupación por la controversia y expresó su deseo de que se llegue a un acuerdo con la empresa de su país” (Página/12, 16/1). Azurix es una empresa del pulpo Enron. La mayoría aliancista en la Legislatura también pateó para afuera, reclamando_ que Ruckauf asuma “su responsabilidad”.

En el contrato de concesión por 30 años (!), Azurix se comprometía a extender el agua potable y las cloacas a centenares de miles de nuevos usuarios. En lugar de eso, deterioró a niveles inconcebibles el servicio. Sí modernizó el cobro de tarifas, enviando boletas incluso a aquellos vecinos que no reciben el servicio. “En cuanto a los casos de lotes baldíos que se encuentran dentro de zonas de concesión, el contrato habilita el cobro pese a que no exista conexión”, declaró el gerente de Azurix (La Nación, 20/1). ¡Hay vecinos amenazados de ejecuciones judiciales por no pagar las boletas de un servicio que no reciben!

Un juez determinó que Azurix no podrá cobrar un servicio que no presta y obligó a la empresa a proveer en forma gratuita agua potable a los sectores que no la recibían. Pero el monopolio apeló el fallo y la Cámara le dio la razón.

Chantaje y negociado

Ahora, Azurix amenaza (Clarín, 7/9) con que “en un plazo de 120 días rescindirá unilateralmente el contrato de concesión”, y reclama al Estado provincial una “indemnización superior a los 600 millones de dólares”. Pretende que le devuelvan los 438 millones del canon y otros 200 millones por “lucro cesante”.

Azurix-Enron pretende un aumento tarifario, a pesar de que el contrato no lo permite “antes del primer quinquenio de concesión” (El Cronista, 5/9). Azurix “ya solicitó, hace unos 6 meses, un arbitraje internacional en la Ciadi, organismo competente para intervenir en todo convenio argentino-norteamericano” (La Nación, 7/9).

El pueblo trabajador de las barriadas está siendo esquilmado económicamente, amenazado de nuevos tarifazos y sometido a las mayores penurias.

El PO plantea:

• * Liquidar la concesión a Azurix, sin ningún tipo de indemnización. Que la Enron responda con su patrimonio a las indemnizaciones que debe pagar al Estado provincial y a los usuarios por su servicio deficitario.
• * Que Obras Sanitarias se provincialice, bajo control de sus trabajadores y de los vecinos. Estatización también de Aguas Argentinas y formación de una empresa única provincial de obras sanitarias.
• * Plan de Obras Públicas para llevar el agua y las cloacas a todos los barrios de la provincia.
• * Congelamiento de las tarifas. No cobro de tarifas a los desocupados y jubilados.
• * Que se vayan los entregadores. Asamblea Constituyente soberana para poner en marcha este plan.