13/09/2001 | 721

Hay que expropiar a Azurix-Enron

Desde que Duhalde privatizó Obras Sanitarias, en julio de 1999, y el monopolio Azurix asumió la concesión, la situación de 2 millones y medio de habitantes bonaerenses ha sido un calvario.


En Bahía Blanca, 200 mil vecinos recibían agua turbia, no potable, con químicos y algas. En Pehuajó y Carlos Casares, el agua contiene sustancias nocivas o directamente no llega. En diferentes partidos (General Villegas, Berisso, Florencio Varela, etc.) el servicio se corta cada dos por tres. En La Plata, «la empresa no cumple con el 70% del servicio», según un concejal del PJ.


Hubieron manifestaciones y concentraciones de protesta. En enero, Ruckauf amenazó con anular el contrato –y hasta amagó con citar a sesión extraordinaria de la Legislatura– pero rápidamente se echó para atrás. Al final se contentó con que «la empresa se comprometa públicamente a cumplir con un plan de inversiones» (La Nación, 19/1).


¿Qué había pasado? Que «la embajada estadounidense le transmitió informalmente a Ruckauf su preocupación por la controversia y expresó su deseo de que se llegue a un acuerdo con la empresa de su país» (Página/12, 16/1). Azurix es una empresa del pulpo Enron. La mayoría aliancista en la Legislatura también pateó para afuera, reclamando_ que Ruckauf asuma «su responsabilidad».


En el contrato de concesión por 30 años (!), Azurix se comprometía a extender el agua potable y las cloacas a centenares de miles de nuevos usuarios. En lugar de eso, deterioró a niveles inconcebibles el servicio. Sí modernizó el cobro de tarifas, enviando boletas incluso a aquellos vecinos que no reciben el servicio. «En cuanto a los casos de lotes baldíos que se encuentran dentro de zonas de concesión, el contrato habilita el cobro pese a que no exista conexión», declaró el gerente de Azurix (La Nación, 20/1). ¡Hay vecinos amenazados de ejecuciones judiciales por no pagar las boletas de un servicio que no reciben!


Un juez determinó que Azurix no podrá cobrar un servicio que no presta y obligó a la empresa a proveer en forma gratuita agua potable a los sectores que no la recibían. Pero el monopolio apeló el fallo y la Cámara le dio la razón.


Chantaje y negociado


Ahora, Azurix amenaza (Clarín, 7/9) con que «en un plazo de 120 días rescindirá unilateralmente el contrato de concesión», y reclama al Estado provincial una «indemnización superior a los 600 millones de dólares». Pretende que le devuelvan los 438 millones del canon y otros 200 millones por «lucro cesante».


Azurix-Enron pretende un aumento tarifario, a pesar de que el contrato no lo permite «antes del primer quinquenio de concesión» (El Cronista, 5/9). Azurix «ya solicitó, hace unos 6 meses, un arbitraje internacional en la Ciadi, organismo competente para intervenir en todo convenio argentino-norteamericano» (La Nación, 7/9).


El pueblo trabajador de las barriadas está siendo esquilmado económicamente, amenazado de nuevos tarifazos y sometido a las mayores penurias.


El PO plantea:


  • * Liquidar la concesión a Azurix, sin ningún tipo de indemnización. Que la Enron responda con su patrimonio a las indemnizaciones que debe pagar al Estado provincial y a los usuarios por su servicio deficitario.
  • * Que Obras Sanitarias se provincialice, bajo control de sus trabajadores y de los vecinos. Estatización también de Aguas Argentinas y formación de una empresa única provincial de obras sanitarias.
  • * Plan de Obras Públicas para llevar el agua y las cloacas a todos los barrios de la provincia.
  • * Congelamiento de las tarifas. No cobro de tarifas a los desocupados y jubilados.
  • * Que se vayan los entregadores. Asamblea Constituyente soberana para poner en marcha este plan.

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