08/02/2001 | 696

Hay que renacionalizar trenes y subtes

Bajo control obrero

La audiencia pública convocada por el Gobierno de la Ciudad para debatir los tarifazos en el transporte se convirtió en un verdadero juicio contra las privatizaciones y el régimen trucho de audiencia pública, que no es «resolutivo» ni «vinculante». Como lo caracterizó con descaro Néstor Vicente, titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad, «sirve como un canal de desahogo de la bronca ciudadana».


Trabajadores, profesionales, especialistas ferroviarios y usuarios derrumbaron, a lo largo de dos días de sesión, todos los «argumentos» de los pulpos privatizados y del gobierno para justificar el aumento de tarifas.


En el caso de los colectivos, se sostuvo que la causa fundamental de la crisis del autotransporte y la violenta caída de la cantidad de pasajeros transportados en el curso de los últimos tres años. También se señalaron los recurrentes aumentos en el precio del gas oil.


A través del aumento de tarifas, el Estado descarga los superbeneficios de esos pulpos y la mayor ociosidad del autotransporte (resultado del desempleo y la miseria general) en los bolsillos de los usuarios.


En relación a los ferrocarriles y subtes, el aumento está destinado a que el Estado ejecute las inversiones previstas en las renegociaciones de los contratos que suscribió el gobierno menemista en 1999, y que constituyen una escandalosa transferencia de responsabilidades de inversión desde los concesionarios hacia el Estado. De este modo, las inversiones no se harán con los beneficios acumulados por los concesionarios, sino con la mayor tarifa que paguen los usuarios. Pero aun bajo esta variante, el concesionario está eximido de las inversiones centrales. El caso del subte es elocuente: el concesionario *Metrovías— se ocupa del «servicio» (y del beneficio asegurado por concesión), mientras que las expansiones de la línea están a cargo de la sociedad estatal «residual» (sic) Subterráneos de Buenos Aires. Como explicó Sergio Villamil, del Partido Obrero, durante la audiencia: «Si el concesionario es una mera ventanilla recaudadora, y el Estado y los usuarios tienen que bancar las inversiones: entonces, ¿para qué queremos a los concesionarios? Hay que anular las privatizaciones y renacionalizar los trenes y subtes».


Los funcionarios justificaron el aumento de trenes y subtes en que sus tarifas «no debían quedar desfasadas de las del boleto de colectivo». Es decir que el gobierno organiza la concertación monopólica de tarifas entre los diferentes medios de transporte, con el agravante de que las concesiones de trenes y subtes están en manos de un «pool» (Cometrans) integrado por las más grandes líneas de colectivos…


Ante el vendaval de críticas y denuncias sobre el servicio de transporte, los funcionarios reiteraron el carácter «no vinculante» de la audiencia» y la «falta de incumbencia» del Estado porteño en la cuestión de las tarifas de transporte. Ello no impidió que el subsecretario de Transportes del gobierno porteño abriera audiencia justificando el tarifazo nacional. Es decir que, si tuviera «incumbencia», el gobierno de Ibarra habría obrado con igual sentido antipopular que el gobierno nacional.


El Partido Obrero, adentro y afuera


«Los monopolios del transporte preparan una «racionalización» reaccionaria, que implicará mayor concentración, cierre de líneas, despido de choferes y reducción de frecuencias. Somos partidarios de una racionalización, sí, pero trazada a partir de los intereses de los trabajadores. Ello implica sustraerle el monopolio del transporte a los pulpos capitalistas.» Cinco compañeros del PO desarrollaron, bajo diferentes ángulos, las posiciones del PO en el curso de la audiencia pública.


Al terminar la primera jornada de audiencia, el PO de Capital «cortó» Corrientes y ganó la calle para denunciar el tarifazo.


Dentro y fuera de la audiencia, luchamos contra el régimen del tarifazo y su «participacionismo» trucho, dirigido a disimular su esencia antiobrera.