La ley de superpoderes es un golpe monumental contra todo el pueblo sublevado.

Liquida la intangibilidad de los depósitos y anuncia la confiscación de los pequeños ahorros. Fue lo que Remes Lenicov confirmó el miércoles 9, cuando dijo "que la plata no está" y que sería devuelta entre marzo del 2003 y setiembre del 2005!

Mucho peor que el "plan Bonex". Afecta, además, no a los 4.800 millones que estaban en los bancos en 1990, sino a la friolera de 60.000 millones de dólares.

Esta confiscación le permitirá proceder a licuar la deuda de 35.000 millones de dólares que los grandes pulpos tienen con esos mismos bancos. Los pulpos petroleros ya no deberán sufrir un impuesto a las exportaciones, porque Duhalde se los canjeó por un "adelanto" de impuestos.

Los superpoderes prohíben la indexación de los salarios, pero autorizan la de los alquileres y la remarcación de los precios. El Ministerio de Trabajo ha ratificado el derecho de las empresas a despedir, cuando aleguen razones de "reestructuración", algo que será harto frecuente en las condiciones de la crisis. Los trabajadores en negro y los informales seguirán siendo golpeados por la obligada "bancarización" de los negocios.

A la ofensiva institucional del capitalismo contra los trabajadores, hay que agregarle la que va "por izquierda", o sea la especulación, el acaparamiento, el sabotaje y la desorganización económica. Faltan medicamentos. Las obras sociales y las prepagas no cumplen con sus compromisos.

Un factor fundamental de desintegración social lo representa la violenta lucha que enfrenta a los intereses norteamericanos con los europeos; la descarada ingerencia de sus gobiernos; la libertad que conservan para manejar la economía a su arbitrio.

El arbitraje de Duhalde entre estos intereses naufraga de hora en hora. La inconsistencia de la política oficial es indisimulable. El resultado de este fracaso deberá llevar a una devaluación monstruo y a una hiperinflación relámpago.

Las cosas están, entonces, para el pueblo, mucho peor que bajo De la Rúa o Rodríguez Saá. Esto es así, aunque los Daer, Moyano y De Gennaro se esmeren en apoyar al gobierno de Duhalde-Alfonsín-Ibarra.

Hay que volver a la calle. El pueblo, en realidad, ya lo ha hecho. En especial los trabajadores y los piqueteros, seguidos por la clase media que lucha con caceloras, barricadas y, por sobre todo, marchas a Plaza de Mayo.

Huelga general.

Hay una salida: que la crisis la paguen los grandes capitalistas.

Desconocimiento de la deuda externa usurera.

Nacionalización de la banca.

Control obrero.

Salario mínimo de 600 dólares, ajustables. Seguro al desocupado de 500 dólares, ajustables. Disponibilidad de todos los ahorros inferiores a los 100.000 dólares.

Por una reorganización del país sobre nuevas bases sociales.

Para triunfar, la movilización popular debe crecer en sus métodos y objetivos políticos. Es necesario seguir el ejemplo de los numerosos barrios que ya han puesto en pie Asambleas Populares, en calidad de órganos de la soberanía popular y de instrumentos de lucha.

El gobierno de los Duhalde, Alfonsín, Terragno e Ibarra, nació agotado. Está superado en su política, programa, personal político y estrategia, por la profundidad de la crisis. Su permanencia es un factor de descalabro social.

Fuera el gobierno peronista-aliancista del FMI, de la "patria capitalista" y del Tesoro yanqui.

Por una Asamblea Constituyente libre y soberana, en la nación, provincias y municipios, para reorganizar al país en función de los trabajadores.