La Bicameral que trató el Decreto de Necesidad y Urgencia de ART se transformó en un torneo de hipocresía política. En ella se celebró la convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar una ley idénticamente antiobrera que el DNU que bloquea el acceso a la Justicia de los trabajadores accidentados o víctimas de enfermedades laborales.

La Bicameral que debía aprobar o rechazar el DNU funcionó “abstractamente”, porque se reunió cuando ya estaba convocada la Cámara de Diputados a extraordinarias para tratar la media sanción del Senado. Pero la importancia política de la reunión fue enorme. Para empezar, las extraordinarias son posibles por otro salvataje de Sergio Massa a Macri: comprometió sus votos favorables al igual que el Bloque Justicialista de Bossio y los ex radicales K de Santiago del Estero. Otra vez las fracciones del peronismo y los gobernadores del ajuste, hacen pasar la política patronal del macrismo.

En la Bicameral se podría haber rechazado el DNU, de manera tal que el tratamiento de la ley arrancara con una derrota política del gobierno. Las condiciones estaban dadas porque Cambiemos tiene sólo seis miembros, hay dos del FR de Massa y ocho del FPV que tiene la presidencia.

Sin embargo, ganó Macri. Cuatro de los cinco Senadores del FPV se negaron a firmar el rechazo, después de largas peroratas constitucionales sobre la ilegitimidad del DNU. Un acto de delincuencia política, porque cuatro horas después se negarían a rechazarlo, creando el campo de “seguridad jurídica” a la Unión Industrial: atravesar la discusión con el DNU firme.

En el debate previo, la CGT, invitado central, estuvo ausente sin aviso. Por las organizaciones obreras intervinieron Yasky y un delegado de Pablo Micheli por sendas CTA y Alejandro Crespo del Sutna, Víctor Grosi del Sitraic y David Carballo, delegado de la línea B del subte, de la Coordinadora Sindical Clasista-PO.

Las intervenciones del clasismo, invitado por el PO, fueron demoledoras, porque partieron de la propia lucha y experiencia de clase. Crespo explicando la estafa de la inexistencia de enfermedades laborales en la Argentina, que en el mundo son un 38% y aquí 2%, negadas por las ART y las patronales con amparo de todos los gobiernos desde Menem a la fecha. Grosi marcando la trilogía Estado-patronal-Uocra en las “200 muertes obreras evitables” por año y Carballo explicando que la ofensiva de “productividad” de Metrovías, la socia de los Kirchner y los Macri, es la madre de las cinco muertes obreras en los últimos seis años en el subte.

Las asociaciones de abogados acreditaron la inconstitucionalidad de todo el régimen de las ART, hermanas gemelas de las AFJPs y no atacaron el DNU por su forma sino por su contenido.

Pero a Abal Medina y Cía, al igual que a los “socialdemócratas” de la UCR y sus amigos del PRO, no les entran balas, son la Unión Industrial. Ya Cristina eliminó la “doble vía”, administrativa y judicial ante el aplauso de pie de la UIA y la Cámara Argentina de la Construcción de los Lázaro Báez, los Odebrecht y los Techint.

Nosotros iniciamos lo que será una lucha política parlamentaria de fondo, de clase, para contribuir a una conciencia política socialista en el movimiento obrero. Marcamos que no estamos ante la industria del juicio sino ante la industria del accidente de trabajo. Asociamos el DNU-Ley como gemelo de una nueva generación de Reforma Laboral que encabeza el convenio negrero de Vaca Muerta y en la que se inscribe el cierre trucho y flexibilizador de AGR Clarín. Denunciamos el toyotismo en marcha en la industria automotriz, padre de una escalada de enfermedad laboral.

Las ART ganaron 1500 millones de pesos en el último año, aunque eso encubre ganancias adicionales por sobrefacturación de los monopolios de la salud privada. Las ART de la muerte, son 9 compañías financieras que manejan un mercado cautivo de 10 millones de trabajadores y donde cada servicio no brindado, cada enfermedad no reconocida y cada lesión o muerte abaratada, pasa a engrosar ganancias legítimas de balances de bolsa. Las impugnamos y desarrollaremos en dictamen de minoría un principio de seguridad social estatal bajo gestión de los trabajadores mediante un directorio electo por ellos mismos, financiado por aporte patronal integral.

Sentamos también, en cada intervención, el principio del control obrero soberano de higiene y seguridad, mediante comisiones electas en los lugares de trabajo, coincidan o no con los cuerpos gremiales, pero con prerrogativas para basar en la acción sindical directa la defensa de la salud y la vida.

Nos basamos en un principio que parte del desarrollo de las fuerzas productivas y tecnológico alcanzados, antagónicos con el manejo despótico del capital: “no hay tarea insalubre, sino condiciones insalubres de una tarea determinada”. Impulsamos este debate en todo el movimiento obrero.