28/06/2001 | 712

Historia y fracaso de una provocación

Por el Juzgado Federal de Salta han desfilado más de cincuenta piqueteros y trabajadores del Norte, la mayoría de ellos liberados luego de la declaración indagatoria. La conclusión es demoledora y la plantea el propio juez responsable de la detención de los compañeros del PO: «No hemos detenido a nadie que porte un arma, como para saber qué están usando y quiénes son» (Clarín, 25/6). El comentario del jefe de Gendarmería sobre el mismo punto es directamente desopilante. Interrogado sobre dónde están los francotiradores que supuestamente habrían llegado del exterior, responde: «Estamos buscando si hay gente extraña en la zona. Los extranjeros que se pueden ver en Tartagal y Mosconi son profesionales que trabajan para las petroleras» (ídem).


El golpe que se abatió sobre el norte de Salta es la expresión de una política nacional. Hasta este momento produjo el asesinato de Carlos Santillán y Omar Barrios, la detención de José Barraza y Raúl Castells, y de otros piqueteros de Salta y Jujuy, la militarización de la provincia del Norte y la provocación contra la marcha del jueves 21 en la ciudad de Buenos Aires. Esto en paralelo a las facultades plenas de detención a la Federal votadas por el Congreso, junto a la derogación del «dos por uno» y la reinstalación del Consejo de Seguridad Interior para «monitorear» esta acción represiva.


Esta política «de Estado» fue detonada luego del «megacanje», cuando el gobierno creyó que tenía las espaldas cubiertas para desplegar una política de provocación contra el movimiento obrero en lucha. El soporte «ideológico» de esta campaña fue expuesto en editoriales de La Nación que tuvieron la firma del fallecido periodista Germán Sopeña y que plantearon que los cortes de ruta eran «actos de sedición», equiparables a un alzamiento » contra el orden páblico», línea argumental que fue tomada por el juez Abel Cornejo en su fallo contra José Barraza y los militantes del PO (La Nación, noviembre y diciembre de 2000).


En función de esta política fue montada la provocación contra la Coordinadora de Trabajadores y Desocupados del Norte de Salta, contra la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi y el PO, entre el Ministerio del Interior, la Justicia Federal, Pérez Companc, la Gendarmería y la jerarquía eclesiástica.


 


Conspiración


El texto del juez Abel Cornejo ordenó al jefe de la Gendarmería en Salta «la recuperación» de la Ruta Nacional N_ 34 a la altura de General Mosconi, «en virtud de la denuncia efectuada por la apoderada legal de la empresa Refinor S.A., sita frente al lugar de los hechos, en cuya planta se encuentran almacenados 3.000.000 de litros de petróleo crudo, y a la cual habrían ingresado un námero indeterminado de manifestantes en pos de apoderarse de los tanques conteniendo el combustible» (bastardillas nuestra, facsímil reproducido por Crónica, 18/6).


El juez sabía perfectamente que a la refinadora no puede ingresar nadie sin producir un enfrentamiento violento, y que por lo tanto no había un solo piquetero dentro de la planta. Por eso se cuidó las espaldas colocando su presencia en forma condicional («habrían ingresado») y largó la orden para darle un marco «legal» a la represión.


La «historia oficial» se completó con la versión de la reacción armada de los manifestantes y el surgimiento de una organización de «francotiradores», una versión que se fue desmoronando con el correr de las horas por la denuncia implacable y sistemática de los pobladores y que ha quedado registrada minuciosamente en los medios de comunicación.


El gobierno provincial se enancó en la conspiración del gobierno nacional desenvolviendo ferozmente la campaña contra el PO. «Estos hechos de hoy no fueron iguales que en el ‘97 y ‘98 porque entonces sí se reclamaba por trabajo. En cambio ahora, no se trata de obreros, se trata de un plan perfectamente concebido y alentado por los partidos políticos que no creen en el sistema», planteó Romero (Crónica, 18/6; ver nota en página 5).


 


Fracaso


Nadie ha podido desmentir con algán fundamento la acusación de los piqueteros de que «los francotiradores apostados en los tanques (de Refinor) eran gendarmes» (Clarín, 18/6).


Nadie ha podido salir a defender el alegato de inocencia de la Gendarmería en las muertes de Santillán y Barrios por no poseer armas de fuego en el momento en que éstos caen, porque todos los testimonios coinciden en que hubo disparos de las fuerzas de represión a esas horas y existe un alegato filmado (Video Tar). Nadie ha podido suscribir el argumento del Secretario de seguridad, Enrique Mathov -segán el cual los pobladores fueron asesinados por balas de bajo calibre que no son de uso de los gendarmes- porque es historia conocida que todos los efectivos de seguridad usan una segunda arma, fuera del reglamento, que utilizan para reprimir cuando reciben la orden. Más aán, segán «el vicedirector del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Luis Martínez Negri, la bala encontrada en la cabeza de Santillán estaba ‘encamisada’. Dio a entender así que se trataba de un proyectil de arma de guerra y que fue disparada por los gendarmes» (Página/12, 18/6).


Fuera de esto, nadie ha podido tampoco rebatir el testimonio masivo de los piqueteros segán el cual «teníamos infiltrados en el corte» y «por eso pudieron luego allanar nuestras casas» (Crónica TV, 18/6), una apreciación compartida por los propios dirigentes de la Coordinadora y de la UTD.


De los 39 detenidos hasta el martes 19, es decir en el momento candente de los hechos, «ninguno de ellos era francotirador» (La Nación, 19/6). De los «cincuenta o más francotiradores» que supuestamente se guarecían en el «monte» (que no es más que un predio de reducidas dimensiones) la Gendarmería pasó a hablar de «10 ó 12» pero eso sí, «bien organizados» (Crónica, 19/6). Por eso la «básqueda» se orienta ahora a algán «ex gendarme», o a «algán nácleo» de los carapintadas, del MTP o aán de Sendero Luminoso (Clarín, 25/6). Es decir, cualquier verdura.


El mérito principal del fracaso de la provocación corresponde a la población trabajadora de General Mosconi y del Departamento San Martín, que desmontó cada una de las insidias y salió en masa a enfrentar a la Gendarmería y a defender a sus dirigentes. La pueblada liberó a Mosconi de las tropas de ocupación y abrió un nuevo capítulo de la crisis política.


El movimiento en lucha debe producir su propia » investigación de lo actuado» y darlo a conocer para denunciar la trama y a los actores de la provocación. Juicio y castigo a los responsables de los asesinatos y de las provocaciones contra el movimiento popular y sus organizaciones; libertad a los presos, desprocesamiento a los luchadores; satisfacción integral de los reclamos de los trabajadores del norte de Salta.

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