Políticas

8/7/2004

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“Hotelados” porteños: Situación terminal

A comienzos de junio, un juez de la Ciudad clausuró dos de los “hoteles” que el Estado destina a familias desalojadas. La decisión se fundó en sus pésimas condiciones de higiene y mantenimiento general. El gobierno paga 3,50 pesos por día y por persona por estos verdaderos depósitos de trabajadores. Para alojar a familias que viven hacinadas a razón de seis en una pieza, se pagan más de seiscientos pesos por mes, lo que permitiría alquilarles a esas mismas familias departamentos de dos o tres ambientes en la Capital.


En su fallo, el juez Gallardo intimó al gobierno a reubicar a las familias en hoteles mejores o, en su defecto, concretar alquileres colectivos en departamentos o casas, todo ello hasta que resuelvan en forma definitiva su situación habitacional. La mayoría de las familias “hoteladas” constituyeron cooperativas de vivienda y gestionaron terrenos para construir en la Capital o en el Gran Buenos Aires. Pero estos proyectos están empantanados, porque el Estado no les facilita tierras y los empuja a vérselas, por su cuenta, con las inmobiliarias que acaparan terrenos. Aun quienes han logrado comprarlos soportan luego innumerables postergaciones burocráticas para acceder a los fondos que permitan iniciar las obras. Todo ello posterga, por años, la permanencia en los hoteles infectos rentados por el Estado.


Agravamiento de la crisis


El fallo del juez Gallardo fue sucedido por un “acta acuerdo” con el gobierno, promoviendo “alquileres sociales colectivos” para las familias “hoteladas” con los subsidios que actualmente van a parar a los hoteles. La variante del “alquiler social” fue saludada como “la salida” por todo el progresismo del gobierno y de la Legislatura. Pero con toda crudeza, fueron los propios hotelados quienes, a la hora de la firma del “acta”, pusieron el dedo en la llaga: “el Estado, ¿va a poner las garantías para estos alquileres sociales? Nadie nos va alquilar a nosotros, que no tenemos propiedades, ni siquiera trabajo fijo”. Pero colocar garantías choca, precisamente, con el principio de la “autogestión” habitacional, cuyo fundamento es desentender al Estado de cualquier salida de fondo para los sin techo. Es precisamente por esto que, a un mes de la firma del “acta acuerdo”, la situación de los hotelados no se ha resuelto, e incluso se ha agravado. Ninguna inmobiliaria ha querido alquilarles –aún bajo la oferta estatal de otorgarles un año de alquiler adelantado–, por la falta de garantías propietarias. A su vez, la oferta de llevarlos a hoteles mejores también naufragó, por la sencilla razón de que los restantes “establecimientos” que renta el gobierno son iguales o peores que los clausurados.


En medio de la impotencia del funcionariado progresista, los propietarios de los hoteles sancionados tomaron represalias contra los vecinos: dejaron de pagar los servicios. Así, en el hotel Montreal –de la calle Sáenz Peña al 1700– el gas fue cortado a mediados de esta semana, y la luz y el agua correrían la misma suerte la semana próxima.


Por una salida de conjunto


La crisis de los hoteles desnuda hasta qué punto se han venido abajo los “parches” y bicicletas del gobierno de Ibarra frente a la monumental crisis habitacional en la ciudad. En vez de destinar las tierras ociosas del Onabe o de la Corporación del Sur a los sin techo, el gobierno prefiere dilapidar recursos en “alquileres” precarios.


La posibilidad de llevar a los hotelados a departamentos o casas alquiladas fracasa por esa misma postración ante el capital inmobiliario. La ciudad tiene miles de viviendas ociosas, en manos de acapadores que esperan obtener superganancias con una rápida revalorización de las mismas. Para que sean ofrecidas en alquiler, el Estado debería aplicar impuestos progresivos y confiscatorios a la vivienda desocupada, es decir que deberían plantearse acciones compulsivas respecto del gran capital inmobiliario. En vez de gravar a los especuladores privados, Ibarra especula con las tierras públicas, alimentando por lo tanto la penuria de viviendas y tierras en la ciudad. Con esta orientación social, hasta las salidas de crisis –como los alquileres transitorios– van destinadas al fracaso.


El viernes pasado, el Polo Obrero realizó un acto y corte de calle frente al hotel Montreal, reclamando por la inmediata reinstalación de los servicios cortados, y que el Estado se haga plenamente cargo de una solución inmediata y definitiva para los compañeros alojados en condiciones penosas. Llamamos a los “hotelados” a sumarse a una lucha de conjunto para arrancarle al Estado tierras, recursos y un plan de obras públicas y viviendas populares que emplee a los propios compañeros sin techo.