La huelga de hambre que sostuvieron durante ocho días los hermanos Schoklender en la cárcel de Caseros confirmó muchas cosas y descubrió algunas otras.

Los Schoklender reclamaban el libre acceso a las cárceles de legisladores, organizaciones de derechos humanos y prensa a los penales; la separación de los detenidos menores de los mayores; la atención médica para los enfermos de Sida; la investigación de los ilícitos cometidos por las autoridades del Servicio Penitenciario; la suspensión de las requisas humillantes y vejatorias; la ampliación del régimen de visitas y recreos. La huelga se levantó después de que las autoridades penales firmaron un compromiso escrito del cumplimiento de estos reclamos.

El pliego de reivindicaciones levantado por los Schoklender confirma la existencia de una política consciente y sistemática de destrucción física y moral de los detenidos, convertidos en “rehenes de los guardiacárceles”. Los detenidos —tanto los condenados como los procesados— viven en condiciones de hacinamiento, sin higiene ni atención sanitaria, vejados sistemáticamente, sus familiares humillados en las revisiones previas a las visitas, hambreados y sometidos a una disciplina despótica y arbitraria.

La huelga de hambre también sacó a luz un intento oficial de destruir el Centro Universitario y el Centro de Informática Aplicada que funcionan en Caseros sin ningún apoyo oficial, y que se han constituido en ámbitos de estudio y trabajo solidario para muchos de los detenidos. El martes 24, pocas horas después de comenzada la huelga de hambre, el Centro Universitario fue clausurado y los profesores no pudieron ingresar al penal. Los internos que concurren a clases son objeto de una persecución particular: “A los internos que quieren estudiar los mandan a los peores lugares que hay dentro de la cárcel”, declaró Ernesto Sábato a la salida de una entrevista con Sergio Schoklender (Clarín, 30/9).

La crisis desatada por la huelga de hambre confirmó también que la plana mayor del Servicio Penitenciario Federal está plagada de represores de la dictadura, asesinos de los “grupos de tareas” y carceleros de los “chupaderos”, todos ellos amnistiados y “reciclados” por la “democracia”.

El desenlace de la huelga sirvió para poner en evidencia la completa pudrición de la cúpula penitenciaria, algo de lo que la población estaba completamente ajena hasta el presente. Como corresponde a funcionarios menemistas, la crisis en la cúpula del Servicio Penitenciario comenzó por una disputa por los dineros públicos —“comenzó hace un año con el recorte presupuestario que sufrió la fuerza” (La Nación, 2/10)— para terminar en “serios encontronazos entre oficiales superiores que culminaron a las trompadas” (ídem), cuando una parte de la plana mayor del Servicio Penitenciario intentó desconocer el acuerdo con los Schoklender.

“Cumplen el acuerdo con los Schoklender”, informa Clarín (4/10) después de que la jefatura del SPF y el propio ministro Barra lo hubieran “desconocido”. El acuerdo —que sanciona la mayoría de las reivindicaciones—  es una importante victoria democrática de la huelga de hambre, del movimiento de solidaridad que se gestó a su alrededor (como la clase pública realizada por la Asociación Gremial Docente de Ciencias Sociales en la puerta del penal) y de los “movimientos” que comenzaban a plantearse en otros penales —como el motín de Junín o la huelga de hambre de Santa Rosa. El gobierno pretendió esconder el golpe declarando que los términos del acuerdo eran “objetivos que ya tenía en vista el SPF” (Página 12, 4/10).

“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, juraban solemnemente hace pocas semanas los menemistas, radicales y centroizquierdistas reunidos en Santa Fe. La huelga de hambre de los Schoklender ha confirmado, también, la descarada hipocresía de los “demócratas”.