10/10/1996 | 514

Huelga general hasta el retiro del proyecto de esclavitud laboral

Y del decreto de privatización de la salud

El gobierno mandó al Congreso un proyecto de ley que permite modificar los convenios colectivos de trabajo “en cual­quier sentido” (textual). Con este simple artículo desaparece por completo la legislación laboral que, precisamente, pretende establecer una suerte de protección de los trabajadores frente a la explo­ración fabril y le da a las normas laborales el carácter de un “derecho adquirido”.


Pero el proyecto menemista no solamente subordina el derecho laboral a lo que pueda establecer en el futuro cual­quier convenio entre la parte obrera y la patronal, sino que también destruye los convenios colectivos porque permite que las patronales firmen acuerdos indivi­duales con los trabajadores al margen de esos convenios, con cláusulas que pueden ir en sentido contrario a las de los conve­nios y las leyes.


Está claro que el único sentido que tiene que los convenios puedan ser modi­ficados en ‘cualquier sentido’, es que se lo haga, en perjuicio del trabajador, y nunca hacia arriba, en su beneficio. Por­que para dar un beneficio o una mejora no se necesita de ninguna ley. Toda la legis­lación laboral vigente establece, precisa­mente, que un convenio no puede pactar cláusulas inferiores a las vigentes, y que los acuerdos individuales no pueden ser inferiores, ni a las leyes ni convenios.


Este proyecto caníbal de la protec­ción laboral, va a ser ‘complementado’, la semana que viene, con otros dos pro­yectos: uno eliminará la indemnización por despido y el otro modificará la ley de contrato de trabajo. De este modo queda­rá anulada incluso la poca legislación laboral que aún subsiste, lo que explica la inmensa alegría y algarabía que ha des­pertado en la gran patronal.


Convenios


El proyecto no deja piedra en el cami­no. Ya en los considerandos dice que los futuros convenios podrán “producir efectos derogatorios respecto de ciertas leyes o decretos, pero tam­bién respecto de normas convencio­nales anteriores, de acuerdos indivi­duales, e incluso de derechos adqui­ridos”.


Acuciado por la voracidad capitalista y cegado por la desesperación política, Menem no repara siquiera que los dere­chos ‘adquiridos’ son jurídicamente inderogables por definición. Pero para el riojano y para Caro Figueroa, los dere­chos de un obrero equivalen a un ‘privi­legio’ por lo que su derogación es, dice el proyecto, “una alternativa consisten­te con los valores democráticos”. El paso que dan con esta medida es grave en sus consecuencias históricas, porque has­ta ahora las clases explotadoras se defen­dían contra las explotadas, invocando ‘sus’ derechos contra cualquier aspira­ción mayoritaria del pueblo.


Los derechos obreros, que según el proyecto, se podrán derogar, son “las normas legales referidas a las cate­gorías y funciones, tiempo de traba­jo, estructura de las remuneracio­nes, sueldo anual complementario, y suspensión y extinción del contrato de trabajo”. Es decir, que se podrá dero­gar TODO.


La patronal, en consecuencia, podrá fijar el tiempo de la jornada de trabajo, con lo que desaparecen las 8 horas dia­rias. En su lugar podrá establecer jorna­das variables de acuerdo a lo que conven­ga a su beneficio privado. Por ejemplo, 12 horas o más en verano y 6 horas en invier­no. Jornadas por la mañana y otras por la tarde en la misma semana o trabajar seis u ocho meses a razón de 12 horas diarias y luego declararse en quiebra. Automáti­camente desaparecerá el pago extra de las horas suplementarias por encima de las 8 horas.


También desaparecen las categorías, porque la patronal podrá fijar las tareas sobre la base del criterio de la ‘polifuncionalidad’, ignorando la calificación laboral, sin obligarse a ninguna compen­sación salarial.


También el salario podrá ser modifi­cado. La estructura de las remuneracio­nes podrá contar con una parte fija y otra variable que la patronal podrá quitar en cualquier momento, según como mar­chen sus ventas o su margen de beneficio.


La patronal podrá alterar, también, los requisitos para suspender y despedir a los trabajadores. Esto mismo lo volverá a establecer el proyecto que eliminará la indemnización.


Las ‘limitaciones’ que establece el proyecto desnudan las ilimitadas atribu­ciones que otorga a la patronal, porque aclara que “el descanso semanal no podrá ser postergado por un plazo mayor de 30 días”. Es decir, que permite que el trabajador trabaje 30 días corridos sin francos y sin los descansos dominica­les. Otra ‘limitación’ es el pago del aguinaldo, que no podrá ser efectivizado en más de tres cuotas.


Todos estos abusos son admitidos por el proyecto de Menem para los tiempos llamados normales, porque si la patronal dice estar en crisis puede anular el conve­nio que ella misma impuso a cada traba­jador o cada grupo de trabajadores y esta­blecer uno nuevo con “nuevas cláusu­las” las cuales “prevalecerán sobre las de la respectiva convención co­lectiva que, en tal caso, se entenderá caducada para tal ámbito”.


El convenio también caducará auto­máticamente si a su vencimiento no hay acuerdo entre las partes. En ese caso, los trabajadores se regirán por la nueva ley de contrato de trabajo, que también será modificada con nuevas cláusulas antio­breras.


En consecuencia, bastará que la pa­tronal patee un convenio para que todas sus normas caduquen. Si una patronal quiere derogar los descansos dentro de la jornada de trabajo o el tiempo de refrige­rio que se hayan estipulado en los conve­nios, le basta esperar que venza ese con­venio, obstaculizar un acuerdo con el sin­dicato para lograr que caduquen todas sus cláusulas.


El proyecto dice que favorece el acuer­do por empresa y hasta el acuerdo indivi­dual con el trabajador, por sobre el conve­nio por industria. Es decir que quiere la atomización del movimiento obrero, un ‘remedio universal’ para hacer caer los salarios y aumentar la explotación. Por eso, el proyecto aclara que “las conven­ciones de ámbito menor prevalecen sobre las de ámbito mayor”. Es decir, el convenio de fábrica prevalece sobre el de la actividad.


Banco Mundial


Todo esto fue recomendado por el Banco Mundial, que dice expresamente que el debilitamiento del poder de nego­ciación de los convenios es clave para la flexibilidad hacia abajo del ‘mercado laboral’.


El proyecto autoriza a los delegados de empresas a firmar convenios, al mar­gen del sindicato. Es una invitación gene­ral a las patronales a que sigan con la corrupción de la burocracia sindical y de los delegados de fábrica en mayor medida de la que conocemos hasta ahora. El pro­yecto apunta a la creación de sindicatos amarillos, a la desaparición de la CGT y a la liquidación de la posibilidad de la huel­ga general.


El proyecto de oro es la derogación de doce estatutos especiales que se aproba­ron en su momento por las características específicas de ciertas actividades, como periodistas o porteros de edificios.


Votación


Duhalde dijo que sus legisladores no votarán una ley que establezca las 12 horas de trabajo diarias, no objeta las demás cláusulas, ni el principio de dero­gación del derecho laboral. Esto significa que dará la orden para que se la vote.


Pero el proyecto de Menem y Caro Figueroa no dice que se deberá trabajar obligatoriamente 12 horas diarias, sino que le da a las patronales todos los medios para fijar el tiempo de trabajo. O sea que entre Duhalde y Menem no hay diferen­cias. Menem y Duhalde coinciden en que la jornada de trabajo debe ser fijada por la patronal de acuerdo a sus necesidades de explotación, y que no debe ser necesaria­mente de ocho horas para proteger la salud y la vida del trabajador!


La burocracia sindical casi no ha pro­testado contra este proyecto. Peor aún, dijo que dará la ‘batalla’ en el Parlamen­to, como si este Parlamento no estuviera dispuesto a votar en forma sumisa todas las leyes cuya autoría corresponde al Banco Mundial.


Paritarias


Cuando los menemistas, centroizquierdistas y burócratas dicen que se ‘preparan’ para el debate en el Parla­mento, quiere decir que darán quórum, que los votarán o que asegurarán que estos proyectos sean votados.


Lo tremendo de este ataque requiere de una acción vigorosa que no vendrá de la burocracia sindical que pactó ya en muchos convenios estas cláusulas anti­constitucionales e ilegales que Menem quiere convertir en ley.


Por eso el Partido Obrero plantea a los trabajadores, a los delegados y a los activistas encarar una campaña por un inmediato paro de 48 horas para que se retiren estos proyectos del Congreso y para que se convoque a las paritarias para discutir el aumento salarial, las categorías, la derogación de los ritmos infernales de producción, el cumpli­miento de la jornada de 8 horas y todas las reivindicaciones del movimiento obrero.


Esta lucha hace necesaria la convoca­toria a un Congreso de Bases.


Fuera Menem y todas las políticas capitalistas.