Aníbal Ibarra acaba de ve­tar el artículo de la “Ley de Emergencia Habitacional” que suspendía los desalo­jos en los inmuebles pertenecien­tes a la Ciudad, que no fueran los “pertenecientes a entes autárquicos o descentralizados”… como la Corporación del Sur.

¿“Reubicaciones” o desalojos?

En su veto, Ibarra hace gala de su infinita hipocresía. Dice que si se suspenden los desalojos en predios del Estado porteño, és­te no podría llevar adelante “pla­nes para relocalizar a las familias en otros sitios adecuados, evitan­do el hacinamiento en el que hoy conviven”. Los únicos “traslados” que conoce Ibarra son a los hote­les infectos y la calle. Eliminado este artículo, la ley se transforma en una autorización para usar el dinero público para los desalojos violentos.

El resto, un fraude

La Ley de Emergencia Habita­cional, promovida y sancionada en un acuerdo de los diputados de Au­todeterminación y Libertad, Macri y la izquierda, pretendía destinar una parte del superávit fiscal de este año para las “operatorias exis­tentes”, como la autogestión habi­tacional -ley 341-, el programa de “reurbanización” (léase erradica­ción) de la traza de la ex AU3, y los planes de “urbanización” de villas. Pero para qué emplear estos re­cursos si los ya presupuestados se encuentran manifiestamente subejecutados… En 2003, sólo se usó el 36% de lo presupuestado, el res­to fue usado para otros fines. Sin ningún control.

Ni Ibarra ni Macri quieren destinar un metro cuadrado de la ciudad al techo de sus trabajado­res. Los “autores de la emergen­cia” proponen que los fondos (que de todos modos no se van a usar para la crisis habitacional) sean monitoreados por una “Comisión de Seguimiento y Control” macri- ibarrista. Pero no prevé la for­mación de un fondo de tierras pa­ra poder aplicar esos fondos a la construcción. No establece medi­da alguna respecto de la Corpo­ración del Sur, que retiene más de dos mil propiedades. La ley no dice una palabra de impulsar la inversión pública en viviendas. Para los autores de la “emergen­cia”, el Banco Ciudad no tiene otro rol que el de tasador.

El proyecto prevé, en cambio, “subsidiar la demanda” de vivien­das con el “superávit corriente”, es decir, con el dinero que se ha sus­traído a docentes, enfermeros y municipales en los últimos dos años, que tienen congelados los sa­larios. Convierte a esos fondos “ex­traordinarios” en operatorias “de mercado” que elevan el valor in­mobiliario. Al fin y al cabo, la pa­tria contratista también anda en “emergencia”… Como lo demues­tra la sanción del Código Contra- vencional, Ibarra y Macri están en “tiempo de consenso”.

Por una salida obrera y socialista

La bancarrota habitacional sigue como a una sombra a la bancarrota capitalista. El gobier­no pretende reconstruir un “mer­cado de viviendas”, o sea un alto beneficio inmobiliario. Los pla­nes de “créditos subsidiados” naufragan cuando sus beneficia­rios cobran un plan de empleo y el capital inmobiliario ha “redolarizado” los precios. Esta espe­culación ha acelerado exponen­cialmente los remates y desalojos en los últimos meses.

La catástrofe habitacional exige la disolución de la Corpo­ración del Sur y el pase de sus tie­rras a un fondo bajo control de las organizaciones de los sin techo; destinar a vivienda social el 40% de los fondos prestables del Ban­co Ciudad, bajo control de estas mismas organizaciones; la urba­nización de las villas y asenta­mientos afincando a sus habitan­tes; impuestos progresivos y confiscatorios a la vivienda ociosa. Con este programa, tenemos que preparar una gran movilización común de todo el movimiento de lucha por el techo, para impedir que los Ibarra y los Macri lleven nuestra lucha a un callejón sin salida.