El gobierno de Ibarra, tardíamente, recién seis meses después de haber lanzado la Emergencia Económica, no tuvo más remedio que reconocer que, con su complicidad, existe un virtual boicot impositivo de los grandes contribuyentes.

La tesis oficial era, hasta ahora, que la merma de la recaudación obedecía a la “crisis general” del país. El colapso de la recaudación (que llegó en diciembre a una caída del 46 por ciento y osciló entre el 20 y el 30 por ciento en los meses siguientes) fue atribuida a la recesión y el corralito. Bajo este ángulo, todos los contribuyentes de la Capital, desde el pequeño propietario y ahorrista, dueño de una casita o un automóvil, hasta las grandes corporaciones radicadas en la ciudad, fueron colocados en la misma bolsa de víctimas de la crisis. Lo que encubría la “historia oficial” era que en estos seis meses, junto con las víctimas hubo grandes beneficiarios, que han logrado licuar sus deudas y recuperar su rentabilidad, aprovechando la devaluación. Pero estos y otros sectores capitalistas aprovecharon también la desorganización económica para recortar sus obligaciones impositivas. La crisis les vino como anillo al dedo y como pretexto perfecto para dejar de pagar.

Es así que la Dirección General de Rentas acaba de reconocer que “en algunas entidades se registraron caídas importantes que no se compadecen con los promedios del sector”. En la mira están “grandes bancos y las principales casas de cambio de la City”; bajo observación se encuentran también “los supermercados, las prepagas y el transporte aéreo”. En las grandes cadenas alimenticias se constata una gran “mora” (El Cronista, 28/5). El Gobierno de la Ciudad admite el fracaso del plan de moratoria que la Legislatura había votado.

La evasión en la Ciudad es un escándalo. El “control” que se hace de los impuestos municipales (que consiste en compararlos con las cifras declaradas por los mismos contribuyentes para el pago del IVA y otros impuestos nacionales) ya está viciado de entrada pues el IVA, que se toma como base de cálculo, registra una evasión de alrededor del 50 por ciento. Pero, encima de eso, la evasión es mayor porque las empresas aprovechan el hecho de que actúan en varias provincias para reducir la incidencia de sus ventas en la Capital.

Ahora, el proceso ha llegado a su culminación, pues ni siquiera se pagan esos impuestos, ya calculados sobre una base reducida.

Luego de esta confesión del propio gobierno, lo que cabe es dejar sin efecto la Emergencia Económica, cuyo fundamento se ha revelado totalmente inconsistente. En lugar de “acorralar” a la salud, a la educación, a la asistencia social o a los empleados de la Ciudad, cuyos sueldos se pagan en cuotas y ya han sido víctimas de despidos (pasantes y contratados), hay que “acorralar” a los capitalistas. Es necesario incautar las cuentas de los grandes contribuyentes y cobrarse de allí las deudas que mantienen con la Ciudad; nacionalizar la banca, abrir los libros y establecer el control de los trabajadores sobre la actividad económica de la Ciudad.