El gobierno de Ibarra acaba de sacar un decreto de necesidad y urgencia con “nuevas disposiciones” para las discotecas y boliches bailables; la Legislatura debe refrendarlo, el jueves 17. El nuevo “marco normativo” tiene el claro propósito de desviar la atención respecto de las denuncias por asociación ilícita entre los empresarios y el gobierno. Se está pretendiendo adjudicar a la falta de una “legislación adecuada” la masacre de Cromañón. Fue la línea “de las responsabilidades compartidas” en la que insistió Ibarra. Por medio de la ratificación del decreto de necesidad y urgencia, Ibarra procurará una mayoría compulsiva, en el Parlamento, para continuar gobernando.

 

Pero el decreto de Ibarra y Alvarez va mucho más lejos, porque legaliza la principal de las infracciones que se cometían –un ingreso de público superior a la capacidad del local. Con el cínico argumento de que la “normativa sea más real y se pueda cumplir” ( Clarín , 5/2), “sube a dos la cantidad de personas por metro cuadrado que entra por boliche”, el horario de cierre queda liberado y extiende la matineé de los menores hasta las 12 de la noche” (ídem).

 

La legalización de buena parte de las infracciones detectadas, por ejemplo, en Cromañón, no sólo apunta a reforzar la ‘rentabilidad’ del negocio. A sólo cuarenta días de la masacre de Once, el decreto implica una verdadera absolución ideológica de Chabán: es que, según Ibarra y Alvarez, Chabán habría sido obligado a violar normas “obsoletas” e “irreales”. Se trata de un verdadero golpe de Estado de Ibarra, para salvar los beneficios de los capitalistas del espectáculo.

 

No sorprende, por lo tanto, que Maxi Vázquez, propietario del boliche Follia –y presidente de la cámara patronal denunciada en la Legislatura por su entongue con el gobierno de Ibarra–, declare que el nuevo reglamento “es mucho más racional y lógico” ( Página/12, 9/2), aunque, de todos modos, todo queda supeditado “al ánimo (sic) que tenga el inspector” ( Página/12 , ídem), con lo cual la cantidad de personas por espacio podría superar al propio decreto. En suma: si en Cromañón podían entrar legalmente 1.500 personas, con el nuevo decreto podrían entrar 3.000 por “derecha”, y hasta 4.000 “por izquierda” (en la masacre había 6.000 personas).

 

Toda esta flexibilidad especial para reforzar la rentabilidad capitalista es naturalmente “protegida” en el decreto, por la presencia de médicos, bomberos y patovicas “autorizados” durante las funciones y una larga lista de certificados referidos a la capacidad de público, materiales a prueba de fuego y planes de evacuación, entre otros; se trata, en definitiva, de un reforzamiento del poder de coacción de las mismas instituciones que permitieron Cromañón, los inspectores, habilitadores y policías coimeros.

 

Los funcionarios, sin embargo, han dicho repetidamente que “de todos modos, nadie puede controlar simultáneamente el ciento por ciento de los boliches todos los días del año”. Es decir que los inventores declaran anticipadamente la impotencia de sus nuevos decretos y normas.

 

Pero existe otro camino para que el control sea completo, simultáneo y barato: que sea realizado por quienes cotidianamente aseguran el funcionamiento de estos locales, es decir, sus trabajadores. Las comisiones obreras de seguridad e higiene en toda la ciudad, con poder de veto sobre las condiciones laborales, calidad de los servicios y de los materiales empleados, es decir, el control obrero, podría lograr lo que nunca logrará la burocracia de los inspectores y policías. Se trata de una medida que cuestiona el monopolio capitalista sobre el espacio público y la vida social en la ciudad.

 

De Cromañón no se sale con los decretos de Ibarra o de su Legislatura cómplice, sino con una reorganización social y política completa, a través de una Asamblea Constituyente soberana y con poder.