10/08/2000 | 676

Ibarra: Los especuladores de fiesta

Los «progresistas» dejaron de cumplir, a partir del lunes, el rol exclusivo de furgones de cola de la UCR, porque de aquí en más se pondrán al frente en la ejecución de la política oficial en un ámbito tan decisivo como la Ciudad de Buenos Aires.


Para ejercer esta nueva función, Ibarra deja de lado las habituales excusas por la «herencia recibida», lo que es natural porque sucede a otro gobierno de la Alianza. Pero el continuismo resulta aún más justificado, porque ha sido precisamente Ibarra el fogonero de las maratónicas sesiones que le permitieron a la Legislatura saliente aprobar unas 150 leyes en menos de lo que canta un gallo. Todo el arsenal de medidas que necesitaban los especuladores inmobiliarios, los tenedores de la deuda pública y los capitalistas comunes y corrientes, está precisamente definido en esa legislación.


Al saludar la herencia que recibe de la gestión de De la Rúa-Olivera, Ibarra hace algo más que agradecer a sus «sponsors»: los absuelve de la responsabilidad política por el cuadro social de la ciudad. Ibarra debuta con el otorgamiento de un punto final y la obediencia debida para quienes dejaron en la ciudad más rica del país una desocupación del orden del 12%, que llega al 22% con los subocupados, y un 50% de trabajadores que ganan menos de 500 pesos por mes. De acuerdo al último informe del Indec, estos ingresos cayeron cerca de un 10% en el último año y la brecha entre los más ricos y los más pobres se elevó a casi 25 veces, el doble de la que existía en 1974 (Clarín, 8/8).


¿Se puede comenzar una gestión «progresista» con la reivindicación de este inventario? La satisfacción que declara Ibarra con «la gestión que concluye» condena a la suya al fracaso.


Ibarra no enunció siquiera una medida que apunte a enfrentar la situación de bajos salarios, largas jornadas de trabajo y tremenda desocupación. Puso en evidencia las contradicciones insalvables del planteo «progresista» al señalar, por un lado, que la prosperidad capitalista no tiene un efecto de «derrame» en beneficio de los trabajadores, y al abstenerse, por el otro, de impulsar cualquier medida de defensa social. Lejos de eso, se puso a la vanguardia en la defensa de la «competitividad» para las patronales, a la que ha destinado toda la política de inversión pública. «La creación de empleo es uno de los desafíos», dijo Ibarra, y enseguida dio vuelta la hoja.


Ibarra dejó en claro que su consigna es la misma que la de De la Rúa y Cavallo, o sea, convertir a Buenos Aires en una «capital financiera» internacional. Por eso su eje es la especulación inmobiliaria, a la que los bancos quieren destinar el grueso de los capitales que recogen. La reforma del Código de Planeamiento Urbano apunta en esa dirección, toda vez que no impone ninguna norma que asegure la vivienda para los trabajadores, pero que sí habilita la construcción de torres y hoteles en zonas hasta ahora vedadas. A esto lo ha llamado «el desarrollo del sur», aunque la principal mira de los monopolios se encuentra en la zona de Retiro, que será habilitada por una legislación posterior. Las obras de infraestructura de las que se jacta el progresismo, como el plan hidríco e incluso la ampliación de los subtes, apunta a «poner en valor», como les gusta decir a los afrancesados frepasistas, nuevas áreas urbanas. Que el Estado invierta el dinero de los contribuyentes para financiar los subtes que explota Metrovías es un claro ejemplo de lo que el «progresismo» entiende por «acción pública».


El flamante jefe de Gobierno no quiso privarse de un toque nacionalista en su discurso inaugural, pero se vio obligado a hablar de beneficios para las empresas «locales», porque de lo contrario hubiera debido dejar afuera al 80% del capital, que pertenece a extranjeros. Entre el paquete de leyes sancionado en la nocturnidad, figura la de mobiliario urbano, un gran negociado de instalaciones públicas que está igualmente abierto para empresas tanto extranjeras como nacionales.


El «nombre del juego» del gobierno que comienza se llama «La Corporación del Sur», que está encargada de vender los terrenos e inmuebles que han quedado baldíos y deshauciados por la crisis capitalista en la industria. El Gobierno de la Ciudad será, por sobre todo, un síndico de la ejecución de la propiedad pública, renunciando a valerse de ella para promover una auténtica política social. Como ocurre con cualquier liquidación de quiebra, malvenderá terrenos y propiedades en beneficio de la especulación capitalista. A esto Ibarra lo ha llamado «instrumento de gestión», cuando en realidad se trata de la sustracción del control de la Legislatura sobre el destino de la propiedad pública de la ciudad.


El progresismo, como su antecesor liberal, se agota en lo formal y no sale del discurso. Pero detrás de las formas constitucionales o legales que postulan una igualdad en abstracto opera una realidad social de concentración capitalista, confiscación económica en beneficio de un puñado de pulpos, superexplotación y empobrecimiento. Lo formal disimula el contenido clasista explotador y se transforma en instrumento de éste. Por eso es que el gobierno frepasista que debuta fracasará en todos sus postulados de progreso y actuará como fiel ejecutor de los dueños reales de Buenos Aires Ðlos bancos, los especuladores inmobiliarios, los pulpos internacionales de servicios y supermercados, y las grandes corporaciones del puerto.

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