El bloque del Partido Obrero en la Legislatura porteña accedió a la documentación interna con la que el gobierno de Ibarra fundamentó su veto a la ley de las seis horas en el subte. ¿Se trata acaso de un dictamen de su Dirección de “Asuntos Jurídicos”? No: el veto de Roggio fue propuesto… por la Dirección de “Protección del Trabajo” (sic) del Gobierno de la Ciudad. En una nota girada el pasado 4 de septiembre a Ibarra, la directora de esa repartición reivindica para sí la facultad exclusiva de dictar una norma de insalubridad, señalando también que la legislación del trabajo es “norma de fondo de carácter nacional” e impugnando, por lo tanto, cualquier intervención de la Legislatura porteña. La nota abunda en consideraciones “constitucionales”. Pero en lo que respecta a su misión específica, que es la de dictar la insalubridad, la nota apenas dice que “se están realizando estudios y mediciones ambientales”, a los que seguirán otras “mediciones y exámenes médicos”, etc. Es decir que los “protectores del trabajo” rechazan el carácter estructuralmente insalubre del trabajo en el subte, y están inmersos en un procedimiento que, con seguridad, durará años. Pero aún así, una conciencia mínima de “protección del trabajo” dictaría la necesidad de que, mientras se realizan las “mediciones”, rija la jornada de seis horas. En cambio, impugnan a la Legislatura y a la ley de reducción de jornada, y se reservan para sí la facultad de una insalubridad… ¡que no tienen la menor intención de sancionar! No comen, ni dejan comer. O mejor dicho: quien come con todo esto, es Roggio, y todos los negreros de la Ciudad.

Una política “integral”

Cuando un gobierno “autónomo” porteño proclama a quien quiera oírlo el carácter “nacional” de las cuestiones laborales, está sencillamente confesando que, en materia de “protección del trabajo”, ha decidido lavarse las manos y proclamar a la ciudad una zona liberada para los atropellos patronales. En la política laboral de Ibarra, el control de los riesgos del trabajo – que han cobrado la vida de decenas de trabajadores de la construcción en los últimos años – apenas merece… una docena de inspectores. Pero ahora, Ibarra ha dejado la “prescidencia” en materia laboral para ejercer “políticas activas”… a favor de los monopolios capitalistas. Lo demostró el “veto de Roggio”. Pero también la ruinosa intervención que acaba de tener en el conflicto que enfrenta a los trabajadores contratados “fuera de convenio” de Telefónica con su patronal. Este pulpo suspendió a 850 compañeros en nombre de la “crisis económica”. En las “actas acuerdo” que se les hizo firmar a los trabajadores, intervino la Dirección de “Protección del Trabajo” de Ibarra. Esta vez, los “protectores” ni siquiera se tomaron el recaudo – exigido por ley – de pedirle a Telefónica sus últimos balances, lo que habría revelado naturalmente el carácter fraudulento de cualquier “procedimiento preventivo de crisis”. Repudiando este acta acuerdo, cien de los compañeros contratados se negaron a firmar y fueron despedidos. Los telefónicos suspendidos han denunciado esta grosera complicidad de los funcionarios de Ibarra para con Telefónica, iniciándose una investigación en la propia Legislatura.

Una “cueva” de los privatizadores y de la patria contratista. Eso es, en definitiva, el gobierno de Ibarra.