Ibarra y el cafishiaje policial

Los policías «toleran la prostitución, pero —sacando los casos de neta corrupción policial, que existen— lo hacen para poder funcionar: ponerle nafta a los patrulleros, comprar insumos para las seccionales. Una comisaría necesita 15.000 pesos mensuales y sólo se le asignan 1.000. Entonces salen a recaudar de la prostitución» (Clarín, 11/11/0).

El autor de esta denuncia era, hasta ese moment,o subsecretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Ernesto Tholke. La respuesta del gobierno de Ibarra fue clarísima: en vez de investigar la denuncia, destituyó al denunciante. Según informa La Nación del 7/11, desde la Jefatura de Gobierno: «No quieren irritar a la Policía por el futuro traspaso».

Un «vuelto chico»

Con todo, las coimas colectadas en la prostitución callejera sólo constituirían un recurso menor en esta corruptela financiada sobre la explotación de la mujer. La presidenta de Ammar (Asociación de Meretrices Argentinas), Elena Reinaga, declaró a Clarín que «La Policía se concentra sólo en la prostitución callejera porque los que les pagan más son los boliches. Los dueños se quedan con el 70 por ciento de lo que ganan sus trabajadoras y no quieren tener competencia». La principal ‘caja’ de la Policía sería, entonces, la que surge de la explotación capitalista de la mujer en bares y clubes privados. Es llamativo que en el año 2000, mientras se labraron 45.817 actas por prostitución callejera, sólo se labraran 3.000 infracciones en «casas de tolerancia», de las cuales «sólo 1 en 100 habría llegado a juicio» (ídem).

«Precisamente, uno de los expedientes más importantes sobre las redes de prostitución VIP y sus presuntos contactos con policías y funcionarios municipales, está parado hace un año en la Cámara del Crimen de la Capital, que todavía no decidió si, como planteó el fiscal José María Campagnoli, se estaba frente una asociación ilícita» (ídem). La extorsión a la prostituta callejera sería así, el ‘vuelto chico’ de una inmensa red de explotación de la mujer, con ramificaciones políticas y judiciales. La represión callejera cumpliría también la función de elevar el precio de los «servicios prestados en privado», con su correspondiente retorno para el propio aparato policial.

Tholke ha confirmado todas estas denuncias, pero para él «la prostitución deberá ser una actividad regulada para que el gobierno porteño logre tener injerencia y decidir las condiciones en las que puede desarrollarse, como determinar zonas y requisitos de profilaxis». Se trataría, en definitiva, de transformar a «la calle» en una gran «casa de tolerancia», la explotación de la mujer.

El traspaso de la Policía

Que se argumente que no hay que «irritar a la Policía», pone de manifiesto que se pretende la asimilación del descompuesto aparato policial, con sus cúpulas y sus lazos con el crimen organizado.

A la «bomba» colocada por Tholke, le ha respondido una ofensiva de elementos vecinales y legisladores vinculados a los aparatos de seguridad, que reclama una reforma reaccionaria del código contravencional. La trajinada bandera de la transferencia de los servicios de seguridad a la Ciudad, que los «progresistas» han presentado como el «disciplinamiento de la policía al gobierno civil», terminaría resultando en un reforzamiento del estado policial, sobre todo del territorio porteño, con sus «negocios complementarios» incluidos.