Luego de anunciar la “reformulación” de los consejos consultivos para sacarle el manejo de los planes y la ayuda alimentaria a los intendentes, el gobierno decidió dar marcha atrás y volver al punto de partida.

La decisión de la administración K de cambiar el manejo de los planes y programas alimentarios apuntaba a monopolizar su reparto a través de las ONG, incluyendo las organizaciones “sociales”, tal como lo exige el Banco Mundial. En función de este objetivo decidió que el Ministerio de Desarrollo Social (Alicia Kirchner) pasara a manejar la totalidad de la asistencia social desde el 1º de enero de este año. En la misma línea y por medio de un decreto presidencial, el ministro del Interior quedó facultado para subvencionar personas o fundaciones que “se dediquen a atender necesidades de la población” (La Nación, 24/12/03).

Antes de que el gobierno intentara este cambio de política el régimen de reparto instaurado por el gobierno duhaldista y el Banco Mundial había fracaso en toda la línea. Un estudio ordenado por la propia hermana del Presidente había monitoreado casi la mitad de los 2.200 consejos consultivos de todo el país y comprobado que “sólo 300 de éstos funcionan bien”, y el resto no existe o es una ficción armada por los intendentes (La Nación, 21/12/03).

Esto planteaba al gobierno una batalla política mayor: pelear la base social de la “logia” duhaldista de intendentes en función de una red propia.

La crisis estalló rápidamente. “La decisión del gobierno de limitar el poder de los intendentes en el manejo de los planes generó un fuerte debate en el Consejo Consultivo Nacional, máximo órgano de control de los planes sociales, integrado por la sociedad civil (ONG), los sindicatos, empresarios y funcionarios de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social”. Aún así se elaboró un borrador que establecía un cambio sustancial en la norma que dio vida al Plan Jefes y Jefas porque “se le otorgaba taxativamente mayor poder de control y manejo de programas a la sociedad civil, en detrimento de los intendentes” (La Nación, 21/12/03).

La “vuelta” de los intendentes

La política del gobierno abrió un debate y una rebelión en las filas del duhaldismo. La encabezó Balestrini, intendente de La Matanza, quien amenazó con “hacer tronar el escarmiento” frente a la baja de planes “propios”. En horas, los intendentes del PJ modificaron el estatuto de la Federación de Municipios (FAM) para desplazar a su actual presidente, Sabatella, intendente de Morón y aliado “transversal” del gobierno nacional (El Día, 24/12/03). En el debate abierto por el “borrador” del decreto de reforma de los consejos consultivos restando poder a los intendentes, “los representantes de la FAM se opusieron tajantemente a las limitaciones pensadas para los jefes comunales” (La Nación, 21/12/03).

Pero no fue sólo la patota quien salió a favor de la “dictadura” de los intendentes en el manejo de los planes y programas alimentarios. El Obispo Casaretto, titular de Cáritas, sostuvo que: “Podemos colaborar con otras organizaciones de la sociedad en el control de gestión, pero ni queremos, ni podemos, ni debemos hacernos cargo de los planes” (Clarín, 26/12/03). Un editorial de La Nación planteó que “aunque han sido radicadas diversas denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de beneficios sociales en diferentes municipios, es discutible la idea de que no sean los jefes comunales quienes los distribuyan” (3/1).

La propia Alicia Kirchner “negó que fuera su intención que el Estado nacional se haga cargo de los planes en lugar de los municipios y atribuyó esas versiones a un operativo de prensa” (La Nueva Provincia, 30/12/03). A estas horas, el “borrador” que disminuía el poder de los intendentes está cajoneado: la ministra no está dispuesta “a avanzar con la redacción del decreto” (La Nación, 21/12/03). El gobierno ha vuelto al punto de partida.

La Matanza: ¿el modelo?

La Matanza tiene 100.000 planes coadministrados por la alianza de Balestrini, Alderete (CCC) y D’Elía (FTV) en el seno de un fantasmal consejo consultivo. Esta alianza ha sido reforzada durante la visita del Presidente a la Casa Amarilla, sede de la CCC, en la que el gobierno “repartió subsidios por 945.000 pesos a las organizaciones piqueteras (presentes) para la autoconstrucción de viviendas” (Página/12, 8/1).

En el mismo acto de La Matanza, afloró la realidad de un distrito con un millón de habitantes sin agua potable. El movimiento piquetero debe avanzar sobre los reclamos populares de las barriadas y organizar en torno a ellas genuinas Asambleas Populares, que disputen con el punterismo, se movilicen por trabajo genuino para todos y planteen la cuestión del poder, y de los recursos de los municipios bajo la dirección de las organizaciones obreras.