Tras la reunión que mantuvo Luis Caputo con los supermercadistas por la disparada de precios en las góndolas, el gobierno resolvió abrir la importación de productos que componen la canasta básica, con la expectativa de que a mayor competencia bajen los precios. Ahora bien, la eliminación de cupos para exportar y el inminente salto cambiario atentan contra este objetivo.

Como parte del plan, el Banco Central reducirá el plazo de pago de importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal. A su vez, queda suspendido, por el plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias a las importaciones de estos productos y de los medicamentos.

Lo primero que hay que decir es que dicha medida no sirve para abaratar el precio de alimentos como la carne o derivados del trigo -que, dicho sea de paso, son algunos de los que más han aumentado en los últimos meses. Sucede que, al haber sido eliminados los cupos para exportar, los capitalistas del sector no cederán sus precios en el mercado interno ante una mayor competencia, ya que tienen la posibilidad de vender al exterior toda la mercadería.

Por otro lado, nada asegura que los bienes importados sean más baratos que los locales, debido a la enorme depreciación del peso respecto al dólar, acentuada luego de la megadevaluación de diciembre. Para colmo, se avizora un nuevo salto cambiario en los próximos meses que encarecerá aún más las compras al exterior.

Asimismo, el plan de Caputo implica un drenaje de dólares del Banco Central cuando la situación de las reservas sigue siendo muy delicada. Recordemos que la autoridad monetaria viene obteniendo saldos favorables a expensas de pisar las importaciones. Con lo cual, la salida de divisas para importar productos de la canasta básica, al atentar contra la meta de acumulación de reservas del FMI, agudizará las tensiones cambiaras.

Por último, las multinacionales farmacéuticas, de la alimentación y fabricantes de productos de higiene de las cuales Argentina comenzaría a importar productos, son las mismas que poseen sedes en el país desde las cuales monopolizan el mercado local y remarcan precios, como por ejemplo Unilever, Bayer, etc.

No podemos dejar de señalar el despropósito que significa que un país productor de alimentos deba dilapidar divisas en importarlos como estrategia para aplacar los precios. Lo anterior dice mucho de la irracionalidad con la que se organiza la producción en términos capitalistas y la necesidad de que sea planificada por la clase trabajadora en función de los intereses mayoritarios y no alrededor del ánimo de lucro de una minoría social.

Mención aparte merece el hecho de que el gobierno, que sostenía que la inflación “era siempre y en todo lugar un fenómeno monetario” y ese era su principal argumento para justificar el ajuste contra el pueblo, ahora se choca con la realidad del desmadre inflacionario que generó el golpe devaluatorio de diciembre y se ve obligado a improvisar falsas soluciones frente al descontento popular, como lo hacía el gobierno anterior.

El anuncio es ante todo una cortina de humo para intentar ocultar que el rumbo del gobierno sigue siendo inflacionario, dado que se esperan nuevos tarifazos en la electricidad, el gas y el transporte y más aumentos en el surtidor. Al mismo tiempo, finge tomar cartas en el asunto para lograr que las empresas bajen los precios en función de convencer a los trabajadores de que ellos también tienen que “poner su granito de arena” aceptando topes salariales a la baja.

Se trata de una extorsión inaceptable, ya que, por un lado, no es cierto que el aumento de salarios provoque inflación, a lo sumo le pone coto a la apropiación por parte de las patronales del valor creado por los trabajadores durante su jornada laboral. Que los capitalistas decidan subir los precios para incrementar su margen de ganancia no es culpa del trabajador. Además, el gobierno le aplica techos a las paritarias mientras la inflación sigue en ascenso, consolidando una enorme pérdida del poder adquisitivo del salario, que se traduce en una mayor tasa de beneficio para las empresas.

Rápidamente, la UIA, la cámara Pyme y la Copal (que nuclea empresas de la alimentación), salieron a rechazar esta apertura de importaciones indicando que “podría perjudicar la competitividad de los productores locales y representa un trato desigual para la industria”. Debemos alertar que, a partir de este contratiempo, los empresarios locales redoblarán la presión por una reforma laboral flexibilizadora con el argumento de “reducir costos”, a pesar de haberse beneficiado mediante la remarcación de precios.

Con todo, se vuelve urgente la necesidad de que las centrales sindicales llamen a un nuevo paro nacional y plan de lucha, en el camino de la huelga general para derrotar el ajuste e imponer una inmediata recomposición de los ingresos de la población trabajadora (salario mínimo de $691 mil y cláusula gatillo ajustada a la inflación mensual) y la defensa de los convenios colectivos de trabajo. Pongamos en pie una gran asamblea de trabajadores ocupados y desocupados, asambleas barriales y movimiento de la cultura para organizar esta pelea.

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