Aunque sectores afectados salieron con los tapones de punta, lo cierto es que el impuesto a la riqueza se viene licuando cada día que pasa. Es necesario tener presente que una parte de los bienes están valuados en pesos y los activos en moneda extranjera están valuados al dólar oficial. En la última reunión de la comisión parlamentaria que debe dictaminar sobre el proyecto, el kirchnerismo introdujo una modificación: el pago del gravamen ya no se hará sobre la base de las declaraciones de Bienes Personales al 31 de diciembre 2019, sino a partir de la fecha en que la nueva ley sea promulgada. Aun teniendo en cuenta este cambio, con el crecimiento de la brecha cambiaria el impuesto a pagar en dólares se reduce a la mitad. Por otra parte, el oficialismo volvió a ratificar que se tomará –para el cálculo de pago- los valores fiscales de los inmuebles –que representan, apenas, el 5 o el 10 % de los reales de mercado-, con lo cual el impacto del impuesto se reduce sensiblemente.

Solo en esta última semana, a partir de la implantación del supercepo, la brecha entre el oficial y el paralelo ha crecido un 10 por ciento más, de modo tal que el impuesto se evaporó en esta misma proporción. Los 300.000 millones de pesos se reducen a 2.000 millones dólares, será la octava parte de lo que se recauda por el IVA. Para no hablar de ingresos brutos o el impuesto a los combustibles que recaen sobre el bolsillo popular.

El impuesto no pasa de una suma irrisoria. Representa apenas un 60 por ciento de los 500.000 millones que van a entrar por la moratoria, que se ha hecho extensiva a los grandes contribuyentes. Los planes de facilidades se extienden a 10 años de manera que la deuda termina licuándose. Recordemos que gran parte de lo que se regulariza es en concepto de IVA y recursos de la seguridad social, o sea, no son ni siquiera recursos propios sino de terceros retenidos por las empresas a trabajadores y consumidores.

La impostura del impuesto puede verse también si lo comparamos con los 500.000 millones que el BCRA debe abonar por las Leliqs. A su vez, en el mes de agosto, aún con el diferimiento de pagos, el tesoro tuvo que gatillar 56.000 millones por intereses. Ni que hablar si la comparación se hace con los 5.000 millones dólares que se fueron de las reservas desde que subió Alberto Fernández para el pago de los vencimientos en dólares.

Recordemos que el impuesto a la riqueza fue recortado con respecto al proyecto original al excluirse a las “personas jurídicas” (léase empresas) y además, de conjunto, las ganancias y rentas tanto personales como corporativas -o sea, las utilidades de los bancos, las multinacionales, y empresas líderes. Inclusive, el tándem Alberto Fernández–Guzmán mantuvo durante largos meses este proyecto mutilado en la freezer a la espera del arreglo de la deuda de manera que nada interfiriese en el acuerdo con los bonistas.

El proyecto actual incluye el pago del impuesto por parte de aquellos que tengan domicilio fiscal en el exterior. Eso abarca grandes acaudalados, como Hugo Galperín dueño de Mercado Libre, Alejandro Pedro Bulgheroni de Pan American Energy Group (PAE) y Hugo Sigman de Grupo Insud, que están ubicados entre los primeros en el ranking de fortunas argentinas según la revista Forbes y que figuran como “residentes extranjeros”. Este hecho sobre el que se ha levantado la polvareda no altera, sin embargo, la ecuación pues se circunscribe el pago del impuesto por “los bienes que tengan el país” cuando es conocido que una parte importante de la riqueza se concentra afuera de las fronteras nacionales. Está en discusión si estarían afectados por el impuesto los activos radicados en el país a nombre de sociedades extranjeras. El oficialismo ha dejado las puertas abiertas para dar marcha atrás en ese punto. No hay que descartar que haya más concesiones al capital pues el proyecto va a coincidir con la discusión del presupuesto 2021, en el marco de las tratativas con que arrancan con el FMI y que planteen un horizonte de ajustes severos.

En este contexto, el impuesto a la riqueza puede terminar siendo prenda de negociación y moneda de cambio entre los diferentes bloque legislativos, tanto del oficialismo como de la oposición, y en las negociaciones con los gobernadores. Por fuera de Cambiemos, que adelantó que presentaría un dictamen rechazando el impuesto, Lavagna y su bloque han puesto reparos a algunas aspectos del proyecto advirtiendo que perjudicarían la inversión extranjera. Esto se une al lobby patronal que se viene haciendo escuchar. El gobierno de Alberto Fernández, recordemos, viene reculando cada vez que la burguesía le marca la cancha. Una película que puede repetirse, como ya sucedió con Vicentin, con la violación de la prohibición de despidos o la extorsiones patronales con la cuarentena para no ha hablar de los arrugues frente a los bonistas, que llevó a Fernández a ir cambiando las ofertas a la medida de las exigencias de los acreedores.

¿A dónde va el dinero?

Por otra parte, el dinero que se recaude ni siquiera tiene como propósito atender la pandemia y la crisis sanitaria. Para ese fin apenas está reservado el 20 por ciento, que hay que ver cuándo estará disponible ya que la crisis sanitaria arde ahora y el sistema está colapsando con el aumento explosivo de la curva de contagios.

El grueso está destinado al subsidio al capital. La tajada del león se la llevaría YPF (como es sabido, se trata de una sociedad que cotiza en la bolsa de Nueva York y en la cual el 49 % de sus acciones está en manos privadas) ya que el 25% de lo que ingresaría por este proyecto iría a subsidiar la producción de gas. Con esto volvemos al punto de partida, porque lo único que importa al gobierno de Alberto Fernández es que no se fuguen dólares por importación de gas en el próximo invierno, con la mira puesta en que ya empezarán a regir los vencimientos de la deuda renegociada. Este esquema de subsidios a la producción se complementa, recordemos, con la habilitación a las distribuidoras para descargar tarifazos sobre los consumidores.

Otro 20% iría para cubrir la ATP a pequeñas y medianas empresas que, como se sabe, da pie para todo tipo de maniobras y manejos turbios y discrecionales en un contexto en que las cuentas y movimiento de empresas escapan a cualquier tipo de control. No nos olvidemos que las Pymes son en muchos casos tercerizadas de las conglomerados económicos líderes o, directamente, satélites encubiertos de estos (cluster), de modo tal que el subsidio reduce los costos de la cadena de valor y el beneficio va a parar al bolsillo de los grupos empresarios.

Estamos, resumiendo, frente a una transferencia de ingresos intercapitalista. Este se inscribe dentro del “plan pospandémico” que comprende la reducción de las cargas sociales a las patronales y el otorgamiento o prolongación de subsidios ya en vigencia.

El impuesto a la riqueza es simplemente un taparrabos del ajuste que está en marcha. Los recursos fiscales que busca recolectar el gobierno tienen como destino principal el pago de la deuda y están atados a poderosos condicionamientos de carácter colonial para la economía del país. De modo tal que más allá de la demagogia oficial, el impuesto a la riqueza no escapa a este entramado. La recaudación que se obtenga dejará liberados fondos que serán redireccionados para hacer frente a los compromisos con los acreedores y oficiar de garantía de repago de la deuda, que es lo que reclama el gran capital internacional.

El superávit va a salir nuevamente del bolsillo popular, o sea, sobre el “hambre de los argentinos”. Después de tanta alharaca sobre la necesidad de poner fin al carácter regresivo de la estructura impositiva, el gobierno tiene en carpeta la ampliación del impuesto al salario y el pago de los monotributistas y una rebaja de las cargas patronales. En cambio, está fuera del radar nac & pop la abolición -o, al menos, la atenuación- de los impuestos al consumo. Ha pasado relativamente desapercibido el hecho de que el impuesto a las rentas financieras ha quedado prácticamente abolido y el gobierno de Fernández ha terminado de darle el golpe de gracia a este propósito que ya empezó en la época de Macri. De modo tal que intereses y rendimientos de títulos públicos y obligaciones negociables privadas nacionales han quedado liberados de la carga del impuesto.

El deshilachado proyecto oficial realza aún más la iniciativa del Frente de Izquierda que presentó hace cuatro meses un verdadero proyecto de impuesto a las grandes fortunas y rentas capitalistas del país. Con él se podrían recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares –diez veces más que el proyecto oficial-, y los fondos serían puestos bajo control de los trabajadores (de la salud, de universidades, la Afip y el Instituto de la Vivienda) para garantizar que sean asignados al sistema sanitario, a un salario mínimo de cuarentena de 30.000 pesos y a la primera etapa de un plan de construcción de 100.000 viviendas por año; es decir, apunta a atacar efectivamente las causas sociales de la grave crisis sanitaria en curso. El proyecto se inscribe en la lucha estratégica por una reorganización integral del país sobre nueva bases sociales bajo dirección de los trabajadores que debe partir del cese del pago de la deuda, la nacionalización de los bancos y los recursos y palancas claves de la economía del país y el control y gestión obrera.

Redoblemos, en la semana que queda antes de que antes de que se lleve al recinto el proyecto oficial, la campaña por el apoyo del proyecto del FIT, que reunió miles de adhesiones en el movimiento obrero y popular.