Estas fueron las palabras del economista Carlos Melconian lo cual, viniendo de un ex funcionario que revistió en las filas del macrismo, es toda una confesión. A diferencia de algunos representantes de la oposición que han salido a despotricar, el sincericidio del hombre pone las cosas en su lugar.

El comentario de Melconian no tiene nada exagerado. De acuerdo con los trascendidos, el impuesto reportaría unos 3 mil millones de dólares. Es decir, apenas un 0,80% del PBI, una cifra magra comparada con el monto de dólares por una cifra casi similar que se fue en marzo -o sea, en un solo mes-, por el pago de la deuda. Ni hablar con la sangría de los 14.000 millones de dólares que ya pagó por amortización e intereses en ese concepto, desde que asumió Fernández su mandato. 

El impuesto, como lo han adelantado algunos medios, alcanzaría a 15.000 personas más acaudaladas y sería del 1 ó 2 por ciento sobre su patrimonio. Esto es un aporte simbólico, si tenemos presente que la revista Forbes viene de publicar un listado de más de una decena de empresarios argentinos cuyo patrimonio supera los 1.000 millones de dólares. Sus fortunas son mayores, pues no todo está declarado y permanecen en paraísos fiscales, a lo que habría que agregar otra franja más cuyo patrimonio está menos al descubierto. 

Partiendo de este panorama, salta a la vista que el gravamen termina siendo un fraude, con más razón si tomamos en cuenta que los bienes que se declaran se encuentran subvaluados y, lo más importante, muchos de ellos han sido traspasados a sociedades de modo tal de evadir o disminuir el impacto impositivo. Por otro lado, los bienes que poseen argentinos en el exterior se calculan en 400.000 millones de dólares, de los cuales solo un 25% ha sido blanqueado. La Afip acaba de anunciar que han detectado 2.600 millones de dólares en cuentas no declaradas o con sumas mayores a las declaradas. Esto es apenas la punta del iceberg. Estas inversiones negras obviamente no van a ser afectadas por el nuevo impuesto. 

La recaudación del impuesto a los bienes personales venía siendo minúscula, apenas un 0,5 del PBI. Los ingresos fiscales mayoritariamente provienen de impuesto al consumo, empezando por el IVA -es decir, recae sobre el bolsillo popular. El 0,8 del impuesto que se está barajando, sumado al 0,5 anterior, llevaría el total del impuesto al patrimonio al 1,3 por ciento, una distancia abismal con el 8% en concepto de IVA, por el que se recaudan anualmente alrededor de 32.000 millones de dólares -o sea, una relación de 6 a 1. Para el reconocido tributarita César Litvin, se trata de “una medida más política que recaudatoria, por tratarse de un tributo cuya recaudación bruta representó apenas 0,3% del PBI y sólo 0,5% de la recaudación total de impuestos nacionales”.

Cortina de humo 

El gravamen es apenas una cortina de humo para encubrir la sangría gigantesca de recursos que se está yendo para pagar la deuda. En lugar de ir a combatir la pandemia, la emisión que está haciendo el Estado nacional viene financiando la fuga de capitales y la corrida hacia el dólar, que es lo que explica el actual salto devaluatorio y rebrote inflacionario (ver artículo “El dólar arriba de los 100 pesos”). La sanción de este impuesto retrucho a la riqueza no va unido a ningún intento por cortar esta hemorragia. En este contexto, el nuevo gravamen, con el pretexto de la pandemia, va a ser un instrumento para juntar recursos para atender los compromisos con los acreedores. No olvidemos que es el propio FMI quien viene alentando el aumento o creación impuestos y abrir paso a un superávit que permita hacer frente a los vencimientos de capital e intereses que el país tiene por delante. Esto también tiene el guiño de los bonistas. El gobierno ha postergado el pago de la deuda en dólares en legislación local (reconociendo el 100% de la misma, sin quita), pero mantiene el pago de la deuda en pesos y la deuda en dólares bajo ley extranjera. 

En medio de esta puesta en escena, no nos debe sorprender que el impuesto “patria” haya terminado deshilachándose. Laderos de izquierda del gobierno, que hoy forman parte de la bancada oficialista, agitaban las aguas planteado no solo de una fuerte imposición al patrimonio personal sino a las rentas, incluidas las ganancias de las empresas. Toda indicaría que este último aspecto ha quedado excluido, con lo cual han quedado fuera del gravamen las ganancias de bancos, mineras y cerealeras, que han amasado superbeneficios y rentas extraordinarias en la última etapa. La redacción final del proyecto ha quedado en manos del titular del Credicoop, Carlos Heller. En manos de un banquero, es la mejor garantía de que del impuesto a la riqueza sólo va a quedar el nombre.