El Consenso Fiscal firmado entre presidente Alberto Fernández y la mayoría de los gobernadores abre la puerta para la incorporación de impuestos provinciales a las donaciones. Se trataría de una nueva confiscación indiscriminada, que encarece las trasmisiones gratuitas de bienes entre familiares y que dificulta el acceso a programas y créditos para la vivienda.

Se trata de un impuesto que afectaría principalmente a la transmisión gratuita de bienes inmuebles, algo que había recobrado lugar luego de la sanción de la Ley 27.587, la cual le otorgó mayor seguridad jurídica a los inmuebles adquiridos por medio de donaciones.

La “donación en vida” es uno de los mecanismos más utilizados para adelantar la sucesión de los bienes familiares, evitándose los costos, tiempos y dificultades de un eventual proceso sucesorio. Se estima que más del 50% de los inmuebles tienen como antecedente un título de donación.

Actualmente, solo la provincia de Buenos Aires cuenta con un impuesto de estas características (Impuesto a la Trasmisión Gratuita de Bienes), para las herencias y donaciones, desde el 2011, el cual grava las donaciones superiores a $1.344.000 (todo inmueble básicamente) para el caso de padres, hijos o cónyuges, y para otros parentescos o “conocidos” desde los $322.800, con alícuotas que van desde 1,6 hasta 6,4% (herencias de $78 millones en adelante).

En Entre Ríos se había dispuesto un impuesto de estas características, pero el gobierno debió dar marcha atrás debido a su fracaso.

La donación de bienes inmuebles supone un procedimiento más simple y menos costoso, donde solo interviene un escribano, y es aplicado para distintos propósitos sociales y patrimoniales, tanto sea para adjudicar previamente los bienes hereditarios, como para realizarse donaciones entre los propios herederos –lo cual podría suponer una operación de compraventa- e incluso en procesos de disolución de la sociedad conyugal o en acuerdos ente concubinos y/o convivientes.

Este mecanismo ha ganado adhesión justamente por resultar se más simple y más barato que un proceso sucesorio o una operación tradicional de compraventa, la cual se encuentra gravada por otros impuestos, como Sellos, Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles e Impuesto a las Ganancias, de pendiendo el caso.

En muchos casos se trata de ofrecer alguna seguridad jurídica a familias que han construido sus hogares en terrenos o viviendas de sus familiares, y que pretenden acceder a créditos hipotecarios y/o programas para la construcción y ampliación de sus viviendas.

La propuesta de Alberto Fernández se funda en perseguir todo aumento de la riqueza obtenido a título gratuito –aunque en gran parte de los casos se trate de la formalización de una situación de hechos preexistente; sin embargo, esta circunstancia ya se encuentra contemplada por el impuesto sobre Bienes Personales, el cual grava el patrimonio total de cada individuo, pero por la tenencia. Por esto los especialistas en la materia han señalado que estaríamos ante un supuesto de doble imposición tributaria.

También esto podría acarrear conflictos interjurisdiccionales, ya que para el caso del único supuesto vigente (Buenos Aires) la imposición corresponde tanto si el bien donado se encuentra en dicho lugar o si estando en otra jurisdicción el beneficiario posee domicilio en la provincia.

La generalización de un impuesto de estas características, solo con fines recaudatorios, en medio de la agenda del FMI y las pautas de “ahorro” de Guzmán, incluso podría devenir en un encarecimiento de las propiedades y la vivienda debido a las traslado del mismo, lo cual haría aún más imposible una operación de compraventa que ya se calcula en un costo adicional del 10%, entre honorarios de escribanía, inmobiliaria, impuestos e inscripción.

Rechazamos la implementación de impuestos indiscriminados que graven las donaciones y herencias anticipadas para las familias obreras, confiscando los escasos recursos y patrimonios de los trabajadores. Más aún cuando los capitalistas gozan de grandes exenciones impositivas y evaden impuestos con cuentas offshore, y cuando lo recaudado irá parar directo a las arcas del FMI y el capital financiero.

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