Las dilaciones oficiales para el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas en el Congreso cuentan con un nuevo capítulo. La delicada situación sanitaria, producto del avance de la pandemia, y las críticas de la oposición a las sesiones virtuales son parte de los argumentos esgrimidos para postergar de manera indefinida el tratamiento del proyecto en cuestión. Sin embargo, estos motivos no parecen válidos a la hora de tratar las moratorias cuyos principales beneficiarios son las grandes empresas. El auxilio a los “pequeños comercios” es un taparrabos para hacer pasar este nuevo subsidio al gran capital.

Lo cierto es que, tras tres meses de postergación, la iniciativa de Fernández para que aporten “los que más han ganado” no ha podido superar la primera prueba. Desde el oficialismo admiten que existen dos trabas de fondo para avanzar en el debate: por un lado, la postergada renegociación de la deuda y, por el otro, el carácter del gravamen propiamente dicho, que es resistido incluso por miembros del bloque oficial. Entre los sectores críticos se encuentra el presidente de la cámara, Sergio Massa, y el diputado José Luis Gioja, este último más partidario de una “contribución única de carácter patriótico” que de crear un nuevo impuesto.

Con esta postergación, el gobierno intenta transitar sin mayores sobresaltos una trabada negociación con los bonistas, que suma una nueva capitulación tras la última oferta presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Aún sin respuestas, estamos lejos de llegar a un desenlace. El gobierno debe lidiar con las amenazas de litigios judiciales y la creciente extorsión de los BlackRock antes de poder dar un cierre a la reestructuración de la deuda.

El mal llamado “impuesto a las grandes fortunas” lejos está de constituir una herramienta eficaz para gravar a quienes más tienen. La propuesta oficial, que exime a fideicomisos, fondos comunes de inversión, sociedades y empresas privadas o mixtas, abarca a un universo de no más de 12.000 personas físicas y jurídicas y, tomando como base imponible su devaluado patrimonio declarado, pretende recaudar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, por debajo de la emisión monetaria de solo un mes. Se trata de una medida que pareciera inocua cuando se derrumba la recaudación fiscal, alcanzando un 16,2% en junio, quinta baja consecutiva (Infobae, 7/7).

Sin embargo, si es que se termina aplicando, la iniciativa oficial podría constituirse en un reaseguro para responder a las exigencias de los acreedores internacionales. Las contradicciones estallan por todos lados. Una de las pujas en danza dejaría exentos no solo a las empresas sino también la tenencia de títulos de deuda. De esta forma, el gobierno se gana la adhesión de una parte del capital, puesto que, en última instancia, cualquier ahorro presupuestario que libere recursos para el pago de deuda será bien recibido por los bonistas, lubricando un acuerdo con el FMI, que pretende hacer extensivo el ajuste sobre una parte de la burguesía nacional.

En cualquier caso, la medida que pretendía hacerse de fondos extraordinarios para invertir en salud en plena pandemia se ha revelado como un verdadero fiasco, justo en momentos donde se agudiza la crisis sanitaria y crece exponencialmente la curva de contagios.

Un nuevo subsidio al capital

La postergación del extremadamente limitado proyecto se combina ahora con una moratoria que constituye una nueva vía de subsidios indirectos al gran capital. La misma abre, por un lado, una veta de financiamiento empresarial con los recursos de trabajadores y contribuyentes (puesto que los fondos en cuestión provienen mayoritariamente del IVA y recursos de los seguridad social) y, por otro, licúa la deuda de las empresas con un plan de pago a diez años, que a su vez podría ser incorporado en nuevas moratorias.

Con paritarias congeladas, el carácter no remunerativo del salario por suspensiones y la reducción o eximición de aportes patronales, esta nueva moratoria se suma a la batería de subsidios indirectos que fue otorgando el gobierno de Fernández ante las extorsiones de las patronales. Estamos ante un brutal ataque a la clase obrera argentina, que es apenas una prueba piloto para avanzar en la línea que demanda todo el arco patronal, la reducción del “costo laboral” o, lo que es lo mismo, imponer la reforma laboral como parte de las “reformas estructurales” exigidas por el FMI en el marco de la negociación de la deuda.

La demagogia del gobierno “nacional y popular” queda cada vez más al desnudo. Mientras se habla de reformar el actual sistema tributario regresivo, lo cierto es que se sigue otorgando subsidios directos (ATP) e indirectos a las patronales -o sea, “los que más tienen”. Entretanto, las presiones de la UIA por la reforma tributaria no cesan. En un documento, “Hacia una nueva normalidad: propuestas para la reactivación productiva”, los sectores productivos demandan una simplificación del sistema tributario argentino que hoy cuenta con 166 impuestos, lo que no es más ni menos que quitar aún más presión tributaria sobre los sectores productivos y las “grandes fortunas”. En nombre de la defensa del empleo, la UIA brega por la eliminación de ingresos brutos, una gran impostura en un país que ya ha perdido casi 400.000 puestos de trabajo en lo que va del año, pese al festín de subsidios otorgado por los gobiernos.

Lo que está en juego es quién va a pagar los costos de la bancarrota nacional. En este sentido, el proyecto que plantea un verdadero gravamen a las grandes fortunas, presentado por el Frente de Izquierda en el Congreso, ofrece una vía de financiamiento progresiva y fija una orientación política de salida a la crisis en defensa de los intereses de las y los trabajadores. Este proyecto, que ya cuenta con el apoyo de más de 3.000 activistas obreros, delegados clasistas y luchadores populares, empalma con los reclamos que se recrudecen en todo el país ante la desintegración del salario frente a la inflación, los despidos crecientes y atropellos patronales de todo tipo, funcionando como un respaldo político para desenvolver sus reclamos.

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