Sergio Massa, sorprendió con el proyecto de ley fijando un piso en el Mínimo No Imponible (MNI) del Impuesto a las Ganancias para salarios que no superen los $150 mil mensuales brutos, es decir, un sueldo neto de $123 mil.

Digamos de entrada que es apenas un 25% de incremento del MNI que rige hoy para un trabajador casado. Por otra parte es un piso, no un nuevo mínimo de toda la escala, que sigue sin variantes. Y agreguemos de inmediato que el piso será estable al menos en 2021 y por lo tanto, con el correr de los meses, la firma de las paritarias y la entrada en vigencia de cuotas incluso ya establecidas, esa diferencia se irá angostando.

El salario no es ganancia

Con una inflación prevista por el propio Banco Central (Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas) de un redondo y enorme 50%, se advierten los límites del proyecto. La cifra que informó AFIP de 1.267.000 aportantes que quedarían por debajo del piso, es por lo tanto una foto de hoy, que irá disminuyendo con el correr de los meses.

En los escuetos cinco artículos no se establece actualización del piso propuesto. Seguirá la movilidad establecida en la ley vigente, pero no para el nuevo piso propuesto por gobierno, sino para toda la escala que parte de mucho más abajo: $74.810 para solteros y $98.963 para casados. Esto es lo que le da un definido carácter electoral, o sea una disposición que tendrá vigencia esencialmente en 2021, un año que empezó con 2,3 millones de asalariados y jubilados pagando Ganancias.

Como ya pasó en 2013, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pierde las elecciones y echa lastre elevando el MNI, se trata de una reacción de tipo electoral que no altera la cuestión de fondo, ya que los salarios no son ganancia y no deben pagar este impuesto. Dicho de otro modo, la cuarta categoría es una injusticia tributaria que completa el carácter regresivo del sistema impositivo argentino, donde hasta los desocupados pagan IVA, Ingresos Brutos, el impuesto al cheque o a los combustibles, todos los cuales van a los precios.

En una Argentina donde el promedio salarial en blanco ($66.000) apenas supera la línea de pobreza ($57.000 en enero), lo que indica que si computamos el 38% de informalidad ese promedio está debajo de esa línea, aplicar Ganancias a partir de $74.000 es confiscatorio.

Cabe entonces la pregunta ¿Viene el proyecto de Sergio Massa a corregir semejante distorsión? No, se trata apenas de una nueva maniobra de corto alcance para mantener el concepto que el kirchnerismo ha sostenido contra viento y marea: que estaríamos frente a un impuesto progresivo para ayudar a los pobres. En realidad se trata de un impuesto fuertemente regresivo cuando la canasta familiar verdadera que han calculado algunos sindicatos y la organización de trabajadores del INDEC, cerró diciembre en unos $95.000, cifra por la cual luchó el gremio aceitero en una huelga que se extendió por 22 días en diciembre pasado. Y su destino, como buena parte de los impuestos nacionales, es el repago de la deuda pública. Algo muy caro al FMI, que es quien monitorea las cuentas y delinea tras bambalinas la futura política económica.

Párrafo aparte merece la cuestión de Ganancias en las jubilaciones, sobre las cuales se coloca un piso de 8 (ocho) mínimas para empezar el descuento. Aquí también hablamos de un parche que insiste en un gravamen completamente inconstitucional, porque se trata de una doble imposición, en tanto y en cuanto la jubilación es un salario diferido basado en los aportes obrero-patronales durante toda una vida sobre salarios que ya tributaron Ganancias.

A esta altura de nuestro análisis corresponde señalar una contradicción flagrante. El sistema salarial argentino está plagado, cada día más, de las llamadas cifras no remunerativas, o sea que no tributan aportes previsionales. Sea por paritarias que disponen ese tipo de importes, por el enorme abanico de exenciones de aportes a Pymes, a empresas de salud o turismo por pandemia, etc. Esas cifras no remunerativas, en cambio tributan Ganancias.

La lucha para terminar con el bien bautizado “impuesto al salario” se ha convertido en una reivindicación que alcanza a una masa de trabajadores. Y, naturalmente, debe estar asociada a la lucha general del movimiento sindical por paritarias libres y un mínimo equivalente a la canasta familiar.

Uno de mis primeros proyectos presentados al ingresar el PO con el Frente de Izquierda en Diputados, ha sido la Abolición del Impuesto al Salario. Romina Del Pla lo representó el 9 de diciembre pasado. Nueve días después, el clasismo, a partir de un plenario convocado por el Sutna (Neumático) en Pilar unos días antes, movilizó masivamente a Plaza de Mayo incluyendo terminar con el Impuesto al Salario entre los cinco reclamos centrales.

El Proyecto del Partido Obrero elimina directamente el gravamen sobre los salarios y jubilaciones. No obstante, mantiene una categoría para sueldos gerenciales y/o de altos funcionarios públicos que hoy tendría que tener un MNI de unos $250000 y ser actualizable por inflación. En el mismo sentido hemos bregado por eliminar las jubilaciones de privilegio, como las que goza Cristina Fernández y una alta casta judicial.

Abierto el debate, insistiremos en el parlamento y en el movimiento sindical en la dirección de la abolición del regresivo “impuesto al salario”.

https://prensaobrera.com/politicas/el-proyecto-de-massa-sobre-ganancias-es-pan-para-hoy-y-hambre-para-manana/

https://prensaobrera.com/politicas/como-enfrentamos-la-desocupacion-y-la-miseria-salarial/