27/05/2021
Editorial

Impulsemos un programa para intervenir frente a la catástrofe sanitaria y social

Los que nos gobiernan desde hace décadas son los responsables.

El centro de toda la situación pasa sin dudas por la evolución de la pandemia que coloca al país al borde de una verdadera catástrofe sanitaria. Lo peor aún no llegó. Toda la política diseñada por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales fracasó en contener la propagación del coronavirus y de impedir un costo de vidas y de salud de proporciones dramáticas.

El gobierno no puede argumentar haber sido sorprendido. La inminencia de una segunda y tercera ola fue anticipada por los países del hemisferio norte, e incluso se supo de la aparición de nuevas y más virulentas cepas del virus.

Los capitalistas a través del PJ-kirchnerismo y de la oposición han fijado una orientación con los resultados que estamos padeciendo, los trabajadores tenemos que fijar la nuestra.

Vacunas

Choferes del transporte urbano, camioneros del comercio internacional, docentes, portuarios, trabajadores de comedores populares, entre otros han salido a la lucha reclamando ser vacunados.

Es que la franja etaria más afectada por los contagios está entre quienes van de los 30 a los 39 años y luego por escasa diferencia los de 20 a 29 seguidos muy de cerca por los de 40 a 49; a la par están creciendo las muertes en personas menores de 60 años. Los datos reflejan que se contagia, fundamentalmente, la población económicamente activa.

Sin vacunas, con protocolos en los lugares de trabajo acomodados a las necesidades de las patronales, sin invertir en bioseguridad, con hacinamiento en el transporte y con un porcentaje del 40% de trabajadores informales, las condiciones para la propagación del virus están servidas.

El gobierno ha dividido a los trabajadores en esenciales y no esenciales, privilegiando la vacunación a los primeros (aún incompleta), pero la categoría de esencialidad es arbitraria. Mientras se declara una larga lista de actividades que pasan a ser esenciales por presión de los capitalistas para así mantenerlas produciendo incluso en un cuadro de restricciones, no se usa el mismo criterio para la prioridad en el acceso a la vacunación. El caso de la fábrica Acindar de Villa Constitución es emblemático: el 23% de sus trabajadores ya se contagió por lo que la Comisión Interna de la fábrica salió a reclamar que sea vacunado todo el personal.

Lo cierto es que no hay vacunas para quienes reclaman, y la responsabilidad es del gobierno. Primero, fue avaro a la hora de comprarlas, de cumplirse el total de los contratos solo se cubriría con las dos dosis al 75% de la población cuando para lograr una probable “inmunidad de rebaño” se requiere como mínimo el 80%; la mayoría de los países contrató por una provisión que superara con los dos dosis en un 50% a su población. Segundo, apostó fuerte al acuerdo con AstraZeneca, motorizado por la relación con Hugo Sigman, dueño del laboratorio mAbxience. AstraZeneca no cumplió con el contrato a pesar que la planta de Sigman en Pilar produce el principio activo, el cual salió del país sin que retornaran las vacunas. Lo concreto es que a la fecha las dosis distribuidas para su aplicación están cerca de los 12,7 millones pero solo a 2.450.000 se les aplicó las dos dosis, es decir, que el retraso es enorme. Faltan casi 9 millones de segundas dosis.

El gobierno ha anunciado la llegada de nuevas partidas entre ellas cerca de 4 millones de AstraZeneca, el primer envío de las 22,4 millones compradas (y el 60% pagado). Mientras el gobierno espera que complete lo acordado negocia contrarreloj con otros laboratorios, en un cuadro por demás precario. Las vacunas “sobran” en EE.UU. y algunos otros países, pero solo el 10% de la población mundial está vacunado. La producción y el reparto de la vacunas están sometidos al interés comercial de los laboratorios y a la propia guerra comercial que enfrenta a EE.UU., Europa y China.

Hay otro tema a resolver: la logística del operativo de vacunación, que ya revela problemas. En el medio de la sequía de vacunas el 12% de las dosis distribuidas no se aplicó aún, sin mayores explicaciones. Las causas van desde la falta del personal y de infraestructura para proceder con rapidez (nuevamente el escaso presupuesto) hasta la manipulación. El gobierno de Misiones tiene aún un 23% de lo recibido sin aplicar, a pesar de que en los últimos días aceleró la vacunación. En unos días hay elecciones en la provincia y el gobierno es consciente que recibir las vacunas modifica a su favor el humor popular. Esta especulación está también presente en el manejo del cronograma nacional de elecciones.

El colapso del sistema de salud

El crecimiento de contagios ya puso de manifiesto la precariedad del sistema de salud cuando aún no repercutió plenamente sobre el mismo la última crecida de los contagios. El colapso, es decir la incapacidad de atender a quienes lo requieren, ya está presente en varias provincias y localidades. La extensión territorial de los contagios, con prácticamente todo el país como zona roja, hizo estallar un sistema que ya estaba en una fuerte crisis. Cada día se suman más y más centros de salud a la larga lista de que quienes tienen el 100% de su capacidad ocupada. Las escenas que laceran, como la de la joven santafesina durmiendo en el piso, empiezan a ser más habituales. La llegada del frío agrava el panorama.

Los reclamos por falta de personal, y ligado a esto los bajos salarios y la precarización laboral, así como de elementos (camas, oxígeno, etc.) involucran a todos los trabajadores de la salud. Y es el motor de luchas como las de Neuquén. Todo ello tiene que ver con la falta de recursos.

El presupuesto 2021 se votó en el Congreso Nacional en el mismo momento que la segunda ola arreciaba en el Norte, sin embargo no prevé partidas especiales para atender lo que se venía; ya sea para asistir económicamente a quienes no tuvieran las condiciones para enfrentar restricciones a la actividad y ni tampoco para “fortalecer” el sistema de salud. Por el contrario las partidas para esa finalidad se redujeron en términos reales. Parte de los firmantes de la declaración solicitando que el gobierno privilegie la salud en las negociaciones con el FMI votaron en el Congreso la ley de presupuesto que recorta los fondos para salud y otros rubros para reducir el déficit fiscal tal como pidió el FMI, y cumplir con los pagos de la deuda usuraria. Otros, como los burócratas sindicales, que no lo votaron porque no son legisladores, lo hacen cumplir a rajatablas firmando acuerdos salariales que respetan una meta inflacionaria del 29%. La impostura y la perfidia dominan a la mayor parte de los firmantes.

Restricciones… a los trabajadores

El agravamiento de la situación obligó al gobierno a disponer una serie de medidas destinadas a restringir la circulación. A las mismas adhirieron está vez gobiernos del oficialismo y de la oposición. Aunque es una clara confirmación del fracaso de todo lo que se venía desarrollando, las improvisadas medidas no van a dar vuelta la situación.

Bien miradas son ineficaces. Es por un período corto que no respeta los 21 días que recomiendan los especialistas para efectivamente cortar la trasmisión. La actividad económica se mantiene a niveles altos, es decir, que cientos de miles de trabajadores siguen yendo a sus lugares de trabajo ya que los gobiernos son generosos a la hora de declarar la esencialidad de una actividad o hacen la vista gorda si se violan las restricciones. No hay recursos para que se queden en sus hogares quienes no tienen un ingreso asegurado.

Una vez pasado estos nueve días (3 hábiles) las restricciones serán solo para aquellas horas de la semana que un laburante dedica al esparcimiento: fines de semana, después de las 18 horas o feriados. Del trabajo a casa y de casa al trabajo, para quienes dispongan de ambos; los demás, condenados al rebusque.

Una política capitalista

Las razones de esta situación saltan a la vista. En el manejo de la pandemia, como en el resto de las cosas, domina el interés de los capitalistas. Al sostenimiento de la producción a toda costa, al aval a los avances en la precarización laboral y el aumento de los ritmos de producción, a la falta de exigencia en protocolos de bioseguridad, se suman la transferencia directa de fondos a la clase capitalista que salen de lo que se quita a la lucha contra el Covid, al sostenimiento de las familias empobrecidas, etc.

El gobierno destinó durante 2020 unos $917.793 millones en partidas específicas para el Covid-19; en 2021 la cifra descendió a $94.556 millones que es mucho menos del 10% en términos reales (inflación mediante), luego lo amplió a $164.591 millones. Ahora Fernández cuando decretó las nuevas medidas habló de $ 480 mil millones donde se suman anuncios anteriores, es decir, que no es plenamente una nueva inversión. Muchos de esos fondos son aportes directos a las patronales. Fernández dijo que eso salía del “aporte solidario” de las grandes fortunas, lo que falso porque el 50% de los 223 mil millones vuelven a los capitalistas por otras vías. Los fondos siguen saliendo de la Anses (o sea, del aporte de los trabajadores).

Este retaceo de fondos en el medio de la pandemia y la catástrofe es opuesto a lo que recibieron los capitalistas. Solo de intereses de los bonos Leliq y los Pases el gobierno pagó en lo que va del año el 83% de los 480 mil millones que anunció AF, a razón de aproximadamente 100.000 millones por mes. Todo ello para alimentar una especulación que se está convirtiendo en una bomba capaz de estallar: ya superó los $ 3,4 billones, 40% más que la base monetaria.

Mientras le retacea fondos a la lucha contra el Covid el gobierno le pagó puntualmente al FMI U$S 3.415 millones y así y todo le debemos más que antes: U$S 46.067 millones, contra los U$S 44.000 que dejó Macri.

Cualquiera que siga la ruta de los dólares que entraron por los altos precios de la soja encontrará que fueron a parar a los mismos bolsillos.

Una política de los trabajadores

¿No está más que claro que es la orientación capitalista de la política oficial la que da vuelo a la catástrofe sanitaria que padecen los habitantes de este país? Es la misma orientación que ha llevado la pobreza al 46% y una caída brutal en las condiciones de vida.

En esta política está embarcado el triunvirato gobernante (Alberto, Cristina y Massa) y la oposición nucleada en Juntos por el Cambio.

A esa política le oponemos el impulso a fondo de la lucha por cada reivindicación y un programa:

  • Ampliación de las camas de terapia intensiva y respiradores, con el personal especializado necesario.
  • Plan de vacunación bajo control del personal de salud. Intervenir el Laboratorio mAbxience, ampliando su producción y disponiendo el envasamiento en la capacidad nacional instalada pública y privada.
  • Suspensión de las clases presenciales en los distritos donde el semáforo epidemiológico está en rojo. Que el Estado disponga los elementos de conectividad, wifi y compus necesarios para que ningún estudiante quede afuera del sistema.
  • Protocolos obreros, testeos masivos y aislamiento de contactos estrechos en los lugares de trabajo, paralizando todas las actividades que sea necesario bajo control de los trabajadores.
  • Prohibición absoluta de despidos. Salario mínimo de $60.000, paritarias sin techo, cláusulas gatillo. Por un seguro al parado y a todas personas sin ingresos de $40.000. Por un aumento de emergencia de $15.000 a los jubilados.
  • Centralización del sistema de salud, bajo control del personal de salud. Satisfacción de todos los reclamos del personal de salud en materia de salarios y nombramientos.
  • Financiamiento del plan contra la pandemia mediante el no pago e investigación de la ilegítima y usuraria deuda externa, ruptura con el FMI y un verdadero impuesto progresivo a las grandes rentas, fortunas, bancos y propiedad terrateniente, de carácter permanente.

Las diferencias y peleas entre oficialismo y oposición (y dentro de cada uno de ellos) reflejan la defensa de intereses y negocios que enfrentan ocasionalmente a diversos grupos capitalistas, por un lado, y por el otro la necesidad de ocupar todo el escenario político e impedir que la verdadera grieta, la que existe entre los intereses populares y los que todos ellos defienden, salte a la luz porque eso sería el resultado de un protagonismo de los trabajadores. En la huelga de la salud de Neuquén estuvieron del mismo lado, lo mismo en la lucha de los docentes, en los reclamos salariales, en la lucha de los piqueteros, siempre del lado opuesto a lo de los trabajadores.

Pero esta situación es precaria, América Latina es un caldero donde las rebeliones populares están poniendo en jaque a los gobiernos y se producen virajes políticos como ha quedado de manifiesto en las recientes elecciones chilenas.

Sobre esta base es que impulsamos un congreso del FITU, para que el reiterado fracaso de los mismos que gobiernan desde hace décadas alumbre una salida, dé un impulso a la acción y a la estructuración política independiente de los trabajadores.

Que se haga visible la verdadera grieta.

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