El juicio por la inundación de La Plata del 2 y 3 de abril de 2013, que causó al menos 89 muertes y enormes destrozos en toda la ciudad, empezó y terminó el pasado 6 de marzo. El único imputado por la muerte de al menos 89 persona fue condenado a pagar una irrisoria multa de 12.500 pesos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año.

Este viernes se conocerán los fundamentos de este fallo que sella la impunidad de un verdadero crimen social.

Los únicos acusados eran Sergio Daniel Lezana y Miguel Ángel De Lorenzo, titulares de Defensa Civil del Municipio y de la Provincia, respectivamente, a la fecha de los hechos. Por el fallecimiento del segundo, Lezana fue el único juzgado, “condenado” en un juicio abreviado.

Con este juicio se cierra el entramado de impunidad. En primera instancia, el fiscal Paolini -y por su intermedio todo el Ministerio Fiscal- durante la etapa de instrucción, primero intentó cerrar la causa, y ante la presión que generaron las asambleas de inundados emitió un dictamen donde restringió la imputación a dos funcionarios de bajo rango, dejando fuera del banquillo a los principales responsables políticos: el ex gobernador Daniel Scioli, el ex intendente Pablo Bruera, el ex Ministro de Infraestructura Alejandro Arlía, el ex Ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, el ex Ministro de Salud Alejandro Collia, el ex Jefe de Gabinete Municipal Santiago Martorelli, el ex Secretario de Gestión Pública Enrique Sette, todos quedaron exentos de cargo alguno. Otro aspecto por el cual las asambleas de inundados de los barrios Tolosa y Castelli realizaron un planteo de nulidad fue la participación del Municipio como particular damnificado, de forma oportunista, colocándose la misma parte acusado y acusador.

Por nuestra parte, denunciamos que el juicio abreviado -concedido por la jueza Guergo- servía para que las víctimas no fueran escuchadas, evitando que demuestren la responsabilidad penal de los mayores responsables políticos, por las implicancias que tendría en la causa anexa que todavía está en instrucción. En esa causa volveremos a pedir la indagatoria de todos ellos.

Es sugestivo que el gobierno de Cambiemos haya continuado esta línea de impunidad. Es la confesión de que el intendente Garro ha perpetuado la entrega de la ciudad a la especulación inmobiliaria y sostenido el Código de Ordenamiento Urbano (COU), la normativa municipal que llevó al colapso urbano que derivó en la trágica inundación. Del mismo modo, ni Garro ni la gobernadora Vidal han desarrollado planes de evacuación, y las obras recientemente inauguradas ya revelaron su insuficiencia cuando días atrás la ciudad volvió a inundarse. A su vez, evitan que La Plata sea declarada una zona inundable, e incluso el establecimiento de corredores seguros, para preservar el negocio inmobiliario. De fondo, con la impunidad del crimen social de abril de 2013 buscan garantizar su propia absolución ante los futuros desastres que esa política anticipa.

Junto a las asambleas de inundados reforzaremos la lucha contra la impunidad y el colapso urbano. Seguiremos solicitando las imputaciones de los responsables políticos en la causa que todavía está en instrucción y pediremos el enjuiciamiento del fiscal Paolini, mientras exigimos las obras necesarias y la derogación del COU.

De cara al próximo 2 de abril, en el marco de un nuevo aniversario de este crimen social, está planteado desarrollar una gran jornada de lucha con estas consignas.