La Cámara Federal revocó el procesamiento de Paolo Rocca en la llamada “causa de los cuadernos”. Esto significa que el tribunal de alzada considera insuficientes los elementos reunidos en el expediente para sustentar la acusación contra el CEO del grupo Techint. 

Rocca es acusado de haber pagado sobornos a funcionarios kirchneristas para aceitar el pago de una indemnización del gobierno venezolano a Techint por la expropiación de la siderúrgica Sidor, de la cual era propietaria del 59,7%.

Dos altos empleados del grupo –Héctor Zabaleta y Luis Betnaza– admitieron pagos, pero en su defensa aseguraron que estaban siendo extorsionados. Rocca apeló el procesamiento que le dictó Bonadio con el argumento de que él desconocía que se hubieran efectuado los pagos. En esa línea, el fallo de la Cámara afirma que "la responsabilidad de Rocca, cimentada fundamentalmente en su posicionamiento jerárquico dentro del holding, carece del sustento necesario y suficiente para vincularlo a este proceso". 

Sin embargo, Rocca reconoció públicamente el pago de coimas durante un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina, en agosto de 2018. En aquella ocasión, aseguró que se había visto obligado a entregar millones de dólares a Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, para evacuar de Venezuela a 200 ejecutivos de Techint y sus familias. “Fue un trauma enorme lo que pasó; actuamos para defender a nuestra gente”, dijo, ya que sufrían el “hostigamiento” por parte del gobierno chavista. 

 

Esta “confesión”, en realidad, es una versión edulcorada de los hechos. Quedó desmentida por Wikileaks, que publicó los cables remitidos por las embajadas estadounidenses en Buenos Aires y Caracas a Washington. Estos dan cuenta de que el interés de Rocca en la gestión de la diplomacia argentina no revestía un carácter “humanitario” sino económico: obtener una indemnización a precio de oro por la estatización de Sidor, una empresa en bancarrota. El resultado fue una indemnización extraordinaria de 1.970 millones de dólares, 180 millones más que lo que Rocca-Techint había pagado por ella en 1997. Cuando se conoció el procesamiento de Rocca, Macri se exhibió junto al empresario recorriendo las instalaciones de Tecpetrol en Vaca Muerta. 

Poco antes de que se difundiera este fallo, el gobierno había anunciado que aquellos involucrados en la causa de las coimas deberán ser apartados del directorio y desprenderse de sus acciones para que la empresa pueda participar del Programa Público Privado (PPP). Se trata de una operación para salvar empresas que se capitalizaron mediante la cartelización de la obra pública, en connivencia con funcionarios de todos los gobiernos, desde la dictadura a esta parte. Los empresarios, qué duda cabe, podrán descargar responsabilidades sobre los chivos emisarios o llegado el caso colocar testaferros en su lugar. Pero esto no conforma a los capitalistas. “´Odebrecht sigue siendo de Marcelo Odebrecht´, se quejó un directivo de la construcción aludiendo a la empresa de ese sector más importante de América Latina y a las secuelas -o la falta de ellas- sobre la composición accionaria de la firma tras el Lava Jato” (La Nación, 15/4).

Por otra parte, la Cámara también pidió la elevación “inmediata” a juicio oral de la causa, en la cual está procesada Cristina Fernández por “asociación ilícita”. El encarcelamiento de la ex presidenta -y posible candidata- sobrevuela los prolegómenos de la campaña electoral.

La causa de los cuadernos -cruzada por la intervención de espías y operaciones de inteligencia, a diestra y siniestra- puso a toda la clase capitalista en el banquillo de los acusados. Desde el poder político está en marcha una operación quirúrgica para rescatarla. El caso de Rocca es un ejemplo emblemático de ésta.