En la mañana del lunes 26, la imagen de Crónica TV mostraba a Aníbal Ibarra junto al edificio ocupado de la calle Darwin, donde noventa familias perdieron su techo debido a un incendio. "Vamos a darles subsidios y créditos blandos, lo mismo que ofrecimos en el Padelai", decía. Por la pantalla, aparecía un gobierno preocupado por la situación de los desalojados. Pero en las veredas y lugares donde comenzaron a acampar los compañeros, se escribía otra historia.

"Los bomberos tardaron cuarenta y cinco minutos en llegar, a pesar de que se encuentran a pocas cuadras de acá", señalaba uno de los evacuados. "Al llegar, demoraron otra hora en encontrar las salidas de agua". A lo largo del día lunes, las versiones sobre los orígenes del incendio cambiaron tres veces. La última versión – un cortocircuito en una de las casas – les hizo recordar a los vecinos las "atenciones" recibidas por el CGP de la zona: "Muchas veces fuimos a pedir disyuntores y otros elementos de seguridad para la parte eléctrica; nos dieron cosas usadas y hasta rotas".

La semejanza con el Padelai va más allá de los subsidios anunciados por Ibarra: el Estado deja que las casas ocupadas se sumerjan en el deterioro, a la espera de que un incendio – o un derrumbe – haga el "trabajo sucio" que corresponde a jueces, oficiales de justicia o policías.

Cuando llegaron al lugar funcionarios de la Comisión Municipal de la Vivienda, la "seguridad" tuvo que impedir un verdadero linchamiento por parte de los vecinos afectados. "Son años reclamando soluciones, un techo definitivo, sin encontrar respuestas", decían.

Un operativo expulsor

El incendio, por lo tanto, fue largamente preparado por una política de Estado. Ibarra anunció una línea de "subsidios y créditos"; alternativamente, un subsidio de 15.000 pesos o un préstamo sin interés de 30.000 pesos. Pero en los días posteriores, en el gigantesco campamento que se improvisó frente a Canal 9, se vio otra cosa; mientras muchos vecinos planteaban la posibilidad de asociarse para unir sus créditos, tal como lo permite la ley 341 de "autogestión" de viviendas sociales, y reclamaban que los créditos tuvieran el valor establecido por esa misma ley, que asciende a 42.000 pesos, los funcionarios recorrían el campamento con el siguiente mensaje: "Los créditos no sabemos cuándo van a salir, llevan su trámite. Pero el que quiera el subsidio, lo tiene ya. Puede que no le alcance para comprar nada en Capital, pero sí le puede servir en provincia": "Agarren ya – decían – , los cheques están preparados".

El Partido Obrero denuncia este nuevo desalojo. Alertamos que la "Justicia" y los funcionarios de Ibarra han abierto una "línea de investigación" para detectar la "presencia de piqueteros en el siniestro". El PO reclama terrenos y viviendas para los compañeros dentro de la propia ciudad, así como el resarcimiento por los bienes personales perdidos.