Se vuelve a ensombrecer el panorama de la deuda en pesos. Los resultados de la licitación de octubre tuvieron para el gobierno “gusto a poco” a pesar de haberle ofrecido enormes beneficios a los acreedores. Esto, cuando resta atravesar los vencimientos del último bimestre del año por $2 billones, y por $12,6 billones durante el 2023.

La última subasta fue diseñada a la medida de los acreedores, dado que la oferta de bonos combinaba vencimientos a corto plazo, instrumentos atados al dólar y tasas efectivas del 113%. Sin embargo, Economía obtuvo un financiamiento neto por apenas $14.000 millones, el monto más bajo luego de la corrida cambiaria de junio. Otro dato de octubre que nos trae a la memoria aquella crisis es que el Banco Central volvió a salir al auxilio financiero del Tesoro, comprando $155.000 millones en títulos de deuda.

Aquí vemos la doble vara con la que actúa el gobierno, que restringe la emisión monetaria cuando se trata de financiar el gasto social, consagrando un ajuste sobre las mayorías, pero emite a raudales en función de rescatar el esquema de deuda en pesos, del cual se benefician los bancos y los fondos de inversión.

Sin dudas, el capital financiero se muestra más renuente a adquirir bonos del Tesoro a sabiendas que se ha configurado una hipoteca completamente explosiva, cuyo monto alcanzó en septiembre el equivalente a U$S 126.885 millones. Además, el 56% de la misma está indexada a la cotización del dólar o al índice inflacionario, con lo que no podrá ser licuada mediante una devaluación. Cabe destacar que este sector viene haciendo un enorme negociado con la deuda en pesos: en los primeros nueve meses del 2022 embolsó el equivalente a U$S 2.389 millones por intereses de esos títulos, y el equivalente a U$S 10.638 millones desde que asumió el Frente de Todos, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Lo cierto es que el gobierno se encuentra completamente acorralado por estos especuladores, ya que, como mencionamos anteriormente, deberá financiar compromisos de deuda por $2 billones hasta fin de año y de $12,6 billones en los primeros nueve meses del próximo (el equivalente al 7,5% del PBI, más de la mitad de la recaudación prevista en el Presupuesto 2023). A esa cifra hay que sumarle el pago de intereses  ($1,5 billones según las proyecciones del Presupuesto 2023), los vencimientos de la deuda que se tome de aquí en más  y el financiamiento de la mayor parte del déficit fiscal del año que viene (el 1,3% del PBI, restándole a la meta fiscal el tope de emisión que fija el Fondo).

A su turno, peligra el cumplimiento de la meta monetaria del FMI. Sucede que, al haber concluido la recaudación extra vía retenciones que proveyó el dólar soja, se espera un incremento del déficit fiscal para los próximos dos meses (del orden de los $750 mil millones), que el Fondo llama a cubrir con endeudamiento prescindiendo de la emisión. Como vemos, si las siguientes licitaciones no resultan exitosas, el gobierno recurrirá a un mayor ajuste sobre el gasto público en pos de cancelar los vencimientos del Tesoro, y, a su vez, reducir el rojo fiscal para no exceder el límite de emisión monetaria impuesto por el Fondo.

Así las cosas, el Frente de Todos encarará un año electoral absolutamente condicionado por la banca y los fondos de inversión, quienes exigirán nuevas concesiones usurarias y más austeridad fiscal a cambio de no desatar una nueva corrida, lo cual terminaría de dinamitar las ilusiones de reelección que anidan en el oficialismo. Una agenda dictada por el capital financiero que no hará más que agravar las penurias de la población trabajadora.

Esta bomba de tiempo alrededor de la deuda del Tesoro forma parte de las implicancias del pacto con el FMI. Por eso es tan importante quebrar en las calles ese acuerdo ruinoso y enfrentar todos los ataques en puerta.