La estampida inflacionaria alcanzó el 6,7% en marzo y lleva en el primer trimestre del año una tendencia anualizada del 75%, deteriorando día a día los ingresos de los trabajadores.

No sucede lo mismo con los ingresos del Estado, que se beneficia porque recauda impuestos sobre el consumo de la población y por lo tanto crecen a la par que los precios, mientras se licúan sus gastos en salarios y jubilaciones -es por eso la llave del gobierno para cumplir con las metas fiscales del FMI. Tampoco la padecen así los capitalistas: unos hacen negocios extraordinarios con los mayores precios de exportación, otros trasladan a los productos finales sus mayores costos.

Esto plantea la necesidad de combatir la inflación con un programa que defienda a los que hacemos funcionar el país todos los días. Esto en contraste con la “guerra contra la inflación” del gobierno, un paraguas de su operativo conjunto con las cámaras empresarias y la burocracia sindical para acordar topes en las paritarias; y también con las recetas de la oposición de derecha, que reclama mayor ajuste alegando que el problema es el gasto público.

Unos y otros responsabilizan con argumentos falaces a la población trabajadora, cuya participación en la economía nacional viene de desplomarse en 2021 y cuando marca récords la cantidad de asalariados bajo la línea de pobreza. Es lo que evidencian los informes del Indec, revelando una transferencia de ingresos de los trabajadores hacia los capitalistas. Contra esta extorsión defendemos el reclamo de la indexación mensual de salarios y jubilaciones al IPC; al tiempo que rechazamos los techos en las paritarias, planteamos la elección de delegados paritarios en asambleas y con mandato, y exigimos que ninguna remuneración se ubique por debajo de la canasta familiar.

Rechazamos también los tarifazos y naftazos, contraponiendo al parasitario régimen de subsidios a petroleras y privatizadas el planteo de la nacionalización integral de los hidrocarburos, el sistema de transporte y los servicios públicos, bajo control de sus trabajadores y usuarios.

Para combatir los aumentos, en lugar de los programas truchos del gobierno reclamamos la apertura de los libros de las empresas de toda la cadena de producción y comercialización a la supervisión de comisiones electas por los trabajadores, para verificar los costos reales y terminar con las remarcaciones especulativas. Ello de la mano de la eliminación de los impuestos al consumo (como el IVA) y su reemplazo por impuestos progresivos a las grandes fortunas y rentas capitalistas.

El caso vital de los alimentos plantea terminar con la especulación, que hoy tiene vía libre por la subordinación del gobierno a los agronegocios de un puñado de multinacionales, las cuales cosechan ganancias fabulosas con el alza internacional de las materias primas por la guerra en Ucrania, lo cual plantea la nacionalización de la gran propiedad agraria y del comercio exterior.

Estas medidas permitirían que la nación se apropie de una renta extraordinaria, algo que colaboraría a cortar con la sistemática depreciación del peso. Para que así sea y se reinvierta la riqueza en el país- es decir para poner fin a la fuga de capitales- es necesaria la formación de una única banca nacional bajo control de los trabajadores, que disponga de los recursos financieros al servicio de un desarrollo nacional. Por definición, eso requiere el cese inmediato del pago de la deuda y echar por la borda el pacto con el FMI.

En conclusión, para salir de esta espiral inflacionaria necesitamos un plan económico dirigido por los trabajadores.