En función de eludir la responsabilidad del propio gobierno en el alza inflacionaria, el presidente Alberto Fernández, en las vísperas de la cumbre de la Celac, declaró ante medios brasileros que la inflación es “autoconstruida, está en la cabeza de la gente”, afirmando, sin sonrojarse, que “la gente ve en el diario que va a subir el combustible y entonces empieza a aumentar por las dudas”. No es la primera vez que realiza semejante aseveración, como mínimo desafortunada considerando que cada vez más hogares no logran llegar a fin de mes debido a la caída real de sus ingresos.

Lo cierto es que la mentada “desaceleración inflacionaria” de la cual presumía el gobierno sin demasiado fundamento -teniendo en cuenta que en los últimos dos meses el IPC osciló alrededor de un elevado 5%- se choca con la realidad de lo que viene sucediendo en enero respecto a los precios. Las consultoras privadas estiman que la inflación del primer mes de año rondará el 6%, empujada por los rubros cuyos precios regula el Estado.

En ese sentido, incidirán fuertemente en la inflación mensual los aumentos del 6,5% autorizados a las prepagas; del 14,1% promedio en el gas, del 19,6% promedio en la luz y del 20,1% promedio en el agua; del 2% en el combustible y de hasta el 70% en el transporte del Amba. A todas luces, las políticas fondomonetaristas que lleva adelante el gobierno juegan un papel preponderante a la hora de acicatear la inflación, la cual lejos está de ser fenómeno subjetivo como sostiene cínicamente Alberto Fernández.

Como vemos, el programa de Precios Justos correrá la misma suerte que sus antecesores y se topará con un fracaso anunciado, demostrando que todas esas medidas de control son tapaderas para disimular la responsabilidad directa del gobierno en la escalada inflacionaria, ya que ni remotamente contemplan la apertura los libros de la cadena de valor a fin de evaluar los costos reales y son permeables a todo tipo de maniobras de evasión por parte de las empresas. Al mismo tiempo, dichas iniciativas cumplen el objetivo de mantener a raya los salarios, generando la ilusión de que los precios tenderán a amainar, lo cual nunca ocurre y siempre sale perdiendo el bolsillo popular.

Por otra parte, el oficialismo también atiza la inflación desde el momento en que viene acelerando el ritmo devaluatorio, a pedido del FMI. La suba del dólar oficial superó al IPC tanto en noviembre como en diciembre, lo cual impacta en el precio de los componentes importados. A su vez, el ensanchamiento de la brecha cambiaria fortalece las expectativas devaluatorias incentivando que se produzcan remarcaciones. Lo anterior es fruto de la actual corrida, que encuentra su origen en crisis de reservas del Banco Central como resultado de la continua fuga de divisas -mediante diversos mecanismos-, bajo el amparo de los sucesivos gobiernos capitalistas.

Así las cosas, al gobierno que responsabiliza a los trabajadores de la inflación mientras ejecuta tarifazos no queda más que enfrentarlo en las calles, movilizados en defensa del salario, por un inicial de $230 mil y aumentos salariales indexados a la inflación.