El índice de inflación de abril volvió a superar las previsiones del gobierno. El 2,6% informado por el Indec viene a totalizar en el primer cuatrimestre una inflación del 9,1%, alejando por completo la meta del 17% anual fijada por el Banco Central. El alza de los precios no sólo impactó por el porcentaje sino también por su composición. La inflación que mide los precios no regulados fue del 2,3%, desmintiendo que se trata de un fenómeno transitorio derivado exclusivamente del aumento de las tarifas. El rubro “alimentos” creció incluso por encima del promedio, golpeando con más fuerza a los sectores de menos recursos, que gastan la parte principal de sus ingresos en su manutención.

La inflación actual se ubica en niveles similares a los que existían bajo el gobierno kirchnerista -entre un 20 y un 30%. Ambos gobiernos tuvieron picos que superaron ese porcentaje cuando ejecutaron devaluaciones monetarias, que implicaron un encarecimiento de las mercancías importadas y también de las exportadas. Fue así como Kicillof tuvo el 40% de inflación en 2014 y Prat Gay repitió la experiencia en 2016. Pasados esos saltos, ambos gobiernos declararon que la inflación estaba en caída y bajo control, cuando en realidad se amesetaba en sus niveles habituales.

 

La similitud que arrojan los movimientos inflacionarios bajo los llamados gobiernos ‘nacionales y populares’ y los ‘neoliberales’ muestra la existencia de fuertes elementos de continuidad que desmienten, de paso, las falsas polarizaciones que se pretenden imponer en el electorado. Estas similitudes tienen que ver con un hilo conductor común, signado por los fuertes desequilibrios creados por el saqueo del Estado en beneficio de los monopolios capitalistas, por un lado, y el vaciamiento financiero del país causado por una deuda externa gigantesca y una permanente fuga de capitales, por el otro.

 

La respuesta de ambos gobiernos a estos desequilibrios también ha sido similar. Para afrontar el déficit fiscal, el macrismo recurre a la misma receta del kirchnerismo, a saber una emisión monetaria parasitaria que no tiene como contraparte la creación de ningún tipo de riqueza. Mientras Federico Sturzenegger proclama como ‘meta de inflación’ el 17% anual la creación de nueva moneda ronda el 30%. Esa emisión crece a la par de la nueva deuda que toma el Tesoro, tanto para afrontar el déficit fiscal primario como el pago de los intereses de la deuda ya asumida. Si el kirchnerismo duplicó la deuda en sus doce años de gobierno, el macrismo pretende superar ese récord al haber tomado casi 70.000 millones de dólares (si se suma la deuda nacional, de las provincias y municipios). La conversión en pesos de las divisas que ingresan tienen un destino predominantemente especulativo -entre ellos, la compra de campos y terrenos urbanos o las colocaciones a intereses usurarios, todo lo cual refuerza la carestía.

 

 

Saqueo del Estado

 

Aunque el déficit fiscal pretende ser usado para justificar un ajuste contra el pueblo, lo cierto es que la quiebra de las finanzas públicas es el resultado directo del saqueo que realizan los capitalistas sobre su propio Estado. Bajo el macrismo, el déficit se mantiene en los niveles del kirchnerismo. Si se excluyen los fondos ingresados por el blanqueo tenemos que ese déficit llega al 7% del producto bruto. La disminución de los subsidios a los servicios, que fueron reemplazados por tarifazos, fue compensada en buena medida por el crecimiento de los intereses de la deuda, que ya llegan al 2,7% del PBI o a casi el 40% de la totalidad del déficit. Hay que consignar que toda la nueva deuda tomada en dólares agravará su peso sobre la economía cuando se ejecuten nuevas devaluaciones. Es el camino que deberán adoptar, más temprano que tarde, para licuar la bola de nieve de la deuda en pesos, principalmente, la del Banco Central.

 

Los Presupuestos elaborados tanto por los ‘nacionales y populares’ como por los ‘neoliberales’ parten por reconocer privilegios enormes al capital. Las exenciones impositivas en favor de las empresas que han sido incorporadas al Presupuesto 2017 votado por macristas y el FpV superan los 314.000 millones de pesos. Si a esto se le suma el pago por conceptos de deuda la suma asciende a 557.000 millones, una cifra superior al déficit financiero de todo el Estado nacional. Habría que contabilizar acá también lo que el Estado dejó de recaudar por la eliminación y la reducción de las retenciones al capital agrario, industrial y minero, que agrega unos 40.000 millones adicionales.

 

Este saqueo directo sobre el Estado crea desequilibrios enormes, que están en la base de la inflación permanente del país. Las respuestas dadas por el gobierno precedente y el actual sólo agravan la situación. Las Lebac usadas por el kirchnerismo para que el Banco Central retire de circulación la emisión monetaria parasitaria ha sido copiada por el macrismo, llevándola a niveles nunca vistos. En sólo 16 meses, el stock de Lebac pasó de 200.000 a 700.000 millones de pesos, lo que implica un pago de intereses que ronda casi los 200.000 millones anuales, que también debe ser enfrentado con emisión. La necesidad de renovar de manera permanente esta bola de nieve reclama una tasa de interés elevada; a su turno, el ingreso renovado de dólares que es atraído por esta bicicleta revaloriza artificialmente a la moneda nacional, todo lo cual agrava la crisis industrial. Esta bicicleta, a su turno, depende de las condiciones internacionales de bajas tasas de interés. Pero cualquier modificación de este cuadro llevaría a una fuga de capitales, así como a una nueva corrida bancaria y cambiaria.

 

El fracaso del gobierno macrista para combatir la inflación remite a causas sistémicas. La inflación, a su turno, traduce un mecanismo permanente de confiscación de los trabajadores en beneficio del capital y su Estado. Terminar con esa confiscación “inflacionaria” requiere una transformación social que termine con el saqueo de los monopolios sobre el Estado, el repudio a la deuda externa, el establecimiento de una banca pública única que permita centralizar el ahorro nacional y parar la fuga de capitales, el monopolio del comercio exterior y el control obrero sobre la producción. Se trata de un programa que sólo puede aplicar un gobierno de trabajadores.