Horas antes de conocerse el índice de inflación de marzo, que se ubicó en el 6,7%, las autoridades del Banco Central anunciaron una nueva reunión para aumentar la tasa de interés por cuarta vez en lo que va del año, en la perspectiva de lograr retornos reales positivos sobre aquellos instrumentos nominados en moneda local, tal como exige el FMI. Una senda de mayor usura y recesión.

Versiones periodísticas dieron a conocer que, al igual que las anteriores, la próxima suba rondará el 2%, llevando la tasa nominal de las Leliqs a 28 días al 46,5% y la efectiva al 57,8%. Lo anterior no solamente acrecentará el pasivo del Banco Central, puesto que la entidad colocará nuevas letras a fin de absorber estos intereses más caros, sino que además deriva en tasas más onerosas para los créditos industriales y la refinanciación de tarjetas de crédito, acicateando la recesión económica.

En ese sentido, se agravará la morosidad bancaria que viene en ascenso. En 2021, la misma pasó del 6,8% al 7,2% en el caso de las empresas y del 3,2% al 6% para las personas físicas. Lo primero prefigura una crisis en la cadena de pagos, provocando quiebras y despidos. Lo segundo, por su parte, refleja el deterioro de los ingresos familiares -fruto de los salarios a la baja y la inflación en ascenso- que lleva al endeudamiento para poder subsistir, y, a su turno, a la incapacidad de afrontar las deudas contraídas.

El encarecimiento de las tarjetas de crédito también desalentará su uso, impactando de lleno en el consumo. Se profundizará un fenómeno ya existente: como resultado de la suba de precios y la desactualización en los cupos que establecen los bancos, en el primer trimestre del 2022 los gastos financiados mediante tarjeta crecieron apenas un 6,3%, mientras la inflación de ese período alcanzó el 16,1%. Lo anterior sin dudas contribuyó a que el consumo cayera un 2,2% en dicho trimestre, según la consultora Focus Market.

Por otro lado, la inflación ingobernable también afecta a las tasas que ofrece el Tesoro. Sucede que el stock de deuda compuesta por bonos atados al CER (IPC) alcanza la friolera de $7,7 billones debido a que es un negocio redondo para los acreedores en un contexto inflacionario. Dado su carácter explosivo en la medida que no puede licuarse por medio de una devaluación, Economía viene intentando canjear esos títulos por otros no indexados. Hasta el momento, sin mucho éxito: en la última licitación de deuda obtuvo $21.000 millones menos de lo esperado. Como el gobierno depende de ello para cancelar vencimientos viejos, y, por otro lado, financiar el déficit fiscal recurriendo lo menos posible a la emisión monetaria -a pedido del FMI-, se verá obligado a subir las tasas o a volver a indexar los bonos por CER. La sujeción al capital financiero por parte del oficialismo es total.

Como vemos, la inercia inflacionaria combinada con los lineamientos del Fondo recrudecen el peso de la deuda sobre la economía nacional y echan leña al fuego de la recesión económica. Los grandes beneficiados son los bancos y los fondos de inversión, mientras a los trabajadores nos toca pagar los platos rotos. Debemos emprender un rumbo opuesto al servicio de detener la fuga de capitales que está en la base del crecimiento inflacionario y para ello es necesario nacionalizar bajo control obrero la banca y el comercio exterior, romper con el FMI y repudiar la deuda.

Mientras tanto, combatamos la carestía y las políticas recesivas planteando la prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, ocupación de todo lugar de trabajo que cierre o despida, salario mínimo de $130 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. Preparemos una gran intervención obrera y popular para imponer este programa.

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