Flanqueado por Sergio Berni y Julio Alak, Axel Kicillof rechazó las prisiones domiciliarios bajo la pandemia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo suya la tesis oficial del gobierno de Alberto Fernández que deslinda responsabilidades y sostiene que la decisión de la prisión domiciliaria corresponde al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo. La conferencia de prensa fue una respuesta a los cuestionamientos de la derecha que agita una supuesta liberación masiva de presos de las cárceles bonaerenses. Según Infobae serían unos 1.300 los presos en la provincia que pasaron a la condición de arresto domiciliario sobre una población carcelaria total que se acerca a las 50.000 personas privadas de su libertad.

Kicillof le pidió además a la Suprema Corte de Justicia de la provincia que ponga orden y claridad en las excarcelaciones. Inmediatamente la Corte Bonaerense suspendió el habeas corpus que las habilitaba declarando admisible el recurso presentado por el fiscal de la Cámara de Casación Penal. Queda pendiente la situación de los detenidos ya excarcelados. Como se sabe, un brote del coronavirus en las cárceles infectaría a la mayor parte de la población carcelaria en semanas con consecuencias trágicas por las condiciones de hacinamiento. El delfín de Cristina Kichner anunció también la incorporación de 1.350 “plazas nuevas para detenidos” aunque no se trata de construcciones sino de reparaciones y ampliaciones. Un parche para un sistema carcelario superpoblado y falto de condiciones higiénicas y de salud.

El clima previo a la conferencia de prensa y a la respuesta en tiempo récord de la Corte de la Provincia estuvo dado por las declaraciones del cuartelero Berni cuando dijo que si dependiese de él “no sale ningún preso”. La campaña de la derecha contra las “excarcelaciones masivas”, que excluye a los genocidas de la dictadura, fue respondida por el jefe de gabinete bonaerense Carlos Bianco como un intento de desestabilización política del gobierno de Kicillof. No obstante, lo que oculta Bianco es que esta ofensiva derechista viene fogoneada desde sectores del propio oficialismo y en primer lugar por Sergio Massa del Frente de Todos y presidente de la Cámara de Diputados. La oposición derechista de Cambiemos se subió a un tren en movimiento y ahora pretende enganchar los vagones a una manifestación reaccionaria para terminar de romper los restos de cuarentena que deja el “contagio administrado” del ministro de salud bonaerense.

Echando leña al fuego, Berni, represor de los obreros del frigorífico Penta, reincorporó a 300 policías que habían sido desafectados por acusaciones de corrupción mientras hay otros 5.000 efectivos separados del servicio activo en revisión. El ministro de Seguridad de Kicillof cumplió con su promesa de dirigir la policía de la provincia como un “camarada más” asegurándole una total impunidad. Como denunciaron las organizaciones de derechos humanos, la Correpi y la propia Comisión Provincial de la Memoria (CPM), el cumplimiento del aislamiento social obligatorio fue el pretexto para volcar las fuerzas represivas a las barriadas teniendo como víctimas y blanco a los jóvenes, familias y trabajadores más pobres, desocupados y precarizados del conurbano. El propósito es la represión a las protestas obreras y anticipar toda reacción popular contra el hambre, los despidos y la miseria social.

Axel Kicillof reivindicó también el haber salido “rápidamente” de la situación de emergencia carcelaria que dejó Vidal, cuando entraron en huelga de hambre unos 15.000 presos por falta de alimentos y medicamentos. De esta forma el gobernador le pasa el trapo a la situación desesperante que se vive en las cárceles y a la responsabilidad que les cabe a los distintos gobiernos por la falta de presupuesto y recursos. Con Scioli, Vidal y Kicillof la mitad de la población carcelaria sigue sin condena firme y creciendo en número. La desigualdad social y el ajuste también está presente en las cárceles bonaerenses: la infraestructura carcelaria de la provincia aloja a 48.827 reclusos, cuando la capacidad del sistema es de apenas 25.000 con las consecuencias que esto trae para que circule el virus. A esto hay que agregar que casi 4.000 detenidos están alojados en comisarías de la provincia. La masacre de siete jóvenes que murieron incinerados en una dependencia policial de Pergamino no fue un accidente o una sorpresa sino el resultado de las condiciones insostenibles de encierro en comisaría que en un 80% carecen de matafuegos y de redes de prevención de incendios o planes de contingencia.

Un mes antes de la cuarentena un informe de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) indicaba que había entre 10 mil y 15 mil internos en condiciones de salir y/o cumplir arresto domiciliario teniendo en cuenta que no se trata de delitos violentos. En las mesas de diálogo armadas en enero y febrero por Kicillof con funcionarios y familiares de los detenidos fue el propio gobierno provincial (ahora en retirada) el que propuso evaluar la situación de los presos por delitos leves flexibilizando el uso de la prisión preventiva. En ese mismo informe de la CPM se alertaba sobre el crecimiento de la tuberculosis y el HIV en las cárceles por la falta de salubridad y medidas de protección junto a una mayor tasa de suicidios y crímenes. La peor parte la llevan las mujeres con hijos detenidas y las integrantes del colectivo trans travesti. No todo es igual, sobre todo cuando la derecha hace campaña contra la liberación de violadores y ejecutores de delitos sexuales y de sangre. Los centros de detención cuentan también con sus “vips” para los pesos pesados de todo tipo de ilícitos, capos del narcotráfico y ladrones de “guante blanco” funcionando como escuelas del delito al servicio de las cúpulas mafiosas de la Bonaerense y el Servicio Penitenciario.

La hipocresía de los voceros de la “mano dura” para reforzar el régimen de represión contra los trabajadores no tiene otro propósito que el de eximir al régimen de explotación capitalista en el distrito del país donde hay mayor concentración de pobreza y miseria. La Provincia goza de una tasa de encarcelamiento superior a la media nacional de 300 personas detenidas por cada 100 mil habitantes. Cabe consignar que el propio Servicio Penitenciario Bonaerense elaboró un listado de 645 detenidos de más de 65 años y casi 2.500 enfermos con distintas patologías (233 diagnosticados con tuberculosis enfermedad altamente infecciosa y otros 476 con HIV). El listado se completa con 54 madres con chicos y 22 embarazadas. Como denunciamos en Prensa Obrera la superpoblación carcelaria es la expresión de la descomposición de un régimen sometido a los usureros, al FMI y los grandes capitalistas.

Las cárceles no son solo un peligro para la vida de miles de presos sino también verdaderas “fábricas” de mano de obra barata para el narcotráfico, la trata, el juego clandestino y el robo organizado bajo el amparo del propio aparato del Estado.