Políticas
7/4/2020
INFORME ESPECIAL – La Matanza, una radiografía del impacto social de la pandemia en el corazón del conurbano
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Muchos comentaristas vienen alertando que la extensión del coronavirus, que sigue en ascenso en Argentina, puede tomar proporciones muy graves si penetra en las barriadas del conurbano más empobrecido. El manejo de la cuarentena también preocupa al gobierno por que acelera las condiciones de miseria que ya existen en estas concentraciones. En función de esto ha largado unas medidas asistenciales, harto limitadas, y desplegado el ejército y la iglesia a prevenir reclamos sociales o disturbios generados por el hambre. El distrito donde estas contradicciones sociales asumen la forma más explosiva es sin duda La Matanza, el municipio más poblado del país, que tiene en sus fronteras el equivalente al 70% de la población uruguaya.
No es de extrañar que se extendiese la alarma por el primer caso de muerte por contagio del COVID-19 en el distrito. Se trata, de un trabajador de 41 años que vivía en el Complejo 17 de los monoblocks de Tablada, hipertenso, empleado de la empresa “Transportes Cruz del Sur”, una empresa tercerizada que se dedica a garantizar la asistencia de los trabajadores del Mercado Central bajo la cuarentena, todos ellos en profundas condiciones de precarización e informalidad. Este hombre no tenía antecedentes de viaje al exterior ni había estado en contacto con alguna persona cercana que hubiera viajado a zonas de riesgo, por lo que se considera que se trata de un caso de transmisión local con altísimas probabilidades de haberlo contraído en su lugar de trabajo. Un ejemplo de la grave exposición a la que se somete día a día a la clase obrera. 8 de cada 10 trabajadores de La Matanza se encuentran en condiciones de precarización. Tanto el lugar de trabajo como la zona de residencia del fallecido son lugares de enorme concentración y paso de gente.
El desarrollo y el impacto del coronavirus pone en evidencia las condiciones de extrema precariedad del conurbano en su conjunto y de La Matanza en particular. El sistema de salud provincial y municipal vaciados, el sistema educativo en emergencia edilicia, una infraestructura urbana con enormes falencias y un medio ambiente deteriorado, con una población de 2,4 millones se configura un escenario temerario para el desarrollo de la pandemia. Los tres niveles del gobierno tomaron nota del cuadro y por ello rápidamente se dieron como política intentar contener las posibles y casi seguras tensiones sociales con la presencia masiva de fuerzas represivas, en parte con la cobertura del refuerzo alimentario y en parte como garante de una cuarentena imposible de realizar en barriadas donde abunda el hacinamiento y la necesidad de salir a trabajar en changas y trabajos precarios.
Déficit de infraestructura: una bomba de tiempo sanitaria
El año pasado Fernando Espinoza volvió a ser electo como intendente. Al completar su mandato en 2023 marcaría 40 años ininterrumpidos del Partido Justicialista al frente del municipio, desde 1983. Bajo la administración de gobiernos nacionales y provinciales de diversos signos políticos patronales, y con el PJ matancero siempre al frente del ejecutivo local, el distrito tiene estadísticas que reflejan niveles de atraso y abandono que impresionan. Según el informe del observatorio social de la UNLAM en el distrito hay un total de 122 asentamientos y villas en la que miles de personas viven en condiciones que hacen inviables respetar la cuarentena. A la necesidad de un espacio habitacional elemental se suman la carencia de servicios básicos. En la extensión del distrito coexisten tres cordones socioeconómicos. Tomado de conjunto, hay un 40% de la población que no tiene acceso a cloacas. Si nos enfocamos en el tercer cordón, se registra que sólo el 3% de la población tiene acceso a cloacas.
Por otro lado, la mitad de las calles del distrito se encuentran aún sin asfaltar, un 40% de la población no tiene acceso al suministro de gas natural, las obras hídricas siguen siendo insuficientes y así, cuando se presenta una tormenta más o menos fuerte, se generan nuevas inundaciones. Según un informe sociodemográfico y de salud del partido de La Matanza de Acumar (2014), la mortalidad infantil es de 12,24%, siendo el mayor de la Cuenca Matanza-Riachuelo, integrada por 14 municipios. La principal causa de muerte en niños menores de 1 año es de origen perinatal, esto es superior a la tasa del total de la Cuenca y de la Provincia de Buenos Aires, al igual que la mortalidad por causas respiratorias. El informe detalla: “Las viviendas inadecuadas, en hacinamiento o deterioro, en asentamientos informales o donde hay inseguridad de la tenencia, se asocian con lesiones, problemas respiratorios, enfermedades infecciosas y problemas de salud mental. La humedad genera enfermedades respiratorias como bronquiolitis, neumonía, rinitis y asma, consecuencia de alérgenos de los ácaros y de esporas de hongos generados por la humedad, incluso luego de excluir el tabaquismo y los factores socioeconómicos” (Ceballos-Ramos et al 2015).
La contaminación y las inundaciones generan afecciones respiratorias endémicas
El déficit habitacional y de infraestructura se completa con numerosos basurales a cielo abierto, la contaminación de la cuenca del Matanza y la falta de obras hídricas para los 17 arroyos que recorren el distrito que tienen por consecuencia las persistentes inundaciones. El año pasado sufrimos la peor inundación en años, que dio lugar a 5 mil evacuados y 20 mil inundados.
La lluvia de estos días volvió a inundar muchos barrios. Nos cuenta Eva, del comedor del Polo Obrero en el asentamiento La Palangana en Laferrere, que viene reclamando hace años obras para parar el agua. "La situación es que estamos más inundados, hay más mosquitos y tenemos un brote de dengue, hay mucha gente que necesita ayuda. Estamos casi en el río, a una cuadra del Río Matanza. Y yo sufro de los bronquios y cada dos por tres tengo que rajar al hospital y no tengo cómo manejarme ni con vehículo y más ahora que no sé cómo salir. Yo tengo la ayuda del Polo Obrero pero hay mucha gente que necesita… Necesitan medicamentos, alcohol en gel, lavandina. Se necesitan demasiadas cosas porque la verdad estar en el medio del río sin la ayuda de nadie… Y hay muchos chicos que están descalzos, marcados de picaduras, no tienen agua, no tienen baños como la gente. Es el lugar más terrible donde lo podemos pasar. El agua nos tapa, tenemos que estar arriba, perdimos colchones y muchas cosas."
Otro tanto sucede en Villa Celina, localidad cercana a la Avenida General Paz, al barrio porteño de Lugano y al Puente La Noria. María del Castillo, que es organizadora del comedor Ramón Carrillo en Celina nos cuenta, “Nuestro barrio cuando llueve el agua prácticamente entra a las casas. La municipalidad está ausente. El agua queda estancada, las cloacas no dan abasto. Hacemos el reclamo desde hace años y el municipio no nos da respuesta. Con la cuarentena no podemos salir a trabajar y no hemos recibido ningún kit de limpieza del municipio. Desde el Polo Obrero estamos empadronando para exigir kit de limpieza y más partidas alimentarias.”
En este sentido, los vecinos de González Catán también tienen una acumulada experiencia sobre el rol de Espinoza y su política de depredación ambiental. Luego de negar por largos años los problemas de salud y las muertes relacionadas al basural que significa la Ceamse, las propias autoridades nacionales determinaron por el año 2006 que el agua de la zona no sólo no era apta para el consumo humano y que no debía utilizarse "ni para cepillarse los dientes". La concentración de diferentes enfermedades que afectan las vías respiratorias en los alrededores de la Ceamse pone aún en mayor riesgo a la población ante la propagación del coronavirus y un sistema de salud totalmente debilitado. Situaciones similares se pueden anticipar en diferentes localidades del distrito, como en Virrey del Pino con grandes focos de contaminación ligadas a las industrias de SAF y Parex Klaukol. Sobre esta última empresa multinacional de origen francés, un grupo de vecinos viene sosteniendo denuncias sobre las enfermedades de piel y respiratorias y muertes que se relacionan con las partículas de metales pesados que sus chimeneas arrojan en la zona. Incluso, con probadas evidencias médicas de las denuncias, el poder político local ha hecho oídos sordos y ha preferido priorizar los negocios de los empresarios.
De esta manera, la combinación de falta de obras y contaminación bajo diferentes formas genera una población con una cantidad importante de afecciones evitables, entre ellas se destacan las de tipo respiratorio, que vuelven a enormes capas de la población como grupos de riesgo en caso de contraer el covid-19.
La pandemia del trabajo precario
Según un estudio del Observatorio Social de la UNLAM (Universidad Nacional de La Matanza) basado en datos del Indec, el 97% de la población matancera está compuesta por trabajadores (74% de obreros o empleados, 22% por cuentapropistas y 1% de trabajadores sin salario), de los cuáles el 69% trabaja de manera local y el 31% migra todos los días hacia CABA u otros distritos. El 79% de los cuentapropistas y el 46% de los obreros o empleados trabajan en condiciones de precarización (“empleos por un período de tiempo definido o que tienen un alto riesgo de ser finalizados, provisión de ingresos insuficientes para la reproducción social del trabajador, carencia de una adecuada protección social y/o ausencia de un adecuado control de los salarios y/o de sus condiciones de trabajo como la extensión de la jornada laboral, modificaciones en las modalidades de pago, peligro físico en el desarrollo de las tareas, o de las malas condiciones de higiene en el lugar de trabajo”)
Del total de la masa obrera del distrito, el 14% trabaja en el sector público de los cuales el 31,3% lo hace en condiciones de precariedad; el 47,6% trabaja en el sector privado formal, de los cuales el 38% son precarizados; el 36,4 % de los trabajadores se desempeña en el sector privado informal. El 2% restante trabaja en organizaciones sociales con un porcentaje de precariedad del 97,9%
Fernández y Espinoza recurren a la militarización
Este es el verdadero cuadro social en el cual se va a desenvolver el coronavirus en La Matanza. Un cuadro que diferentes medios de la propia burguesía como Clarín y La Nación advierten que puede convertirse en una situación convulsiva y de "desborde social". En este escenario el gobierno apela a las fuerzas armadas no, como intentan presentarlas, en " una misión humanitaria" sino para legitimar un accionar represivo si fuera necesario.
En Casanova han elegido un centro educativo y de formación comandado por el "cura villero" Nicolás Angelotti. El ministro de defensa de la Nación, Agustín Rossi, recorrió el Centro de Formación “San José” en el barrio conocido como Puerta de Hierro, donde fue instalado uno de los siete centros de distribución de alimentos en La Matanza. Ejército e Iglesia articulando para contener más que la propagación de la enfermedad, los efectos que puedan surgir de una población cada vez más empobrecida atravesando una propagación masiva del COVID-19.
Otros puntos de instalación del ejército son escuelas. Y allí la articulación es con la burocracia sindical docente, la agrupación celeste que se ha dedicado a promocionar y a alentar la llegada de las fuerzas represivas al distrito.
Combatimos la pauperización con organización: el Polo Obrero
Toda esta operación parte de una realidad que los trabajadores del distrito conocemos muy bien: una pobreza y pauperización de las condiciones de vida que se acumula por décadas. Lo que el gobierno nacional y popular local omite con toda intención es que el peronismo gobierna y administra esa pobreza estructural desde el año 83.
La situación se torna más dramática aún luego de 16 días de cuarentena en la que hubo despidos de trabajadores, patronales que incumplen la cuarentena exponiendo al contagio a sus trabajadores y una enorme capa que no puede desarrollar su trabajo, básicamente changas. Las villas y asentamientos en las cuales no se puede materializar el “quedate en casa” promocionado por el gobierno se van trasformando en guetos donde las fuerzas represivas, apostadas con la cobertura alimentaria, se encargan de contener para que la circulación del virus se realice fronteras adentro de los mismos, en un momento en que ya hay circulación social del virus y la primera víctima fatal pertenece a la zona populosa de Villegas.
Esta situación se ve agravada por una suba de precios exorbitantes de alimentos de primera necesidad. En las barriadas los compañeros del Polo Obrero de La Matanza que tienen sus comedores en 35 barrios del distrito a los que asisten más de 3 mil personas. Tienen una lista de espera para ingresar al comedor, previo a la cuarentena, mayor a 1500 personas y en estos días se encuentran desarrollando una tarea de solidaridad de clase enorme asistiendo a los vecinos con alimentos que se conquistaron con años de lucha y empadronando por alimentos y kits sanitarios tan necesarios.
Como nos plantea Natalia, del Polo Obrero de Villa Scasso, en González Catán, mientras participa de una jornada de distribución de alimentos en la sede del Polo Obrero matancero en Laferrere, “le exigimos al intendente Espinoza que entregue kits sanitarios a todos los barrios porque no hay. En el barrio casi no pasa el basurero. Otro problema es que lo poco que logramos ahorrar para comprar una chapa para la casa lo estamos gastando en comida y remedios. El estado no se hace cargo de la necesidad de la gente. Nosotros hacemos un trabajo con el Polo en los merenderos para enfrentar el hambre que tienen todos, pero sobre todos los niños. Aunque sea para que tengan una comida diaria. Más de eso no podemos dar porque la partida que da desarrollo social es muy poco”
Se plantea así un nuevo trabajo por incorporar a más familias estimándose que se van a necesitar varios miles más. Al mismo tiempo desde el Polo Obrero junto a las organizaciones piqueteras independientes del gobierno le vienen reclamando al municipio una mayor cantidad de alimentos y los insumos sanitarios elementales para poder desarrollar la entrega de alimentos. Estos planteos elementales fueron desoídos al día de hoy por el intendente Espinoza.
Durante dos importantes jornadas de entrega de alimentos realizadas en la sede central del Polo de Matanza hablamos con varias delegadas acerca de cómo se vive la pandemia en los barrios. Laura del barrio Independencia de González Catán nos decía: "En el barrio sufrimos de todo, un hambre terrible, no hay para higienizarse ni para limpieza… realmente no hay ni en los kioscos, no hay para comprar. Lo que nos llega al Polo lo repartimos con los compañeros pero no alcanza con eso y el gobierno no se hace cargo. Necesitamos urgente que nos atiendan, los vecinos no tienen ni para comer. No hay nadie del municipio que pregunte "¿qué necesitás?" Los productos no se consiguen, lavandina, alcohol en gel y si conseguís está arriba de 250 pesos y quién tiene esa plata hoy en día."
Una mención especial merece el empadronamiento realizado por el Polo Obrero que en tiempo record reunió más de 8 mil compañeros compañeros del distrito a raíz de anuncio del gobierno nacional del pago por única vez de un bono de 10.000 pesos para los trabajadores no formales.
El sistema de salud sin insumos básicos
Alberto Fernández desembarcó hace unos días para anunciar obras para terminar dos hospitales pendientes en el distrito que permitirán agregar camas a las 2600 existentes. El ejecutivo local dice que cuando esas obras se completen podrían llegar a 4 mil. En esta cuenta están contabilizando las camas de las clínicas privadas que no son de libre acceso a la población. La cámara de salud privada viene de reaccionar virulentamente frente a la posibilidad de que sean utilizadas para atender al conjunto de la población. El gobierno reculó rápidamente frente a esta campaña. La cantidad de camas, y un número no informado públicamente de respiradores, no es grande si avanza la pandemia en esta población de 2,4 millones, que pondría en riesgo de colapso el sistema sanitario.
Los trabajadores de la salud organizados en la CICOP provincial vienen realizando denuncias de manera cotidiana. Mediante asambleas y mediante cartas y denuncias formales a la ART ponen de manifiesto la falta permanente y en todos los establecimientos de barbijos, camisolines, guantes, protectores óculo-faciales, botas, así como cobertores de material hidropelente. Este estado de situación no permite asegurar el cuidado de quienes están en la primera línea de asistencia, en contacto directo con los pacientes potencialmente infectados.
Hay en esto una responsabilidad compartida entre los 3 niveles de gobierno. El ejecutivo municipal vale recordar que cuenta con un plazo fijo de 11 mil millones de pesos por fuera del presupuesto que bien podría destinar a los insumos sanitarios frente a esta crisis. En declaraciones al periódico de la universidad de La Matanza el actual el actual secretario de gobierno Gustavo Dutto declaró sin que se le mueva un pelo que rescataba de Alberto Balestrini, “el concepto, a veces criticado, de tener plata en el bolsillo” que “ha dado muy buen resultado” y permitió que el Distrito siga funcionando “incluso en cuatro años de sequía por parte de la Provincia, donde el Distrito sufrió el recorte de la coparticipación y la pérdida del fondo sojero”. En un municipio con el enorme pasivo de infraestructura de todo orden, llama la atención la capacidad de ahorro del gobierno municipal, que ha actuado a costa de las necesidades populares. ¿Si el “bolsillo” no es para una crisis de esta magnitud, para que ocasión o qué uso están reservando estos fondos “ahorrados” los gobernantes del distrito?
El impacto del Covid-19 en las escuelas del distrito
En sintonía con las paupérrimas condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables del distrito se encuentran las escuelas públicas. La sobrepoblación de estudiantes en las escuelas que ya existen y la falta de cientos de vacantes, debido a la ausencia de programas para la construcción de escuelas nuevas, son una constante. La situación más grave es la del nivel inicial donde hace falta que se construyan al menos 100 jardines nuevos sólo para equiparar a las escuelas primarias existentes. Gran parte de las primarias y secundarias siguen arrastrando graves problemas de infraestructura (bases que ceden, caídas de mamposterías, falta de agua, escapes de gas, problemas eléctricos, etc.) que se expresa, en las situaciones más extremas, en suspensiones y pérdida de días de clases. Con ello aparecen las condiciones agobiantes de trabajo de los docentes sumado a las dificultades salariales, especialmente de los cientos que trabajan en programas que implican precarización laboral (Fines, COAs, Patios abiertos, etc.) y por fuera de todo amparo estatutario.
En cuanto a los comedores escolares, que nuevamente implican una tarea de atención docente, debe destacarse que el monto actual es de unos magros 37 pesos por estudiante y que no cobre al conjunto de la matrícula escolar.
Sin embargo, la crisis sanitaria general producida por la dispersión del Coronavirus, pero también por la menos difundida pero no por ello no menos preocupante propagación del dengue, ponen aún más en evidencia la enorme falta de recursos destinados por el gobierno hacia los servicios educativos que funcionan en La Matanza. A los pocos días de que la OMS declarase como pandemia al COVID-19, se anunciaron los primeros casos de contagio en el país. En esos primeros días de marzo, nos encontramos en un distrito en el que ninguna escuela contaba con los elementos básicos de higiene y desinfección para contener la propagación del virus. Este riesgo, potenciado debido a las paupérrimas condiciones edilicias y, en consecuencia, la aglomeración de personas que implicaba la permanencia y circulación de estudiantes, docentes, auxiliares y familias en cada una de los establecimientos.
Ante este cuadro crítico, desde el primer momento Suteba Matanza con su conducción multicolor, comenzó a desenvolver una fuerte campaña alertando sobre la situación y planteando una serie de medidas de prevención. De esta manera se llevaron los reclamos movilizando al Consejo Escolar del distrito exigiendo que se derivasen a las escuelas todos los recursos necesarios en materia de seguridad e higiene, pero también en relación a los cientos de obras de infraestructura faltantes o inconclusas. Luego, exigiendo al gobierno de la provincia la suspensión de las clases, contrastando con la burocracia celeste local y de la provincia, a cargo de la celeste de Baradel, que no emitió ninguna posición al respecto, esperando que la orientación la marcara el gobierno, demostrando una vez más su integración absoluta en detrimento de los intereses de los docentes y las necesidades de la escuela pública.
Del mismo modo, la celeste prefirió no intervenir cuando el presidente Alberto Fernández y el ministro nacional de educación Nicolás Trotta decretaron la suspensión de clases en todo el país pero con “las escuelas abiertas” intentando que los docentes cumpliesen horario. En cambio, desde Suteba Matanza, como en el resto de las seccionales multicolor, no se dudó en llevar adelante una posición que buscó proteger la salud de los docentes exigiendo a la Jefatura Regional (el brazo de la Dirección General de Cultura y Educación en el distrito) que se labrara un acta aclarando que la presencia en las escuelas debía ser mínima y voluntaria solo en función de la necesidad asistencial sobre las comunidades escolares.
Ante la cuarentena decretada, Suteba Matanza exigió al gobierno y al Consejo Escolar que implementaran un método de asistencia en función de la mercadería que correspondiera a los cupos de comedor aumentando la partida para garantizar el acceso a todas las familias la matrícula escolar. Lejos de esto, el Consejo Escolar transformó los cupos que reciben en promedio solo la mitad de los estudiantes de cada institución en un miserable bolsón de algunos pocos productos que no alcanzan para sostener siquiera la mitad del período de aislamiento y que somete a los directivos a decidir a qué familia se le entrega y a cuál no.
El Suteba Matanza tomó una clara posición de repudio a la presencia de las Fuerzas Armadas en las escuelas y exige que los recursos para la asistencia de las comunidades sean puestos en manos de las organizaciones sociales que intervienen en los barrios.
Un programa para enfrentar la crisis de la pandemia en el distrito
El gobierno de Espinoza está interviniendo en la crisis de la pandemia con una verborragia popular pero aplicando un ajuste respecto a cómo dispone los recursos económicos. Se queja del cuadro de miseria que dejó el gobierno de Macri pero se niega rotundamente a utilizar dinero, no ya del presupuesto municipal, sino de un plazo fijo que tiene el municipio del orden de los 11 mil millones de pesos, que se suponen que deben servir para utilizar en situaciones excepcionales.
Desde el Partido Obrero de La Matanza y todas las organizaciones populares en las que participamos planteamos la necesidad de que la los trabajadores intervengamos en forma independiente por un programa de defensa de los trabajadores. Proponemos generar un fondo de emergencia, que incorpore en primer lugar el plazo fijo de 11 mil millones de pesos, sumando impuestos extraordinarios alas grandes empresas que operan en el distrito, que se ejecute bajo control de las organizaciones de trabajadores y para el cual proponemos como prioridades urgentes:
- Suministro inmediato de los insumos sanitarios que reclaman los trabajadores de la salud a todos los hospitales públicos del distrito, sean del orden municipal o provincial, hay que cuidar a la primera línea de la lucha contra la pandemia.
- Entrega de asistencia alimentaria a toda familia debajo del nivel de la pobreza. Que se universalice a todos los alumnos la entrega de alimentos que se realiza en las escuelas para todos los estudiantes ya que el servicio alimentario escolar sólo cubre una parte de los mismos. Ampliación de la entrega de alimentos que reciben las organizaciones sociales.
- Que se distribuyan masivamente a través de las escuelas y las organizaciones sociales los kits sanitarios necesarios para la población
- Que se realice una fumigación en todo el distrito para combatir el brote de dengue
- Preparación de plan de construcción de viviendas, obras contra inundaciones y saneamiento del CEAMSE en cuanto sea posible por el retroceso de la pandemia.