La inviabilidad del esquema de explotación de Vaca Muerta había quedado en evidencia ya antes de que la demanda de combustibles en nuestro país se hundiera un 80% como consecuencia de la cuarentena, y antes de que en el crash petrolero del 20 de abril se desplomaran los precios internacionales del crudo. Incluso antes de que se inicie la caída de esos precios desde principios de este año.

En los últimos seis meses de 2019 se bajaron de los yacimientos el 40% de las torres de perforación de la cuenca neuquina, y a partir de octubre se produjo un amesetamiento de la producción no convencional. Eso fue lo que llevó al propio secretario general del Sindicato de Petroleros privados, Guillermo Pereyra, a señalar que “sobran 3.000 obreros” en los pozos neuquinos.

Es claro entonces que esta crisis general de la industria petrolera plantea la necesidad  de proyectar una reestructuración de fondo. Para ello importa detenerse a analizar las causas de este colapso y las contradicciones sociales que el esquema engendró, así como de las limitaciones de las “salidas” que actualmente se pergeñan para rescatar a las petroleras.

El colapso del esquema de explotación petrolera

El detonante de la crisis de Vaca Muerta fue el congelamiento de los precios de los combustibles dictado a mediados de 2019. La dolarización de los mismos se había transformado en una bomba de tiempo. En un país jaqueado por sucesivas devaluaciones, esta dolarización llevó a tarifazos generalizados y sistemáticos que acicatearon el proceso inflacionario, expoliaron los ingresos de las familias trabajadoras y empujaron a la quiebra a numerosas industrias y comercios.

Pero lo que colapsó en 2019 fue todo un esquema de explotación petrolera y gasífera, que tuvo su origen en la reprivatización de YPF (a partir de la estatización gravosa de las acciones de Repsol) y en el pacto secreto que el gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno provincial de Jorge Sapag cerraron con la petrolera yanqui Chevron en 2013. Aquel acuerdo, la Ley de Hidrocarburos aprobada en 2014, los “senderos de precios” (tarifazos) habilitados por el macrismo en 2016, la implementación de la adenda de flexibilización del convenio colectivo de trabajo de los obreros petroleros en 2017, y la dolarización de los precios del gas y del petróleo en boca de pozo en 2018, forman un hilo conductor.

La nueva Ley de Hidrocarburos de 2014 extendió al conjunto de los pulpos petroleros los beneficios que habían sido otorgados a Chevron. Habilitó la utilización generalizada del fracking, la posibilidad de las empresas de girar sus dividendos al exterior, magras regalías y exenciones impositivas por las áreas hidrocarburíferas concesionadas. También sentó las bases para que se avance en un nuevo convenio en partir de enero de 2017.

Cada una de esas iniciativas apuntó a crear las condiciones para el desarrollo de la explotación no convencional en Vaca Muerta, con el objetivo de incentivar la llegada de inversiones sobre la base de garantizar a los pulpos petroleros internacionales la obtención, como mínimo, la tasa media de beneficio de la industria a nivel internacional. Se pretendía revertir el déficit energético del país y hasta abrir curso a un venturoso futuro de exportaciones hidrocarburíferas para la generación de divisas. Este esquema, además de fracasar, significó un enorme costo social, laboral y ambiental.       

El mito de la súper producción

Importa estudiar hasta qué punto este combo de entrega, tarifazos y flexibilización laboral logró apuntalar realmente la producción de hidrocarburos. Una mirada más o menos incisiva develará que la presunta “producción record” fue más un “relato” de los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales que una realidad concreta. Veamos…  

Aunque la producción de gas se incrementó sensiblemente desde la firma del pacto con Chevron a esta parte, al punto que se pasó de la necesidad de importación a la posibilidad de exportación, no se han alcanzado índices de producción extraordinarios. En el último período apenas se equipararon algunos de los índices históricos.

En febrero de 2020 la extracción de petróleo (con un 72% proveniente del no convencional) marcó un “record” de 166.829 barriles diarios -según los datos del informe oficial del gobierno neuquino. Si se compara esta producción con la producción promedio del año 1998, de 306.000 barriles diarios -según la Secretaría de Hacienda de la Nación[1]– cuando era todo convencional, se tiene magnitud del retroceso experimentado. La provincia produce poco más de la mitad que hace veintidós años atrás. Incluso durante todo el crítico 2001 la producción de petróleo tuvo un promedio de 255.000 barriles diarios[2].

Los datos de la producción gasífera arrojan resultados similares: en el año 2004 la provincia producía un promedio de 79 millones de m3 por día,  mientras que el pasado febrero arañó los 71 millones de m3/día[3].

Como se ve, en este proceso en el que se concentra la extracción en los no convencionales, a pesar de todos los incentivos fiscales, la producción general no logró superar la producción de hace quince o dieciséis años atrás, cuando aún no existía el fracking. Por otro lado, la producción no convencional ha ido rotando del gas al petróleo y viceversa, al compás de los precios, los subsidios y los beneficios garantizados por los sucesivos gobiernos a las empresas operadoras.

La realidad de la súper-explotación

La implementación de una adenda al convenio colectivo de trabajo de los obreros petroleros significó una aguda flexibilización de sus condiciones laborales y una furiosa intensificación de los ritmos de producción.

La adenda habilitó a las empresas a reubicar personal, en forma temporal o permanente, en tareas diferentes a las que venían realizando sin dar derecho al trabajador de pedir recategorización. Permitió también el trabajo con mayor velocidad de viento, elevando el tope máximo de 50 a 60 kilómetros por hora. Se habilitó el montaje, traslado y desmontaje (DTM) en horarios nocturnos, y la simultaneidad de tareas de un mismo operario. De la mano de la adenda comenzó, finalmente, la proliferación de contratos precarios de seis meses de duración.

En toda la industria, este esquema de ultra flexibilización generó condiciones de extrema inseguridad laboral que redundó en la muerte de ocho trabajadores petroleros en un lapso de poco más de un año (desde principios de 2018 a los primeros meses de 2019).

Donde más impactó la implementación de la adenda fue entre los trabajadores pertenecientes a las empresas de servicios especiales, que son las encargadas de realizar las fracturas de los pozos para poder realizar la extracción no convencional. Halliburton, que es una empresa líder en servicios especiales a nivel mundial y que al día de hoy ha ganado la mayoría -si no la totalidad- de los contratos ofrecidos por YPF, fue la primera en implementar la adenda a sus trabajadores. Para lograr esta reestructuración laboral debió lidiar primero con una extraordinaria huelga obrera que se extendió por 10 días, y que sólo logró ser derrotada gracias a la descarada traición de la dirección burocrática del sindicato.

En Halliburton, antes de la implementación de la adenda las líneas de fractura contaban con dotaciones de 17 trabajadores que realizaban hasta 3 etapas (fracturas) por día. Luego de la flexibilización las dotaciones se redujeron a 13 trabajadores que realizan en promedio 8 etapas (fracturas) diarias. En marzo de 2020, incluso habiéndose iniciado el aislamiento social obligatorio, una dotación de trabajadores batió todos los récords al realizar, en 24 horas, 13 etapas.

Como se ve, el cuadro de súper-explotación llegó a niveles inauditos y cobró características criminales. 

 

La “capital” de Vaca Muerta

La localidad de Añelo, geográficamente ubicada en las inmediaciones de la “zona caliente” de Vaca Muerta, fue bautizada por el Congreso Nacional como “la capital” de la extracción no convencional.

Añelo se transformó en una ciudad campamento. Con apenas 8.000 habitantes, casi la mitad de los que transitan por la localidad son trabajadores que pernoctan o llegan a trabajar el turno o el día desde otras localidades (con viajes de dos o tres horas por rutas destruidas por la circulación sistemática de camiones).

En Añelo el desempleo ronda en el 10%, existe un déficit habitacional del 27% y un 16% de las viviendas se encuentran en asentamientos informales. Apenas un 2% de las calles urbanas están pavimentadas y el resto no cuenta con cordón, cuneta, veredas ni señalizaciones. El 50% de las viviendas carece de redes de gas y cloacas, y el 30% de redes de agua potable[4].

Sin embargo en el pueblo se ha desenvuelto un extraordinario proceso de especulación inmobiliaria. Un terreno de 500 metros cuadrados cuesta 40.000 dólares, mientras que el alquiler de un monoambiente asciende a los $ 55.000 por mes (El Cronista, 17/10/2019), a lo que hay que agregarle un monto similar de garantía y garantes con propiedad que tripliquen ese valor. La alternativa es alquilar a valores siderales una pieza compartida o vivir en los campamentos de trailers que proveen las empresas.

Una encuesta revela que el 97% de la población señaló que Añelo se inunda cada vez que llueve, y que 4 de cada 10 habitantes sufrió inundaciones el último año[5]. La falta de agua potable es una de las principales causas de que la principal afectación epidemiológica sea la diarrea. Aquellos que tienen red de agua casi no la consumen, por la alta contaminación de la misma. Los residuos domiciliarios se depositan sin clasificar en cavas a cielo abierto sin impermeabilizar, por lo que las sustancias tóxicas o contaminantes pueden terminar en las napas subterráneas de la cual toman el agua de uso diario muchas viviendas a través de pozos[6].

Añelo no cuenta ni con un cine ni con un teatro, pero en cambio sí hay un casino y varios prostíbulos. El alcoholismo y la droga hacen estragos entre los trabajadores, a tal punto que el secretario general del sindicato debió reconocer que el 40% de los obreros tienen un consumo tóxico (LMN, 3/10/2018).

Hasta hace muy poco, la localidad no contaba con un hospital. Las parturientas debían trasladarse a Centenario (a 90 kilómetros) o a Neuquén (110 kilómetros). El recientemente construido hospital es de baja complejidad y solo cuenta con atención médica generalista. En una zona con trabajos de alta siniestralidad, como la actividad petrolera y la construcción, el hospital no cuenta con especialidades como traumatología y cirugía. Menos aún con terapia intensiva o camas con respirador.

El equipo de trabajo del hospital (según lo afirmado por la ministra de Salud de Neuquén) está compuesto por profesionales y personal de una fundación privada que desembarcó en la región con Chevron, y que asisten con programas a las mujeres y niños de Añelo (ver página oficial Fundación Baylor). Los patrocinadores de esa fundación son precisamente YPF-Chevron y Tecpetrol (Techint). Se trata de una suerte de privatización nada menos que de la parte de obstetricia y pediatría del Hospital, que han quedado en manos de quienes tienen mucho interés en ocultar los efectos de la contaminación que genera la hidrofractura (malformaciones, niveles de derivados hidrocarburíferos o metales en sangre, etc.).

El virus es el lucro

En base a los balances presentados por YPF a la SEC estadounidense (Securities and Exchange Commision, la agencia federal que supervisa los mercados financieros), un investigador de la Fundación Bariloche demostró que el costo promedio para producir un millón de BTU de gas es de 1,9 dólares. Este cálculo se hacía en momentos donde las petroleras recibían hasta 5 dólares por millón de BTU y se les garantizaba un sendero de precios de hasta 7,5 dólares el millón de BTU para el gas producido por encima de la producción promedio. El mismo estudio afirma que las petroleras se aseguraron un lucro de más de 3.000 millones de dólares anuales, que obviamente fugaron al exterior en lugar de invertir en el país, mientras las distribuidoras asestaban tarifazos descomunales sobre los consumidores domiciliarios.

Según otro informe, del Ministerio de Hacienda[7], “en la Argentina los yacimientos más económicos poseen un costo de extracción de 13,9 dólares por barril”, en tanto desde el Estado se garantizaba a las petroleras un precio de entre 55 a 65 dólares por barril, ¡cuatro veces su costo de extracción!

Esto es plenamente confirmado por el director financiero de YPF en una reunión con inversionistas extranjeros, cuando reconoció que el “lifting cost (costo de puesta en superficie) de la compañía es de 12,2 dólares por barril equivalente de petróleo” y que si se suman las regalías, impuestos y recuperación del capital invertido el costo del BEP (barril equivalente de petróleo, promedio para el crudo como para el gas) es de 20 o 21 dólares (RN, 10/8/2016).

Una salida de fondo

La apertura de los libros de contabilidad de las empresas petroleras pondría de manifiesto que, con un barril de petróleo a 20 dólares y un millón de BTU de gas a 2 dólares, las empresas tienen ganancias aseguradas. Asimismo, pondría en evidencia las ganancias acumuladas por las empresas en todo el último período. El valor de una medida de este tipo es que dejaría al descubierto el carácter criminal de la reducción del 40% de los salarios de 20.000 trabajadores petroleros suspendidos con el pretexto de la caída de la demanda de petróleo fruto de la cuarentena, ya que los pulpos tranquilamente podrían hacer frente al actual párate económico sin la necesidad de tocar el salario de los trabajadores.   

Las petroleras, sin embargo, no solo atentan contra los ingresos de los trabajadores, también exigen un “precio sostén”  (o “barril criollo”) para continuar con sus “planes de inversión”. Pero es ese precio sostén, justamente, el que genera la irracional situación de que mientras se hunde el precio del barril en el mercado internacional en nuestro país se mantienen intactos los siderales precios de los combustibles. El lucro empresarial que garantiza todo este esquema de explotación capitalista de los hidrocarburos se revela incompatible con el interés ya no sólo de los obreros del sector sino con los intereses del pueblo trabajador en general. 

Esta crisis pone sobre la mesa la necesidad de avanzar en una nacionalización de la industria energética, sin indemnización, empezando por las empresas operadoras, y el control obrero de toda la cadena. Un plan económico de los trabajadores, que parta de colocar como prioridad los intereses de las mayorías populares, pondría toda la producción hidrocarburífera al servicio de abastecer al conjunto de la industria nacional con una energía barata, y terminaría con la súper-explotación, la inseguridad laboral y la depredación ambiental.