04/07/2020

INFORME ESPECIAL – Vicentin: autopréstamos, vaciamiento e impunidad

Es necesaria la apertura de los libros del grupo y la defensa de los puestos de trabajo.

Mientras los gobiernos provincial y nacional negocian los términos del “Plan Perotti”, resumido por el secretario de Justicia de Santa Fe como un plan para “rescatar a Vicentin y no expropiarla”, se supo que Vicentin no presentó el balance contable 2019, es decir, el que corresponde al año del default y la quiebra.

El juez Fabián Lorenzini, que atiende la quiebra en Reconquista, el gobierno de Perotti y la banca acreedora extranjera –en este caso en tribunales de Nueva York- han reclamado judicialmente que los 100 principales accionistas hagan esta presentación. Por su parte, el linaje Vicentin respondió que eso es “potestad de la asamblea de accionistas” pero el concurso de quiebra se hizo sin este balance el 9 de febrero y tenía fecha hasta el 28 de ese mes para cumplimentarlo. Está claro que la legalidad que tanto agitan en defensa de la propiedad privada importa un rábano si va a contramano de sus intereses. El fallo de Lorenzini que restituyó a este directorio corrupto cobra toda su dimensión prebendaria a la luz de este dato.

El tema del directorio aparece como el único contrapunto oficial entre el juez y el gobierno de Perotti, que sigue a pies juntillas el libreto del presidente Fernández que confesó públicamente que la preocupación es mostrar “prolijidad”. La definición la dio el secretario de seguridad de Santa Fe, Gabriel Somaglia: “este fallo dilata y pone en riesgo cualquier interés en salvar a la empresa. Si existiera algún inversor extranjero o nacional en tomar las riendas de Vicentin y no sabe a ciencia cierta quién es el administrador, lejos se pondrá de la firma para un proceso de salvataje” (La Capital, 3/7).

Pero en los recules sucesivos, el gobierno se orienta a terminar pactando la impunidad del directorio. Es lo que explica que no se haya tomado ninguna medida sobre el vaciamiento patrimonial en el que están incurriendo los accionistas mayoritarios, que están aprovechando el tiempo ganado en el pantano judicial en el que se encuentra la causa para seguir explotando sus empresas impunemente.

 

 

Las 8.500 silobolsas que se robó Vicentin

La IGJ (Inspección de Personas Jurídicas), el organismo a cargo de la intervención designado por el gobierno de Santa Fe, denunció que los accionistas están haciendo movimientos financieros espurios detrás de la figura de “donaciones”. Ninguna de las palancas financieras que se pondrían en marcha, por ejemplo, para hacer entrar en el Veraz a un trabajador que incumple un simple crédito, se activaron para inmovilizar esos fondos.

El tema del estado económico real de Vicentin es un agujero negro, que se ahonda resultado de las peleas intercapitalistas para definir quién paga el desfalco. La banca extranjera hizo un “pedido de discovery” porque dicen que entre el último balance financiero que presentó el directorio -el 1° de julio de 2019- y el 9 de febrero, cuando se presentó la quiebra, se “esfumaron” 1.000 millones de dólares. Recordemos que el default total es de 1.400 millones de la misma moneda.

 

Según los bancos extranjeros, en 2018 Vicentin mostró “un robusto patrimonio” que decreció para 2020 en un 88%. Por su parte, un acreedor cordobés que viene de tener un revés judicial en lo de Lorenzini dejó trascender que según esos balances financieros (dato parcial del contable) Vicentin le prestó, antes del default, 100 millones de dólares a los 100 principales accionistas, un número importante considerando que el impago a “los productores” es de 350 millones de la moneda de Estados Unidos (Punto Biz, cobertura completa).

Junto a esto, no se sabe qué pasó con el traspaso de acciones a Renova en medio del concurso y aparecen entre los pasivos los autopréstamos del grupo. Vicentin Argentina dice deberle a Vicentin Paraguay 4 mil millones de pesos por compra de granos, en lo que se sabe es una cobertura financiera para evadir impuestos en Argentina y lavar activos. Los personeros capitalistas que realizaron toda esta operatoria corrupta ¡figuran a su vez como acreedores de Vicentin por 350 millones de pesos!

Se calcula que el impago de los granos comprados por Vicentin equivale a la rotura de 8.529 silobolsas; son 200 toneladas de soja a $14.930 la tonelada (Punto Biz, 26/6). Si prosperara la ley que impulsa Sergio Massa en el Congreso, de penar con 5 años de prisión cada acto de “vandalismo rural”, habría que instaurar la cadena perpetua para los 100 accionistas del pulpo sojero.

El Plan Perotti es el plan Fernández

Según confesó Máximo Padoán, el viernes anterior a que el presidente Alberto Fernández enunciara el proyecto de expropiación, el acuerdo al que habían arribado los dueños de Vicentin, el ministro de Producción de Santa Fe, Carlos Costamgna, y Omar Perotti, era que YPF se asociara a Vicentin pagando granos a cambio de combustible, que YPF a su turno procesaría en la aceitera Cofco, la exNidera, que se vendió a capitales chinos durante el kirchnerismo. Luego de los fuegos de artificio, el interventor nacional Delgado ratificó que este es el rumbo actual aunque en lugar de YPF Agro compraría parte de la empresa YPF Bio “en un modelo innovador”.

Se sabe que Perotti está negociando un modelo de capitalización de las deudas y el ingreso de sectores capitalistas que compren parte del pasivo de una empresa que factura 3 mil millones de dólares al año. Esto es lo que discutió en las reuniones que viene manteniendo con distintos acreedores por venta de granos, entre ellos ACA una “cooperativa” de productores que es dueña de 6 puertos privados en Santa Fe, Corrientes y Ciudad de Buenos Aires, y concentra el 17% de las exportaciones de granos del país.

El grupo que aparece al tope del esquema de ventas es la suiza Glencore, socia de Vicentin en Renova, la aceitera más grande del mundo ubicada en San Lorenzo y por la que presiona el directorio de Vicentin. La intervención de Perotti apunta a rescatar a los acreedores a toda costa, el 46% de los mismos está radicado en Santa Fe, una provincia económicamente arrasada por la quiebra industrial y la “zona franca” extendida a las exportadoras en toda la provincia: Cargill, Bunge, AGD, Dreyfus, Cofco, Vicentin, operan en puertos propios y exportan el 85% de la producción oleaginosa del país, pero ni siquiera pagan impuestos a los ingresos brutos.

El desguace ya se está dando por la vía de la compra de deuda en default, por caso, Agrid Liquid Solution, compró 20 millones de dólares en deuda. La empresa –que es dueña del puerto que funciona en la formal zona franca de Villa Constitución- adquirió estas acciones a cambio de la entrega de 30 toneladas de fertilizantes, que irán a parar a los campos de soja que envenenan la provincia.

Cuando se habla de rescatar al “productor” debemos advertir que la venta de granos está mayormente dominada por corredoras de grano (que como Corredora Pampeana defaulteó a productores en el pasado) o cooperativas que funcionan como pantalla de grupos concentrados. Por eso es tan importante que se abran los libros, porque el mecanismo de venta de granos con “precios a fijar” (vender el grano, mover financieramente el dinero de esas ventas y después no pagar el producto que ya se vendió) es un mecanismo especulativo extensivo a todas las agroexportadoras al que acceden los corredores de granos para hacer negocios. Debe separarse la paja del trigo y de ninguna manera el Estado debe indemnizar una cadena de comercialización especulativa. De las deudas con los productores reales deben hacerse cargo “los 100” con su patrimonio personal.

Para “emprolijar” esta trama oscura, en la provincia se habla de una “ley Vicentin” que permita transparentar estos movimientos fuera de control del BCRA y de la Comisión Nacional de Valores, estableciendo algunos mecanismos como encajes obligatorios que serían “la especialidad de Delgado”(el interventor designado por el gobierno). Le oponemos la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y el control obrero a partir de representantes electos de las cuentas patronales, porque es sabido que el zorro no cuida el gallinero. Recordemos que el juez Lorenzini, por caso, era el responsable de la sucursal Reconquista del Banco Nación donde Vicentin acumuló una deuda por 18 mil millones de pesos.

¿Quién defiende a lxs obreros?

Es relevante que lxs trabajadores vean que mientras la crisis por el default de Vicentin se profundiza los gobiernos no toman ninguna medida en resguardo de los 7 mil puesto de trabajo vinculados a la agroexportadora. Esto, mientras se multiplican los reclamos del colectivo obrero que es explotado por Vicentin como la lucha obrera de Algodonera Avellaneda, la de los estibadores de Terminal Puerto Rosario, o la de los aceiteros.

Por estos días funcionarios del gobierno salieron a aclarar que frente al quebranto de SanCor están buscando soluciones “para que no sea otra Vicentin”. Lo que está en juego, sin embargo, es que el grupo no termine desguazado como sucedió con la cooperativa láctea que recortó su personal de 5 mil en 2016 a 1.800 actualmente, vendiendo líneas de producción que fueron al desguace en mano de los nuevos dueños. Es lo que sucedió con la línea de postrecitos Arsa, que compró Vicentin en 2018. Frente al tema del financiamiento de SanCor los gobiernos no plantearon nada “superador”, sino armar un fideicomiso que tendría como protagonistas a capitalistas extranjeros que ponen como condición rebajas en las condiciones convencionales y salariales de lxs trabajadores.

Desde el Partido Obrero de Santa Fe planteamos:

 

    • Asambleas obreras que voten un pliego de defensa de las conquistas salariales y convencionales y un plan de lucha. Toda la población debe rodear de solidaridad estos reclamos, porque hacen a la defensa del corazón productivo de la provincia.
    • Que se abran los libros de todo el Grupo Vicentin. Lxs trabajadores tienen derecho a conocer de primera mano la información contable y elegir representantes a tales fines.
    • Estatización sin pago de todo el Grupo Vicentin. Las deudas con los productores de granos deben afrontarla con su patrimonio personal los accionistas mayoritarios. Puesta bajo control obrero.
    • Recuperación del complejo agroexportador. Congreso de delegados obreros con mandato, que discuta un programa de recuperación industrial en base al no pago de la deuda externa y la nacionalización de la propiedad terrateniente, de los puertos privados y el comercio exterior.
 

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