El gobierno nacional acaba de disponer la creación del Sistema Informativo para la Implementación de Reactivación Económica (Sipre), con el objetivo de “controlar” la cadena de precios y abastecimiento de una cantidad de grandes empresas. Se trata de un seguimiento “soft”, que consta de lo informado por las patronales, que intenta encubrir la responsabilidad el gobierno en la inflación y el desabastecimiento.

La medida es implementada por medio de la Resolución 237/21 del Ministerio de Desarrollo Productivo, por vía de la Secretaría de Comercio a cargo de Paula Español, y establece la obligatoriedad de la presentación de informes respecto a los bienes producidos por unas 500 grandes empresas (en una primera etapa), extensible a otras 500 más.

Se trata de aquellas compañías de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, construcción, químicas, agroquímicas, de muebles, electrónicas y de electrodomésticos que facturen desde $2.602 millones anuales (sector comercio), $2.540 millones (industriales) y $965 millones (construcción).

A partir del mes de abril, las empresas implicadas deberán informar todos los meses los precios de venta vigentes, cantidades producidas y vendidas y el stock de sus productos, con lo que el gobierno espera “evitar” desabastecimiento en la cadena de ciertos bienes.

Se trata de una medida meramente formal ya que no implica el conocimiento de los costos de producción y logística, utilización de capacidad instalada, insumos, ni ninguna variante que dé la idea un verdadero “control de precios”.

Más aún, las sanciones previstas por la Resolución son de aplicación solo para el caso de que las empresas no presenten los informes, lo que no obsta que estas manipulen la información contenida en los mismos.

Se trata de un cuasi llamado de atención ante la presión de las patronales, por vía del desabastecimiento, para obtener una mayor, y más pronta, liberación de los precios y flexibilización de la importación de insumos. Y es también una presión sobre los trabajadores en el medio de las discusiones salariales, que la burocracia se encarga de viabilizar firmando por debajo de la inflación prevista.

Una cortina de humo

Lo que es anunciado como un nuevo control del gobierno, o una mayor supervisión sobre las patronales que manejan la cadena de precios, aparece solo como una acción superficial, que busca esconder el impulso de la inflación como resultado de las políticas de Alberto Fernández y su gabinete.

Cuando asistimos a un nuevo aumentazo de los combustibles, con subas del 18% hasta mayo, y mientras se discute el aumento de las tarifas de gas y los servicios esenciales, es ineludible concluir que en el impacto de la inflación en los bienes de consumo masivo (principalmente alimentos) tiene una incidencia la política de ajuste nacional.

El gobierno está embarcado en el pacto con el FMI y el capital financiero, para lo cual se propone ofrecer una reducción del gasto fiscal como garantía de sostenibilidad y de solvencia. Esto implica atenerse, e ir mucho más a fondo, al Presupuesto 2021 de ajuste, con recortes en las principales áreas sensibles al bolsillo de los trabajadores.

Alberto Fernández para evitar la erogación de los subsidios a las concesionarias privadas de los servicios no tiene otra orientación que no sea la liberación de las tarifas; ni se le asoma la idea de la nacionalización sin pago del conjunto de la cadena de producción, transporte y distribución energética.

Tampoco ha lanzado ninguna política para detener el salto exponencial de los alquileres de las viviendas, cuestión agravada por el vencimiento de la prohibición de desalojos y de las subas en las cuotas, lo cual concluya a fines de este mes.

Respecto a los alimentos, el gobierno ha ido autorizando la suba de algunos precios enlistados en Precios Máximos y Precios Cuidados, mientras ha desenlistado otros tantos. Sin embargo, ya ha salido a la luz que las patronales evaden esta regulación por medio de distintas artimañas.

El gobierno nacional no está dispuesto en ir a fondo en una política de control de precios, porque esto implicaría abrir los libros de las principales patronales que dominan la producción y distribución de alimentos, y bienes de consumo masivo, y establecer una verdadera auditoria de los costos de producción y la “formación de precios”. Lo que devendría en asumir medidas contra las ganancias de estas patronales, cuyo interés está en obtener una mayor ganancia y no en satisfacer las necesidades de la población trabajadora.

La forma de detener el desabastecimiento patronal y la suba de precios parte de controlar efectivamente toda la cadena de valor de las industrias implicadas, para determinar los costos reales de producción y la capacidad instalada para la producción. Lo que debe ir acompañado del rechazo al pacto con el FMI y el capital financiero, junto a un plan económico de la clase trabajadora para salir de la crisis.