El orden de día de los diarios dominicales ha vuelto sobre la agenda reaccionaria que el macrismo y los opositores capitalistas han recolocado frente a la llamada “crisis de inseguridad”. De un lado, anuncios de un posible control sobre el ingreso de inmigrantes, restringiendo la entrada de aquellos que contaran con antecedentes penales. Del otro, vuelve el debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años.

 

En el primer caso, la propia canciller Susana Malcorra, que reclama colocar filtros para los migrantes con prontuario, reconoce al mismo tiempo la dificultad de acceder o intercambiarlos con otros países. No debería sorprender que esa ausencia de datos sea reemplazada por la discrecionalidad, y constituya el pretexto para frenar arbitrariamente el ingreso de personas. Más aún: el “control de antecedentes”, en manos de un Estado y un aparato policial con mil vínculos con el delito organizado –nacional e internacional- bien puede convertirse en el instrumento para que el ingreso de inmigrantes quede al arbitrio de redes mafiosas y paraestatales,  las que cuenten  con “banca” en las fronteras.

 

Del lado de los menores, argumentan que el actual régimen de minoridad permite el confinamiento de jóvenes en los sórdidos institutos de encauzados. Pero en vez de plantearse superar a esas verdaderas escuelas del delito con tutela estatal, macristas y “opositores” planean mandar a los jóvenes a otro infierno: las cárceles comunes, que están atiborradas de miles de presos sin condena.

 

El principal socio de esta escalada es el jefe de senadores del FpV-PJ, Miguel Angel Pichetto. Los “cristinistas” podrán hacer demagogia con el derechismo oficial, pero siguen bajo la égida parlamentaria del principal abanderado de la escalada fascistoide contra los inmigrantes. En relación al régimen penal juvenil, los Zaffaroni y otros K intentaron impulsar estos mismos cambios en 2009.

 

   Imputados VIP

 

El gobierno ha refritado estos anuncios reaccionarios en momentos en que la “imputabilidad” y criminalidad aflora, por cierto, pero desde el corazón del poder político.  La delación del encargado de coimas del grupo Odebrecht, involucrando al jefe de los espías macristas, no es una mera imputación a un funcionario.  Arribas fue socio de Macri durante años, y su ubicación al frente de la AFI –que no se explica por antecedente alguno en materia de inteligencia- sólo se debe a su completa confianza con el presidente. Estamos ante una crisis que toca al corazón del poder.

 

Cuando Carrió u Ocaña se apresuran a “pedirle explicaciones” a Arribas, soslayan cuidadosamente el mismo pedido a Mauricio Macri. Que la imputación a Arribas esté siendo agitada por aliados del gobierno –como “La Nación”- pone de manifiesto la aguda lucha de clanes que se ha puesto en marcha en torno del reparto del botín del presupuesto “público”, en torno de varias obras cuestionadas –como el soterramiento del Sarmiento- y por montos faraónicos. En estas horas, se reveló también que un aportante de la campaña de Macri –el titular de la constructora Bricons- ha sido adjudicatario del recientemente licitado Metrobus de la ruta 8.  Mientras tanto, el presidente de la superintendencia de Seguros era “renunciado” por el ministro de finanzas Luis Caputo, en medio de una guerra declarada por el control de este negocio entre –también-aportantes a las campañas del macrismo.

 

Los realineamiento del gabinete han desatado una lucha sorda de clanes capitalistas. En torno de estas peleas, se delata el carácter corrupto de la camarilla oficial que, desde el gobierno, quiere llevar adelante una reforma laboral antiobrera, los tarifazos y el reforzamiento del Estado policial contra los más explotados. Imputabilidad a los jóvenes, a los inmigrantes, a los mapuche y vendedores ambulantes, para esconder la protección a Arribas… y a los de arriba.