A pesar de que CABA es el distrito del país con mayor cantidad de efectivos por metro cuadrado, contabilizando los 26 mil policías de la ciudad más los casi 2.000 integrantes de fuerzas federales que intervienen en el territorio, lo cierto es que se apilan los factores de inseguridad. La designación de Eugenio Burzaco, un exSide del gobierno de la Alianza, exsecretario del ministerio de Bullrich y exfuncionario de Sapag en Neuquén cuando fue asesinado brutalmente el maestro Carlos Fuentealba, muestran un currículum que está muy lejos de apuntar a la desarticulación del delito con las fuerzas de seguridad, un factor fundamental que promueve la inseguridad en la ciudad y en el país.

Aunque a Larreta le gusta mostrar números globales de baja del delito, lo cierto es que en las comunas 1, 4, 7 y 8 -estas últimas las únicas en las que se han registrado crecimientos poblacionales en la ciudad en los últimos 60 años- existen múltiples y permanentes factores de inseguridad que son generados desde la propia impunidad estatal. En varias comunas donde se despliegan distritos comerciales como el de Once, el de la calle Avellaneda o la zona de Palermo sufren un incremento importante del robo por arrebato. En algunos casos llegando a sufrir la muerte. Esta modalidad también es moneda corriente en las comunas más empobrecidas, pero no es contabilizada y las denuncias muchas veces, si no incluyen el robo de alguna tarjeta, no llegan a registrarse porque se sabe que la policía conoce quiénes roban y se dedica a más a intentar cobrar un porcentaje de lo robado que a desanimar el delito.

La juventud es afectada por la inseguridad reinante de varias maneras. De manera directa, la población juvenil menor a 30 años se apilan en las alcaldías de la ciudad que triplican su capacidad. Las detenciones han crecido enormemente, pero los factores que llevan a esas poblaciones a delinquir -en el caso de que lo hubieran hecho- no son abordadas nunca. Ningún gobierno puede dar muestras de haber analizado los motivos por los cuales un joven delinque para poder demostrar que puede atacar las causas. Por ejemplo, el vínculo de las fuerzas con el narco no ha sido desanudado por ningún gobierno, por el contrario el macrismo actuó con total complicidad.

Como se sabe que ocurre muchas veces son las propias fuerzas de seguridad las que introducen a los pibes en el delito para alimentar las arcas de las cajas ilegales de la policía. Sin embargo, ninguna investigación política o judicial llega a desarmar ese vínculo. Es el propio Estado capitalista protegiendo sus funciones fundamentales que nada tienen que ver con el beneficio de las mayorías populares.

En el caso de nuestra compañera Claudia Tupa Lotore, que apareciera muerta frente a un puesto de venta de estupefacientes, fue directamente la propia policía de la Comisaría 10C la que se encargó de amedrentar a testigos ya que la denuncia que realizamos afecta directamente la recaudación ilegal de la propia fuerza. Ni el fiscal “progre” kirchnerista Ariel Yapur ni el gobierno de la ciudad se interponen frente a la acción delincuencial de las propias fuerzas represivas.

El negocio narco en la ciudad es fuente de inseguridad permanente. Está entrelazado con otros delitos como el de la captación de chicos para la venta y la administración del negocio de la prostitución de mayores y menores. El Operativo de Seguridad Cinturón Sur inaugurado por Nilda Garré en 2011, cuando se encontraba al mando del Ministerio de Seguridad de Cristina Fernández de Kirchner, fue saludado muy tempranamente como exitoso. Sin embargo, habiendo pasado 12 años desde que Gendarmería y Prefectura, junto a la policía de la ciudad, están en el territorio de villas y barrios carenciados de CABA, se puede observar un empeoramiento de la situación que viven esas poblaciones y una consolidación de espacios que son territorio narco intocable en los barrios.

El caso de Nayla (4) en la 1-11-14 o el de Kevin (9) en la 21, ambos asesinados por balaceras narcos, son muestras de la total indefensión en la que están chicos y adultos frente al negocio de la venta de estupefacientes. En colegios de zona sur oeste de CABA, como el Lola Mora, se descubrió hace años que había chicos captados por narcos que introducían a otros más pequeños en el narcomenudeo, situación que también abría puertas a la prostitución de menores que circula en boliches de la ciudad frente a los que la Dirección de Habilitaciones y el conjunto del gobierno prefieren mirar para otro lado. Una causa de busqueda de paradero de una menor que llegó al Juzgado Federal de Canicoba Corral mostraba que en boliches de Liniers y de Bajo Flores había actividad desde las 14 horas, a los que concurrían pibes recién salidos del colegio. En todos los casos la vulnerabilidad social es el caldo de cultivo, como se puede ver en los casos de las bandas de pedófilos que a partir del testimonio de Lucas están saliendo a la luz en estos días.

Aunque Larreta se vanagloria de haber avanzado en la urbanización de Villas lo cierto es que durante 16 años de gobierno el macrismo solo construyó un número limitado de departamentos, que tienen por objetivo central tapar a la vista las villas que han crecido enormemente en población y en las que no han habido verdaderos avances de urbanización. Como señalan lxs trabajadorxs de la Villa 20, allí se creó el barrio Papa Francisco para tapar la villa que duplicó sus dimensiones en los últimos años. La otra y única medida de “urbanización” que tomaron fue la de abrir dos arterias de ingreso a la villa que antes no existían. Hoy padecen la delincuencia de sectores que ingresan a la villa por esas arterias cuando antes no lo hacían, un proceso inconcluso que trae más factores de inseguridad que en el pasado. La verdadera urbanización y no el incremento de fuerzas que transan con el delito y lo administran representaría un verdadero avance en la retracción del delito.

Cada tanto sale información mediática sobre la banda narco de “Marco” y sus cruces con otras bandas. Todo forma parte de una espectacularización que cuando se apagan las cámaras desaparece mientras las bandas protegidas por la policía y las fuerzas federales siguen amparando el delito. El empobrecimiento fomentado por los gobiernos nacional y local, con sus estrategias de favorecer a sectores capitalistas en detrimento de las y los trabajadores, resulta un incentivo de peso para la introducción de pibes en el narcomenudeo. Se apalancan en factores de vulnerabilidad. Los gobiernos no ofrecen a nuestra juventud ningún futuro y hasta eliminan planes sociales sin crear alternativas, entregando así con más fuerza a nuestra juventud a los brazos de la única actividad que crece en proyección y que ofrece la obtención de ingresos a una juventud que no tiene ningún futuro de la mano de los que gobernaron siempre.

Aunque el delito grave ejecutado por menores representa sólo el 1% del total de delitos, lo cierto es que el Estado usa esas acciones para demonizar a la juventud, colocarla como una juventud delincuente que no tiene retorno y agitar siempre la baja de la edad de imputabilidad tanto el macrismo como el kirchnerismo. El flamante ministro de Larreta, Eugenio Burzaco, es un agitador de estas políticas que lo único que han mostrado en otros países es que de esta forma la introducción de niños en el delito comienza desde edades más tempranas. Para el Estado capitalista se trata de crear instrumentos de control social que le permitan seguir beneficiando a sectores minoritarios en detrimento de las mayorías populares, incluso cuando esta política enferma a la sociedad e incrementa los factores de inseguridad.

Las escuelas del cordón suroeste de la ciudad son también objeto de robos recurrentes que el gobierno de la ciudad no ataca. Otra vez las poblaciones juveniles más empobrecidas aparecen como víctimas. “Un total de 2.425 netbooks, 422 tablets y 78 PC fueron robadas de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos dos años, lo que motivó 163 denuncias por parte de los equipos de conducción de esos establecimientos, informaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad” . Esta realidad es el fruto de una política de abandono y reducción de gastos en personal en la cartera educativa. El rol de cuidadores de escuelas y personal auxiliar de la docencia ha sido devaluado y reemplazado en muchos casos por alarmas que han demostrado ser totalmente ineficientes. La gran mayoría de estos robos se producen por las noches y fines de semana, demostrando lo ineficaz del sistema instalado por la ciudad.

Sin embargo, la cartera educativa de Larreta a manos de la ministra Acuña se ha negado a cubrir vacantes de caseros y otras figuras que justamente retraerían los robos, junto a otras medidas de seguridad que no incluyen necesariamente el incremento de personal policial que ya se ha producido y ya ha fracasado en este propósito.

En el ámbito de la salud pasa algo similar: la retracción en la contratación de personal especializado produce un creciente incremento de casos que ponen en riesgo la integridad física de enfermeras, médicos y personal administrativo del área. Por un lado, un reciente tiroteo iniciado por la policía dejó sin atención en salud primaria a la Villa 31, en la que ya escaseaba la misma por los bajos salarios que le pagan al personal de salud y por el escaso personal contratado. Desde hace dos semanas está cerrado el Cesac 25 porque el personal no se siente seguro con la policía que abrió fuego entre los propios trabajadores. Por su parte, hace tres semanas se produjo un paro general de la AMM. Ese paro estuvo motivado por las crecientes agresiones que se producen en servicios de terapias intensivas, en particular el ataque de familiares a una médica en el Hospital Fernández. No es la falta de personal de seguridad el factor detonante de esta inseguridad, sino la ausencia, en los servicios de terapia intensiva, de personal profesional que atienda y contenga a los familiares y que puedan afrontar las noticias sobre el estado de salud de sus seres queridos sin tener que vivir las consecuencias de un sistema que redujo el personal de salud.

Aunque la lucha de residentes y concurrentes del 2022 arrancó la apertura de residencias en salud mental, lo cierto es que son totalmente insuficientes y que el gobierno considera superfluo ese rubro. Muchas agresiones que sufren médicos y enfermeros podrían ser contenidas con una adecuada intervención de profesionales. Otra vez, las soluciones a factores de inseguridad no están en el crecimiento del aparato de seguridad.

Las poblaciones más postergadas de la ciudad viven en carne propia la doble inseguridad que representa tener que ir a la madrugada a sacar un turno médico de los escasísimos que otorgan los hospitales y salas de atención primaria. Otra vez la escasez de personal contratado por Quirós y Larreta es el factor de inseguridad tanto porque las poblaciones más necesitadas no acceden a la atención en salud sino que cuando van a buscar un turno sufren robos y todo tipo de inseguridades. Tal como contó una vecina de Lugano en la asamblea que realizamos de la Comuna 8, concurren sin celular a sacar turnos haciendo colas desde las 2 de la madrugada. Larreta y su gobierno son el principal factor de inseguridad en la ciudad.

En un repaso sobre la inseguridad que vive la población en la ciudad se puede ver que el incremento de fuerzas represivas no ha traído alivio a la población de CABA sino que resultó ser un factor de mayor protección a delitos y mayores negocios.

Desmantelamiento del aparato represivo y su cruce con el delito organizado de la trata de personas y el narco, la urbanización de villas y asentamientos, la designación de personal profesional en la salud y la educación, la creación de trabajo genuino, entre otras medidas, son las verdaderamente indispensables para resolver la “inseguridad” que es el fruto de las políticas gubernamentales.

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