La Legislatura votó varias leyes relacionadas con las villas porteñas. Dos hilos conductores recorren a estas iniciativas. Por un lado, los proyectos contienen un número limitado de viviendas nuevas para construir en cada barrio -no más del 10 a 12% de los hogares totales- y, como contrapartida, una incierta reparación de las viviendas existentes. Por otra parte, la aprobación de estas leyes estuvo “atada” a la votación de otras relacionadas  con la enajenación de tierras públicas u operaciones inmobiliarias. En el caso de la Villa 20, se ha votado la venta de 36 hectáreas de tierras públicas en el parque de la Ciudad, una parte de la cual financiaría la “integración” de la 20. En la Villa 31 se ha votado un endeudamiento de 170 millones de dólares para cambiar la traza de la autopista Illía. En el caso del barrio Rodrigo Bueno, su urbanización sería financiada con una “donación” del grupo Irsa, a cambio de que la Legislatura le habilite un barrio privado de trece torres en la Costanera Sur. Finalmente, el gobierno accedió al reclamo vecinal de un parque público en la manzana de Jujuy y Belgrano, en Balvanera, pero a cambio de cederle a sus propietarios un terreno similar en Saavedra, y rezonificarlo… para la erección de torres.

 

Toma y daca

 

Así las cosas, la Ciudad “integra” algunos barrios precarios con las migajas de otra operación económica: la privatización de tierras públicas. La parte del león de esas enajenaciones alimenta a las cajas paralelas del Estado porteño: la Corporación del Sur y la recientemente creada Agencia de Bienes. En los debates legislativos hemos caracterizado a esta práctica como “asistencialismo inmobiliario”.

 

Llama la atención la tibieza con la cual cierta oposición autotitulada progresista ha criticado este operativo.  Es que el macrismo ha extraído su política ‘asistencial-urbana’ de los manuales del progresismo y hasta de los “nacionales y populares”. El antecedente inmediato son las normas del ex gobernador Daniel  Scioli habilitando barrios privados a cambio de alguna cesión de tierras para urbanizaciones populares, iniciativas que, a su vez, habían sido propuestas por el ultra K Luis D Elía. En la Ciudad, el centroizquierda, en recientes campañas electorales, propuso una ley de solidaridad urbana -o sea, un manual de procedimientos para el canje de beneficios inmobiliarios por prestaciones sociales.

 

Si se mira bien, el asistencialismo urbano es una réplica de la asistencia social general. O sea, una respuesta capitalista a la polarización y miseria social que impone el capitalismo. En el plano del trabajo, la política de despidos, ajustes e internacionalización de tarifas, viene acompañada por la extensión de las asignaciones y planes sociales. En el caso de la vida en la Ciudad, el acaparamiento privado del suelo es compensado con planes de “integración” en favor de quienes, apartados del mercado de alquileres o viviendas, deben ir a parar con sus huesos a los barrios precarios. Las “urbanizaciones” de Larreta, en definitiva, son el equivalente urbano de las “asignaciones por hijo” kirchneromacristas.

 

¿Efecto derrame?

 

Esta política urbana seudoprogresista sirve de pantalla para una fabulosa transferencia de riqueza social en beneficio de monopolios inmobiliarios. La justificación teórica es que el Estado, transfiriendo una pequeña parte de esa renta extraordinaria a los sin techo, estaría asegurando el derecho de estos últimos a la vida en la Ciudad. Esta teoría transforma al capital financiero en “socio” y benefactor de las familias sin vivienda. De acuerdo con ella, cuantas más megatorres de lujo se construyan, más urbanizaciones de villas se podrían concretar. Lo cierto es lo contrario: el monopolio privado del suelo sólo puede conducir a un progresivo encarecimiento de la vivienda propia y de los alquileres y, a su turno, a la formación de nuevos asentamientos. En otras palabras: las torres de Irsa financian la “integración” del barrio Rodrigo Bueno; pero su misma existencia conducirá, más temprano que tarde, a la creación de nuevos “rodrigos buenos”. La política de la “solidaridad urbana” disimula las contradicciones actuales de la polarización social en la Ciudad, a costa de reproducirlas a una escala mayor en un futuro.

 

Nuestra política

 

Una política de arraigo de la clase trabajadora en la Ciudad sólo puede prosperar en forma antagónica al capital financiero e inmobiliario. Ello implica poner fin a la privatización del suelo y, en definitiva, sustraerle a ese capital la renta urbana -que emerge de la progresiva extensión de las ciudades y de las posibilidades constructivas de la propiedad horizontal- para convertirla en patrimonio social. En la Ciudad de Buenos Aires, ello implica: 1) la disolución de las corporaciones autárquicas, Puerto Madero, Buenos Aires Sur y la recientemente creada Agencia de Bienes; la anulación de las ventas y privatizaciones de tierras recientes y la conformación de un banco único de tierras públicas, para su puesta a disposición para proyectos de vivienda social, espacios verdes públicos, culturales, sanitarios y educativos; 2) la imposición de impuestos progresivos a la gran propiedad inmobiliaria, hasta la apropiación estatal de todas las rentas del suelo en función de una verdadera urbanización social; 3) la creación de una banca única, que destine los ahorros de la sociedad, entre otros objetivos, a resolver el déficit habitacional y las consecuencias del colapso urbano (inundaciones); 4) la urbanización real de las villas y asentamientos, a partir de un relevamiento de las necesidades de vivienda nueva y de un control de las nuevas construcciones por parte de delegados electos de los vecinos.

 

Al programa de los especuladores inmobiliarios -y sus laderos seudoprogresista- es necesario oponerle un planteo anticapitalista de transformación de la Ciudad.