El destape del video que compromete al exministro de Trabajo bonaerense, el macrista Marcelo Villegas, vuelve a dejar al descubierto la asidua colaboración entre el Estado y las patronales, para allanarle el camino a las reformas antiobreras. A su vez, estos hechos se inscriben en un reforzamiento de los vínculos del gobierno con la burocracia sindical en los preparativos de una entregada histórica ante el FMI y el capital financiero.

La enunciación de Villegas de todo un “plan” para enjuiciar y encarcelar al burócrata de la construcción platense hace más que sospechar de la tan mentada “independencia” de la Justicia. La reunión en cuestión se produjo a mediados del 2017, en una sede del Banco Provincia y contó con la presencia de diversos funcionarios públicos, entre ellos el intendente platense Julio Garro, tres miembros de la AFI y varios empresarios de la construcción, además de representantes de la UIA del Gran La Plata y de las Pymes.

El “Pata” Medina se vio envuelto en denuncias por asociación ilícita, coacción agravada y extorsión, motivo por el cual fue encarcelado por el juez Luis Armella y desde febrero de este año goza de prisión domiciliaria. Su detención fue utilizada por el macrismo como una bandera contra la “mafia sindical”: un operativo que por medio del enjuiciamiento parcial y testimonial de algún que otro burócrata buscaba liberar el camino de la reforma laboral reclamada por las patronales y derrotada con las jornadas del 14 y 18 de diciembre del 2017.

Las patronales de la construcción reclamaban el fin de los “sobreprecios”, de entre el 30 y 40%, que debían abonar en la ciudad de La Plata para cualquier emprendimiento inmobiliario y de construcción. Un manejo que la Uocra ha institucionalizado, en mayor y menor medida, en todo el país a cambio de la entrega de las condiciones laborales y el salario de los obreros de la construcción.

La aparición del video de Villegas y compañía entre el material en “desuso” de la AFI, en oportunidad de la realización de “tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos”, también llama la atención, partiendo del interrogante de cómo llegó una filmación interna del Banco provincia a manos de “los servicios”.

Los servicios de inteligencia de nuestro país, los cuales han mutado de sigla durante los últimos años, no son más que agencias oscuras a las órdenes del imperialismo y el establishment, cuya actividad está orientada a incidir en la política nacional en función de los intereses de uno u otro sector capitalista, con los “carpetazos” como uno de sus recursos predilectos.

La denuncia, ahora, de la AFI ante la Justicia contra la gestión macrista por la causa contra el “Pata” Medina sigue esta misma lógica de los servicios de inteligencia, “revalorizando” el vínculo con la burocracia sindical cuando el gobierno –y el capital internacional- más requiere de su colaboración para hacer pasar el acuerdo con el FMI y el ajuste: con Macri para hacer pasar la reforma laboral, con Alberto para hacer pasar el acuerdo antiobrero con el FMI.

El “Pata” Medina también acaba de realizar una presentación propia, y en esa línea se anotan Baradel y otros dirigentes de la burocracia sindical, e incluso de la CGT. Es decir, un frente de la burocracia sindical y la AFI-gobierno. El procedimiento en sí trae aparejado el planteo de impunidad para el propio Medina, tal cual se infiere de la doctrina del “fruto del árbol envenenado” (debido al cuestionamiento del procedimiento empleado), sin que acaso se reclame una investigación de los hechos denunciados, de los cuales los trabajadores son los principales damnificados.

Que de buenas intenciones no se trata lo revela el hecho de que ninguno de estos sectores tuvo tal intervención cuando bajo el gobierno kirchnerista se destapó el escándalo del espionaje de Proyecto X, a cargo de Gendarmería Nacional. Lo que más tarde eyectó a la ministra Nilda Garré y a su pretendida “Seguridad Democrática”.

Este capital político que ahora embiste contra el macrismo también fue el responsable de cubrir las huellas de la patota criminal que terminó con la vida de Mariano Ferreyra y que más tarde se esforzaría en cortar el hilo de las responsabilidades para salvar a los funcionarios kirchneristas implicados en el negocio de la tercerización y precarización laboral en el ferrocarril.

El caso de Villegas debe ser investigado a fondo por sus implicancias políticas y penales, partiendo del repudio a las manifestaciones vertidas acerca de crear una “Gestapo sindical”. Pero es solo la punta del iceberg de una práctica corriente y habitual que hace a la naturaleza de este régimen social capitalista: la existencia de servicios de inteligencia para conspirar contra el pueblo trabajador.

Estos servicios de inteligencia deben ser desmantelados por completo y deben investigarse a fondo las responsabilidades de los sucesivos gobiernos en el espionaje, infiltración y armado de causas contra los trabajadores, como ha ocurrido recientemente con la condena contra César Arakaki y Ruíz. Así como la responsabilidad de los dirigentes de la burocracia sindical entregadora en la comisión de diversos ilícitos que han sido el canal para la liquidación de las conquistas y derechos de los trabajadores. Ningún acuerdo con el FMI, ni reforma laboral ajustadora.

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