Varios intendentes del Conurbano y el interior bonaerense han dispuesto el cierre de los ingresos a sus municipios. Ezeiza, Almirante Brown, San Vicente, entre otros, han adoptado esa medida. A este “cierre de fronteras” municipales se suman los toques de queda en once distritos del interior de la provincia, donde se impusieron mayores restricciones a la circulación y recortes horarios en la atención de los comercios. 

Estas acciones de los jefes comunales han abierto una crisis con Kicillof y un debate sobre la constitucionalidad de las medidas, y se ha destacado que la Ley Orgánica de los municipios no prevé estas atribuciones a los ejecutivos municipales. La preocupación de la Gobernación se centra los “efectos secundarios” de estos bloqueos, que agravan la desorganización y los límites del Estado capitalista para enfrentar la pandemia.

Esta “feudalización” es un signo inequívoco de desintegración del poder estatal, justo cuando es más necesaria que nunca una centralización de todos los recursos para combatir la catástrofe sanitaria y alimentaria que provoca el crecimiento de infectados por el coronavirus. Las empresas alimenticias fueron las primeras en poner el grito en el cielo ante los bloqueos. Kiciloff advierte sobre los peligros de un desabastecimiento, pero nada dice las pingües ganancias que están embolsando las patronales que especulan con la pandemia cobrando sobreprecios. 

De conjunto, los bloqueos y la extensión de la cuarentena entran en contradicción con los intereses del capital, que presiona por ampliar las excepciones al aislamiento obligatorio y restablecer la libertad de circulación. De hecho, el “Quedate en casa” no corre para los trabajadores de un número muy amplio de empresas que son exceptuadas por el gobierno como rubros esenciales. Esta lógica capitalista, llevada hasta el extremo, plantea el levantamiento de la cuarentena en detrimento de la salud y la vida de la clase obrera, y por lo tanto decantaría en nuevos choques con las masas -como ya está ocurriendo en otros países.

Los enfrentamientos de Kicillof con el aparato pejotista no nacieron ahora, pero adquieren grandes proporciones a la luz de la gravísima situación de la provincia de Buenos Aires, que concentra junto a la Capital Federal el 70% de los infectados.

La  “desobediencia” de los intendentes recrudece así la lucha interna en el peronismo bonaerense. Los jefes comunales buscan imponer una relación directa con Alberto Fernández, puenteando al gobernador cristinista. El Presidente, por su lado, anunció el envío de una partida extraordinaria para los municipios, entre ellos a La Matanza que recibiría unos 15 millones de pesos. Otros giros se harían directamente vía gobierno nacional y el Ministerio de Desarrollo Social. Fernández explota la crisis para armar su propio tejido político y territorial en la provincia, en una versión devaluada de lo que hiciera en su momento Néstor Kirchner con los “mini gobernadores" del Conurbano. Es un intento bonapartista de cajas vacías (mientras siguen pagando la deuda) en plena crisis sanitaria, económica y social.

Mientras tanto la provincia es una bomba de tiempo. Según las estimaciones de los especialistas y de las autoridades sanitarias, Buenos Aires necesitaría sumar 18.000 camas de terapia intermedia e intensiva, un plantel mayor de médicos, una provisión de respiradores y recursos para dotar de elementos de protección a los trabajadores de la salud que están expuestos en la primera línea de combate al virus.

Con estas necesidades, la condicionalidad puesta por Kicillof a la misión voluntaria de médicos cubanos es una capitulación a la política internacional de Alberto Fernández, que privilegia su relación con Trump y el acuerdo con el FMI. El desarrollo de esta crisis va a agudizarse con el pico de la pandemia, que se espera para abril o mayo. Clarín pone en boca de funcionarios del gobierno la afirmación de que “el Conurbano puede ser el Wuhan de la Argentina”. Las condiciones habitacionales son alarmantes por el hacinamiento, falta de agua y servicios, y la dependencia de una masa sin trabajo que depende de los comedores barriales -a los que han dejado de llegar los alimentos. 

Que el sistema de salud es una bomba de tiempo fue reconocido antes de esta crisis por el propio Kicillof, que definió a la salud pública de la provincia como “tierra arrasada” por el estado de vaciamiento de los hospitales bonaerenses, pero ello no le impidió prorrogar el devaluado presupuesto ajustador de Vidal mientras pagó al contado 277 millones de dólares a los bonistas de la deuda usuraria.   

A medida que avanza la crisis sanitaria y alimentaria, Fernández y Kicillof temen por las reacciones y consecuencias sociales que pueda tener la continuidad de la cuarentena. Esta semana circuló la noticia, no desmentida, de un proyecto de Berni para armar “centros de infectados” en la provincia con intervención directa de la Policía Bonaerense. El gobierno agita la idea de una “irresponsabilidad ciudadana” para justificar un papel cada vez más preponderante a las fuerzas represivas en el escenario provincial y nacional. A eso apunta el “plan operacional” que dividiría a la provincia de Buenos Aires en tres zonas para la intervención de las Fuerzas Armadas, militarizando los barrios bajo la forma de distribución de asistencia social.

Existe una relación directa entre el endurecimiento de las medidas represivas y la incapacidad del régimen para revertir el derrumbe sanitario y la crisis alimenticia. El Partido Obrero defiende un programa de reivindicaciones de la clase obrera y de independencia política de las organizaciones populares, para que los trabajadores intervengan en la crisis. Al igual que en todo el país, en la provincia de Buenos Aires todo plan para combatir el virus debe partir el no pago de una deuda que asciende a 12.000 millones de dólares, para volcar todos los recursos a la “guerra contra la pandemia” y defender la salud y vida de los millones de trabajadores bonaerenses.