Interna criminal golpea a desocupados

La fulminante reacción del Bloque Piquetero Nacional y de Barrios de Pie (con delegaciones del Mijd) del lunes 26 de agosto, no fue sólo una gran acción de lucha contra el despojo a miles de beneficiarios de los planes trabajar. La medida, que cortó durante casi 6 horas el Puente Pueyrredón, Liniers, Puente Saavedra y Márquez y Panamericana, coordinada con el corte de Colón y General Paz, en Córdoba, desnudó una interna criminal que desprecia el hambre de no menos de 100.000 familias.

Efectivamente, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires han declarado oficialmente al Bloque que 32.000 beneficiarios fueron excluidos del plan de Jefes y Jefas sólo en esa provincia. A través de su secretario de Empleo informaron también que no habían sido incluidos unos 12.000 compañeros de las organizaciones que protagonizamos la histórica lucha del 26 de junio.

Esas familias son víctimas del clientelismo político; fueron excluidas de los negociados de los consejos consultivos y apartadas del «derecho universal» trucho de Duhalde para los jefes de hogar sin trabajo, con el argumento de que la inscripción se había cerrado el 17 de mayo.

Cuando menos, la interna criminal les ha comido un mes a todos estos compañeros del Bloque, Barrios de Pie, el Mijd y la Verón.

En Córdoba, la «interna» entre De la Sota y Kammerath y de ellos con Duhalde, dejó en el camino a 9.000 jefes de hogar y a muchos miles más no inscriptos, entre ellos los de las organizaciones piqueteras más combativas de la provincia.

En Salta, serían unos 10.000, y en otros casos, como Matanza, miles de beneficiarios aparecieron cobrando en Florencio Varela. De este modo habrían pagado las consecuencias de que Ballestrini apoye a Rodríguez Saá.

El régimen se encuentra desbordado por completo ante el hecho de que los anotados son más de dos millones, aun cuando se trata sólo de un tercio de los desocupados. Tampoco funciona el seguro laboral prometido por Camaño, según lo denuncia el renunciante Borrás, designado por Cáritas para el control nacional del sistema. Precisamente Clarín informó hace dos domingos de una interna feroz entre el gobierno, el ejército y la Iglesia.

El propio Consejo Consultivo Nacional «se quejó por el cierre de la inscripción, señalando que en provincias como Tierra del Fuego los anotados son sólo el 2,8%, en Chubut el 3,5% y en Mendoza el 3,9%» (La Nación, 29/8).

En conclusión, las internas criminales, el cierre de inscripción del 17 de mayo y el derrumbe administrativo son manifestaciones del fracaso del gobierno y de los planes de Jefes que debían ser financiados por las retenciones a las exportaciones y, en cambio, dependen de la emisión lisa y llana de Lecop, razón por la cual la política de Lavagna es bajar el número de beneficiarios con la excusa que fuere.

Otro fracaso del plan es la nula asimilación de Jefas y Jefes en empresas capitalistas. Las patronales no toman mano de obra ni siquiera subsidiada; la siguen expulsando porque no quieren registros en blanco que las obligarían a pagar cargas sociales.

Unicamente acabando con Duhalde y con este régimen abriremos una ruta para el conjunto de la clase obrera. Debatamos a fondo en nuestras asambleas el balance de nuestra lucha. Arranquemos comida para los comedores, arranquemos inscripción de compañeros en el plan Barrios de la provincia de Buenos Aires, arranquemos la inscripción de miles de compañeros de todo el país. Pero después hay que luchar para que cobren, hay que luchar para duplicar el aumento, hay que luchar por puestos de trabajo genuinos abriendo fábricas cerradas bajo control obrero, hay que luchar para acabar con los despidos, hay que luchar por el salario mínimo para toda la clase obrera. Cada paso tiene que reforzar la lucha para que se vayan todos.