Políticas
15/5/2024
Intiman a Pettovello para que explique qué hizo con la plata de los comedores populares
La Justicia investiga a los que se quedan con la comida de los pobres.
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Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue intimada para que en el plazo de 10 días hábiles rinda cuentas ante la Justicia por los recursos comprometidos para el funcionamiento de comedores populares y provisión de alimentos que no fueron entregados. En este cuadro, el gobierno refuerza su ataque contra las organizaciones piqueteras para “justificar” y tapar su política criminal y hambreadora.
La intimación de la Justicia se da en el marco de una denuncia penal del dirigente social Juan Grabois contra la ministra por incumplimiento de sus deberes como funcionaria, por los recortes en la entrega de alimentos y la no ejecución de recursos asignados a la asistencia social.
La primera respuesta de la cartera que conduce Pettovello fue señalar que las prestaciones alimentarias están “siendo ejecutadas” y “no han sido interrumpidas”, a lo que la fiscal Paloma Ochoa le solicitó que especifique las acciones “concretamente adoptadas (…) durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024 para garantizar específicamente el proceso de distribución de alimentos a comedores/merenderos”.
El revés judicial para el gobierno y su ministra se da (¿casualmente?) cuando algunos medios y el gobierno se valen de una decena de denuncias para judicializar y criminalizar la organización de los trabajadores desocupados al frente de los comedores populares que la ministra viene liquidando.
El gobierno está empeñado en crear su propio relato sobre las cosas para hacer pasar una política criminal contra los trabajadores, buscando responsabilizar a los trabajadores pobres de los recortes en políticas alimentarias y de salud, que tienen por propósito transferir esos fondos al capital financiero y el FMI.
Apremiado por las críticas desde diversos sectores, desde Capital Humano restituyeron parte de las provisiones de alimentos a las instituciones eclesiásticas, sosteniendo el recorte general sobre los comedores, incluso tras reconocer que según sus criterios más de la mitad de los comedores registrados se encontraban “en regla”, pasando de un total de 41.253 instituciones reconocidas a unas 1.900.
La causa mencionada también investiga lo obrado por el gobierno con los fondos provenientes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que implica la asignación de recursos directos que el gobierno cobró pero no entregó.
Ochoa requirió que la cartera de Pettovello “precise la cantidad y tipo de alimento entregado, el depósito de origen, la fecha de repartición y los comedores/merenderos receptores, acompañándose el respaldo documental de aquello que sea informado”.
El gobierno que acusa a los piqueteros con causas armadas, sin pruebas y con fundamentos endebles, es investigado por delitos graves como incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos derivados como abandono de persona y/o malversación de caudales públicos. Delitos que ya tienen sus consecuencias letales, con pacientes que no han recibido su medicación a tiempo.
Tras los allanamientos a decenas de militantes y activistas donde la Justicia solo dio con los efectos personales y ahorros de los mismos, lo correcto sería allanar las oficinas de Capital Humano para determinar dónde están los fondos designados y no enviados a las familias necesitadas.
Estamos ante un gobierno criminal que no solo hunde en la miseria a los más pobres sino que persigue a quienes alzan la voz contra esta política. Pettovello se tiene que ir, al igual que Javier Milei y su plan de ajuste contra los trabajadores, que será derrotado con la movilización obrera y popular.
