La Pampa Húmeda sufre “las peores inundaciones registradas a lo largo del siglo” (El Día, 10/11).

En el noroeste bonaerense, la zona más afectada, las inundaciones ya provocaron la pérdida de la cosecha fina y hacen prever la pérdida de una parte sustancial de la gruesa (los granos de mayor valor económico). La lechería y la ganadería, que ya se encontraban en una crisis aguda, están en situación terminal. En consecuencia, “los productores no tendrán ingresos el próximo año” (La Nación, 18/11), lo que provocará la quiebra de la cadena de pagos por un período prolongado en toda la región. La tierra no puede absorber más agua porque las napas subterráneas están completamente saturadas. Se calcula que estas tierras podrán ser puestas nuevamente en producción recién dentro de dos o tres años… si hasta entonces no se producen nuevas inundaciones.

Este desastre, que la burguesía mide en término de caída de “rindes” y de beneficios, sin embargo, apenas describe la realidad: no hay cifra que mida la situación de los trabajadores del campo y de las ciudades del interior bonaerense y del sur santafesino y cordobés. Esos centros urbanos, ubicados en un área de casi dos millones de hectáreas, comienzan a verse cercados por el agua; las napas están saturadas y el agua emerge de los jardines, de las plazas y de los terrenos baldíos. En Carlos Tejedor, donde como en la mayoría de las ciudades no hay redes cloacales, emergen aguas servidas. En el distrito de Pehuajó no hay un solo camino rural transitable. En la ciudad de General Villegas, “tapada por el agua … las calles son como ríos en los barrios El Ciclón, La Trocha y Hospital” (La Nación, 13/11). Aunque en los últimos días no ha llovido, las cosas no han mejorado; al contrario, “el desagote de las aguas –dice Ambito Financiero (17/11)– agrava la situación de los inundados”.

Incapacidad histórica

Las actuales inundaciones no son una “sorpresa”. Desde hace ya mucho tiempo, lo que se conoce como la “pampa arenosa”, que comprende un arco de 7 millones de hectáreas desde la cuenca del río Salado hasta las provincias de La Pampa, Córdoba y Santa Fe, viene sufriendo un ciclo constante de sequías e inundaciones, cada vez más graves. Florentino Ameghino, ¡ya en 1886!, había formulado un proyecto de obras hidráulicas para hacer frente a esta contingencia. ¡Nada de esto se ha construido en más de un siglo a pesar de que la región aporta el 30% de las exportaciones agropecuarias argentinas! Por eso, “entre 500.000 y 700.000 hectáreas se han convertido en lagunas semipermanentes en la zona fronteriza entre Buenos Aires y Córdoba, una de las más fértiles de la Pampa Húmeda” (Clarín, 11/11). Peor aún, a causa de las inundaciones, algunos distritos de la provincia de Buenos Aires están desde hace 17 años en “emergencia agropecuaria”.

El Estado no construye canales de desagüe o diques que permitan aprovechar el agua en tiempos de sequía. En Carlos Casares se ha denunciado que aunque “hace dos años se construyó el canal Mercante, que debería derivar el agua, nunca se le hizo mantenimiento” (La Nación, 16/11). Los que sí han construido canales, para salvar sus propios campos, son los grandes propietarios que con estas construcciones anárquicas, han agravado la situación de conjunto y, en particular, la de los pequeños propietarios.

Con la privatización de las rutas y de los ferrocarriles, se agravó el principal costo que enfrentó históricamente la producción nacional. Mientras la producción crecía, “resucitó”, como consecuencia de los peajes, la “red de caminos del siglo XIX” : las rutas y caminos a cargo del Estado dejaron de recibir mantenimiento, los pavimentos se destruyeron y los caminos de tierra se hicieron intransitables (Viva, 6/6/99). Mientras tanto, las rutas concesionadas, sin alcantarillas, “funcionan como una barrera que no permite que el agua corra” (ídem).

Las inundaciones son una prueba irrefutable de la histórica incapacidad de la burguesía argentina para superar el atraso nacional.

“Plan maestro”

Con el agua al cuello, Ruckauf anunció un “plan maestro integral” de obras de infraestructura en la cuenca del Salado, que incluye más de 2.200 kilómetros de canales, 188 puentes y una decena de defensas urbanas, a un costo de 1.830 millones de pesos. Su construcción llevaría por lo menos diez años. Rápidamente, la Legislatura bonaerense aprobó la ley que autoriza la expropiación de las tierras necesarias para estas obras en 58 partidos bonaerenses. Por ironía, la Legislatura calificó su proyecto como “urgente y necesario”, las mismas palabras que utilizó, hace más de un siglo, Ameghino para reclamar estas obras…

El mentado “plan maestro” de Ruckauf y la Alianza, sin embargo, no pasa de ser una declaración de intenciones; como reconoce La Nación (18/11), la ley votada en la Legislatura “no significa que las obras comiencen a corto plazo”. Ocurre que deben votarse leyes que establezcan la expropiación de las tierras y las partidas presupuestarias para esa expropiación. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, hay tierras que hace más de una década han sido declaradas “sujetas a expropiación” pero nunca han sido expropiadas efectivamente, porque las leyes que deberían establecer los fondos no salen.

El gobierno bonaerense, además, anunció que estas obras estarán incluidas en el “plan de infraestructura nacional” para el año próximo, el conocido “plan Gallo”, que se esfumó con el despido de su mentor del gabinete nacional. Ese plan está en el aire porque los fondos que inicialmente se destinarían fueron “desviados” por el último paquetazo oficial al sostén del valor de los títulos públicos.

En el mejor de los casos, el “plan maestro” no es más que una expresión de deseos cuya realización efectiva depende de la “buena voluntad” de la banca acreedora y de los usureros internacionales, que serán los que lo financien.

Junto al “plan maestro”, Ruckauf anunció la creación de un “fondo extraordinario de doce millones para productores afectados” (La Nación, 18/11). Como los fondos se repartirán en función de la capacidad de endeudamiento de cada productor, serán los grandes los que se llevarán la parte del león. El “salvataje” de Ruckauf, entonces, sólo servirá para acelerar la desaparición de los pequeños productores y para agudizar todavía más la concentración de la propiedad rural; “de acuerdo con una estadística de 1997, en la última década ha desaparecido el 32% de los pequeños productores rurales” (Ambito Financiero, 19/10). Este “fondo extraordinario”, claro, no destina un peso a la reconstrucción de las viviendas de los trabajadores inundados ni a pagar un subsidio a los trabajadores rurales que pierdan el empleo a causa de las inundaciones.

Por una salida de los trabajadores rurales y los pequeños productores

La actual calamidad no es responsabilidad de la “naturaleza” sino de la incapacidad histórica de la burguesía argentina para sacar al país del atraso. No será entonces la burguesía ni su Estado la que le dé una salida a la crisis actual.

Por asambleas populares y comités elegidos de trabajadores rurales, de trabajadores de las ciudades inundadas y de pequeños productores para imponer un plan de salvataje que movilice todos los recursos de la provincia, públicos y privados, para enfrentar las inundaciones.