Políticas

24/6/2026

CABA

Jorge Macri aplica la reforma laboral por decreto y atacando el derecho a la huelga

Apunta contra colectiveros, recolectores de residuos y trabajadores del subte.

Macri.

A partir del decreto 230/26 publicado el lunes pasado, el Gobierno de la Ciudad adhiere a la reforma laboral de Milei. Con el verso de la “esencialidad”, se elimina el derecho a la protesta obligando a garantizar en el marco de medidas de fuerza un funcionamiento mínimo del 50% de la actividad para subtes y colectivos, y del 75% para la recolección de residuos, lo que le quita cualquier poder de negociación a las medidas.

Además del interés por aparecer como más fachista que el facho Milei, Macri utiliza a los trabajadores como chivo expiatorio. Busca ocultar que las deficiencias del servicio son responsabilidad de su gestión y no tienen nada que ver con el derecho a la protesta, un bien escaso por la estrategia de las burocracias sindicales peronistas que prácticamente no ejercen apelando a una salida electoral para el 2027.

El curro de la recolección de residuos

La recolección de residuos en la Ciudad está en manos de empresas privadas, que vienen embolsando ganancias siderales gracias a Jorge Macri. Según la Auditoría General de la Ciudad, el presupuesto anual destinado al sistema de recolección de residuos aumentó un 32% respecto al año anterior. Además la AGCBA relevó errores en las imputaciones de gastos y certificados a las empresas de recolección por nada menos que 57 mil millones de pesos (Tiempo Argentino, 7/5). Macri inició el año reconociendo la deficiencia del servicio y amenazando con dejar de pagar a las empresas, una pose que duró poco. El reciente decreto demuestra que de fondo lo que importa es seguir defendiendo la ganancia capitalista.

El sindicato de Camioneros del cual dependen los tercerizados que realizan las tareas de recolección en la ciudad solo realizó 1 paro en lo que va del año en el marco del paro general de la CGT cuando se trataba la reforma laboral, hoy aprobada gracias a la entrega de la burocracia y el peronismo en el Congreso. Además vienen de firmar paritarias por debajo de la inflación. Más allá del ataque de Macri con la esencialidad, no hay novedades de acciones frente a la liquidación del convenio que se cocina con la reglamentación de la reforma laboral. La CGT y la CTA ya anunciaron que cualquier medida será sectorial lo que deja en una extrema debilidad a los recolectores.

Lo “trascendental” es defender el tarifazo 

A partir de julio, la tarifa mínima del viaje en colectivo va a costar $820 y en el caso del subte pasará a costar $1.622. En lo que va del año suma un aumento de casi un 40%. Los gobiernos que retiraron subsidios a las empresas de transporte las benefician permitiendo esas tarifas pero también atacando el derecho a la protesta de sus trabajadores. El decreto se da cuando crece la bronca por el retraso salarial y los despidos. La empresa “El Halcón”, que manejaba la línea 148, acaba de cerrar dejando a 500 trabajadores en la calle.

En el caso del subte, además del referido al salario, persiste el reclamo por la presencia del asbesto, un material cancerígeno que ya se llevó la vida de 6 trabajadores. Pasan los años y ni el gobierno ni las empresas se hacen cargo del problema. El anuncio del decreto 230 se da a dos meses de la denuncia penal por “asociación ilícita” contra 171 trabajadores y delegados de AGTSYP por ejercer su derecho a la protesta. Mientras todo esto sucede, los trabajadores del subte denuncian la intención de meter el banco de horas y de cerrar el premetro que conecta a los barrios del sur.

Gobiernan para los Roggio, luchemos por el derecho a la protesta

Benito Roggio no solo maneja la concesionaria Emova, encargada de operar y mantener la red de subtes y premetros; opera la empresa de recolección de residuos Cliba Buenos Aires, que tiene la concesión de la recolección en la comuna 2, 13 y 14. Por lo que es uno de los principales beneficiados si se logra la aplicación de este decreto. Aunque Macri tiene la iniciativa de ayudar a sus amigos y de paso coartar el derecho a la protesta en las áreas de mayor cuestionamiento bajo su gestión como es la limpieza urbana y el transporte público, si el decreto se efectúa en ellas luego buscará avanzar en otras áreas como la educación y la salud.

El decreto macrista, al igual que la reforma laboral nacional bajo la que se ampara, van en contra del derecho constitucional a la protesta. En todos los lugares debemos luchar contra su aplicación con asambleas y plan de lucha. No hay lugar para restringir y poner limites a las medidas de fuerza cuando crecen los despidos, se achican los salarios y se imponen ritmos más intensos en las jornadas.

Desde las bancas del Partido Obrero (Frente de Izquierda) en la Legislatura de la Ciudad, Vanina Biasi y Amanda Martin presentaron un proyecto para derogar el decreto 230/26 y que no se avance. El derecho a la protesta se defiende como se consiguió: con lucha y organización.

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