Los intendentes bonaerenses Jorge Macri (Vicente López) y Gustavo Posse (San Isidro) acaban de declarar esencial la educación en sus distritos con el propósito de forzar el retorno a clases presenciales por medio de la presentación de amparos en la Justicia. Una medida contra el conjunto de la población.

Nos encontramos ante un fracaso absoluto de los distintos gobiernos en materia educativa. Luego del fracaso de la tan mentada “continuidad pedagógica” y la denominada “revinculación” durante el año 2020, el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y en particular los intendentes Posse y Jorge Macri han sufrido una derrota ante el intento de imponer la presencialidad masiva en las escuelas.

El cumplimiento del protocolo: un relato ficcional

A partir del comienzo del dictado de clases presenciales la curva de contagiados de Covid-19 no ha parado de crecer, generando un pico de casos como nunca se había registrado desde el comienzo de la pandemia. Esto se suma al colapso de un sistema sanitario completamente desfinanciado y la improvisación de los gobiernos en lo que refiere a las medidas para evitar la propagación de virus.

En concreto, el protocolo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de su Plan Jurisdiccional, es inviable. Uno de los elementos más importantes que destacan estudios recientes refiere a la ventilación de los ambientes cerrados. Esta ventilación debe ser cruzada, continua y medida. En la mayoría de las escuelas esto no se cumple, ya que en el mejor de los casos las aulas cuentan con ventana al exterior, pero no se produce una entrada de aire externo de forma cruzada ni continua.

Frente a la presencialidad forzosa, en los distritos de San Isidro y Vicente López se han registrado una cantidad enorme de “burbujas aisladas” por contagios entre distintos miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y familias).

En paralelo a esto, en los últimos días ambos intendentes de estos municipios han dictado decretos que declaran a la educación como “servicio público esencial”.

Rechacemos los decretos y organicémonos por una salida de conjunto

Estas reglamentaciones plantean un profundo ataque al Estatuto Docente, al derecho a huelga que tenemos los trabajadores de la educación y un refuerzo irresponsable a la idea de darle continuidad a las clases presenciales sin importar las condiciones epidemiológicas, laborales y educativas. Debemos rechazar estos planteos y alarmar que su ejecución implicaría un grave retroceso en materia de derechos, ya que abre las puertas a que las instituciones municipales y, principalmente los colegios privados, dicten clases presenciales en un contexto alarmante en materia de salud.

El nivel de caradurismo de los mandatarios de estos municipios es altísimo. En el caso de San Isidro, Posse se ha encargado sistemáticamente de subejecutar su millonario Fondo Educativo. En Vicente López, todas las semanas llegan desde las escuelas noticias de graves recortes en el Servicio Alimentario Escolar, instituciones con obras suspendidas, como el caso de la Escuela Primaria N°6 que continúa con la promesa de un plan de obras, y la falta de gas y calefacción en la mayoría.

Las escuelas no están preparadas desde el punto de vista de la infraestructura para sostener la presencialidad masiva en el marco de la actual circulación comunitaria del virus.

Desde el primer día, la docencia junto a los Sutebas Multicolor, que vienen de protagonizar un enorme paro de 48 horas la semana pasada, pusieron de manifiesto la suspensión de las clases presenciales sin condiciones, el reclamo de los actos públicos virtuales para todos los cargos, la entrega de dispositivos por parte del Estado, conectividad gratuita y un salario de emergencia para los docentes desocupados frente a la crisis económica, social y educativa profundizada en el Presupuesto 2021. En materia de ajuste en educación no hay grieta, los salarios vienen perdiendo frente a la inflación desde el gobierno de Macri al de Fernández con la complicidad del Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fubd), con Baradel a la cabeza.

Luchemos en conjunto con las familias por una partida presupuestaria de emergencia para que llegue a las escuelas todo lo necesario, incluido un paquete de conectividad que pueda garantizar la educación de cada estudiante y el trabajo de las y los docentes. Por un plan de lucha nacional por nuestros reclamos, por nuestro salario y vacunas para todos.

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